Recientemente, la teórica política de Harvard, Danielle Allen, escribía en el Washington Post sobre “La expresión más importante en el juramento de fidelidadHe ”: “con libertad y justicia para todos”.
Allen reconocía que la justicia requiere “igualdad ante la ley” y que la libertad existe “solo cuando es para todos”. Pero confundía democracia (definida por los progresistas como “construir una mayoría distribuida por todo el país, como se necesita para la victoria en el colegio electoral”) con libertad, que es algo muy diferente. Igualmente, reemplazaba el significado tradicional de justicia (“dar a cada uno lo suyo”, según Cicerón) con una versión de “justicia social” incoherente con este. Y su dos ejemplos principales de derechos (“derechos” a la educación y la atención sanitaria) eran incoherentes tanto con la libertad para todos como con la justicia para todos.
Los estadounidenses no pueden tener al tiempo libertad y este tipo de justicia social, bajo cuya tutela se puede reclamar que se proporcione educación y atención sanitaria, por no mencionar alimento, vivienda, etc. Los derechos positivos a recibir esas cosas, en ausencia de una obligación de obtenerlos, debe violar la libertad de otros, porque un gobierno debe tomar recursos de los ciudadanos sin su consentimiento para financiarlos. Proporcionar esas prestaciones públicas a unos viola forzosamente los derechos de otros a sí mismos y a su propiedad.
La única justicia que puede ser “para todos” implica defender derechos negativos (prohibiciones frente a otros, especialmente el gobierno, para impedir intrusiones no deseadas), no derechos para que te den cosas. Además, solo esa justicia puede conciliarse con libertad “para todos”. Por eso los derechos negativos son los que pretendían proteger la Declaración de Independencia y la Constitución, especialmente la Declaración de Derechos. Pero estas libertades fundacionales continúan erosionándose por la continua búsqueda e invención de cada vez más derechos positivos.
Siguiendo a John Locke, la Declaración de Independencia afirma que todos tienen derechos inalienables, incluyendo la libertad, y que el propósito central del gobierno es defender esos derechos negativos. Todo ciudadano puede disfrutar de ellos sin infringir los derechos de otros, porque imponen a otros solo la obligación de no invadir o interferir. Pero cuando el gobierno crea nuevos derechos positivos (que requieren distraer recursos de otros) estos nuevos “derechos” violan los verdaderos derechos inalienables de otros. En otras palabras, la gente reconoce estos derechos positivos como un robo, salvo cuando lo lleva a cabo el gobierno.
Casi todos los derechos estadounidenses incluidos en la Constitución son protecciones contra el abuso del gobierno. El preámbulo deja eso claro, igual que la enumeración de los poderes limitados concedidos al gobierno federal. Esto se refuerza con descripciones explícitas de algunos poderes no otorgados, especialmente en la Declaración de Derechos, cuyos derechos negativos fueron calificados por el juez Hugo Black como los “no deberás”. Incluso el derecho positivo esencial de la Declaración de Derechos (a un juicio con jurado) existe en buena medida para defender los derechos negativos de los ciudadanos inocentes a no ser aplastados por el gobierno. Y las enmiendas novena y décima no dejan ninguna duda de que todos los derechos no delegados expresamente al gobierno federal (incluyendo la atención sanitaria y la educación) quedan en manos de los estados o del pueblo
La libertad significa que me gobierno a mí mismo, protegido por mis derechos negativos, y que los acuerdos voluntarios son los medios para resolver los conflictos. Por el contrario, asignar derechos positivos a otros significa que algún otro impone sus decisiones y los recursos tomados de mí. Pero como nadie tiene derecho a robarme, no pueden delegar ese derecho a que el gobierno me obligue a proporcionar recursos que desee dar a otros, ni siquiera por voto mayoritario. Para que nuestro gobierno se mantenga dentro de su autoridad delegada, reflejando el consentimiento de los gobernados expresado en “la ley principal del país”, solo puede aplicar derechos negativos.
Nuestro país se fundó sobre derechos inalienables, no derechos concedidos por Washington. Eso significa que el gobierno no tiene poder legítimo para eliminarlos. Sin embargo, como la gente descubre cada vez más cosas que quiere que paguen otros y se ha manipulado el lenguaje de los derechos para crear apoyo popular, nuestro gobierno ha ido aumentando la violación de derechos que tenía que defender. Y no hay manera de cuadrar esa “justicia social” coactiva con “libertad y justicia para todos”.
