Permítanme comenzar afirmando que reconozco las fronteras nacionales como perímetros arbitrarios trazados por y alrededor de los Estados-nación. No siento ningún amor por el Estado. De hecho, el Estado debería ser abolido. He declarado, en términos inequívocos, que el Estado es un parásito violento que no produce nada, salvo miseria. El Estado es una institución opresora que, entre otros crímenes legitimados, drena el capital del cuerpo social, extorsiona a los elementos productivos de la sociedad, interfiere en las transacciones mercantiles, distorsiona los mercados y participa en guerras para ampliar su base de poder y su control sobre la población nacional. Esta valoración es especialmente cierta en el caso de los Estados Unidos.
Pero creo en la sociedad. Y creo que la sociedad debe ser protegida del Estado y de todos aquellos cuyas acciones sean contrarias a ella. La verdadera oposición política y el antagonismo de clase es, y siempre ha sido, la sociedad contra el Estado, o el pueblo contra el Estado. El Estado es nuestro enemigo. Una vez comprendidas claramente estas líneas de batalla, podremos evaluar correctamente todos los fenómenos políticos, incluida la política de inmigración.
En lo que respecta a la inmigración, lo que estamos viviendo hoy en día —en EEUU y en Europa— es un trauma social inducido intencionadamente por el Estado, apoyado por las ONG y aprobado por la izquierda. El Estado se beneficia de una sociedad traumatizada, que se vuelve más indefensa en su oposición al poder del Estado. En lo que respecta a la inmigración inducida por el Estado, el trauma se experimenta en términos de robo a los contribuyentes; vaciado del erario; aumento de la delincuencia, la droga y el tráfico de seres humanos; y la inseguridad que todos estos elementos, combinados, producen en el orden social. La crisis de la inmigración no es el resultado de «la circulación sin restricciones de capital humano» a través de las fronteras, sino más bien un asalto inducido artificialmente al cuerpo social. El «mercado» de la inmigración está siendo dramáticamente distorsionado por la interferencia estatal y la incentivación financiera.
La financiación federal de la inmigración
En los EEUU, el gobierno federal oculta en gran medida la financiación que los contribuyentes hacen de la inmigración sin restricciones a través de ONG y otras organizaciones, que reciben decenas de miles de millones de dólares en subvenciones federales a través de varios departamentos federales, como el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Gran parte de esta financiación procede ostensiblemente de organizaciones religiosas y otras organizaciones «filantrópicas», lo que hace que la oposición a la financiación parezca antihumanitaria y odiosa. Sin embargo, la financiación procede en su mayor parte del gobierno federal, que la canaliza hacia las ONG. Esto significa que la financiación se ha extorsionado a los contribuyentes, que no sólo pagan la factura de la inmigración, sino que también sufren sus consecuencias. Se podría decir que este doble golpe golpea con más dureza a los más pobres de la sociedad. El Departamento de Seguridad Nacional debería pasar a llamarse Departamento de Inseguridad Nacional, ya que lo que produce principalmente es inseguridad.
Según Forbes, en 2022, la ONG Catholic Charities USA recibió 1.400 millones de dólares en ayudas gubernamentales, frente a 1.000 millones en donaciones privadas. Mientras tanto, News Nation Now informó de que el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados recibió más de 93,1 millones de dólares en subvenciones del gobierno de EEUU en su estado financiero de 2021, lo que hace que las subvenciones financiadas por los contribuyentes representen más del 80% de su apoyo total. En 2022, la ONG «judeo-americana» HIAS (originalmente la Sociedad Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes) recibió más de 23 millones de dólares del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, más de 59 millones de dólares del Departamento de Estado y más de 10 millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional. Al menos el 47% de los ingresos de HIAS procedían del gobierno federal en 2022, y el resto de empresas y otros donantes.
Las Naciones Unidas, a través de su Organización Internacional para las Migraciones (OIM), también distribuye ayudas sociales a los inmigrantes que llegan. La OIM reparte tarjetas de débito y pagos en efectivo a los posibles inmigrantes que llegan, sobre todo en la frontera. Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos es el mayor donante de la ONU, con una contribución, según el Consejo de Relaciones Exteriores, del 22% de su presupuesto anual, lo que significa que una parte significativa de su presupuesto procede de los contribuyentes de EEUU. La contribución de la ONU a los inmigrantes latinoamericanos en EEUU queda confirmada por un documento de la ONU titulado «Plan Regional de Respuesta a Refugiados e Inmigrantes». El plan actualizado muestra cientos de millones de dólares destinados a los inmigrantes entrantes por origen nacional, por un total de 1.600 millones de dólares para diecisiete países latinoamericanos. Esto significa que los contribuyentes de EEUU habrán aportado al menos 352 millones de dólares anuales a los planes de la OIM de la ONU. En total, se calcula que en 2024 se habrán destinado 1.600 millones de dólares a más de treinta organizaciones «confesionales» sin ánimo de lucro y ONG colaboradoras de la ONU, gran parte de ellos procedentes de agencias del gobierno federal de EEUU, como la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado y la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional. El dinero se reparte entre los migrantes e inmigrantes que llegan para tarjetas de débito, alimentos, ropa, tratamiento médico y transporte.
Conclusión
Los verdaderos libertarios saben que no es «humanitario» robar a un conjunto de personas para beneficiar a otro conjunto de personas, independientemente de la supuesta intención. La extorsión de los contribuyentes de EEUU para beneficiar a inmigrantes entrantes o residentes, sean éstos refugiados legítimos o no, sigue siendo extorsión. La caridad legítima es harina de otro costal, aunque la «caridad» que ejerce presión sobre los servicios públicos pagados por otros tampoco es caridad. Si las «organizaciones benéficas» y las ONG desean demostrar su nobleza obliga, no deberían hacerlo con el dinero y los recursos de otras personas, y menos aún con el dinero de los contribuyentes de EEUU.
