Elizabeth Warren ha hecho de la defensa de la competencia un importante tema de política pública en su campaña para la nominación presidencial demócrata. Ella ha argumentado que varias compañías de alta tecnología como Amazon, Google y Facebook son demasiado grandes y que deberían ser disueltas por el Departamento de Justicia en una importante iniciativa antimonopolio.
Seamos claros. El uso de la regulación antimonopolio para desmantelar grandes empresas es una pesadilla para las libertades económicas y civiles. Quienes defienden estas políticas son siempre víctimas de lo que Friedrich Hayek denominó la «fatal arrogancia», es decir, la suposición de que los reguladores (y los cortes) de alguna manera saben mejor que los participantes del mercado cómo deben producirse y venderse los bienes y servicios.
Dicho esto, con el fin de obtener alguna perspectiva sobre las propuestas de Elizabeth Warren para la desinversión, examinemos brevemente las dos rupturas corporativas más importantes en la historia de la antimonopolio: Standard Oil of New Jersey y AT&T.
La Standard Oil Company se estructuró como una compañía holding («trust») cuando fue procesada por violar la Ley antimonopolio de Sherman en 1906. Standard tenía una participación de control en docenas de compañías subsidiarias que producían y vendían productos de petróleo en los Estados Unidos. Cuando perdieron su caso antimonopolio en 1911, la Corte Suprema esencialmente disolvió una buena parte de la compañía holding e instruyó a varias de las compañías petroleras operativas (como Chevron y Standard of Indiana) para que operaran independientemente de la empresa matriz. El argumento era que esta reestructuración del mercado ayudaría a restaurar cierta rivalidad con la industria petrolera. Sin embargo, la antigua Standard Oil ya tenía competencia de varios grandes rivales como Texaco, Atlantic Refining y Gulf, por lo que todavía no está claro si la desinversión en sí misma mejoró realmente las condiciones económicas para los consumidores.
Elizabeth Warren quiere separar a Google, Amazon y Facebook, pero debe darse cuenta de que estas compañías, a diferencia de Standard Oil, NO tienen subsidiarias autónomas en áreas de negocio similares. Por ejemplo, no existen empresas independientes de motores de búsqueda «dentro» de Google que puedan competir directamente con la plataforma original de Google; la misma observación y argumento se aplica también a Amazon y Facebook. Por lo tanto, la disolución de estas empresas no cambia en sí misma el panorama competitivo en favor de los consumidores. La regulación antimonopolio tendría que ir mucho más allá de una simple ruptura para lograr el grueso de los objetivos de Warren. Más información al respecto a continuación.
La ruptura de AT&T (1982) es aún más curiosa. En este caso, el Departamento de Justicia sancionó la venta de las compañías telefónicas regionales (las llamadas «baby bells») de AT&T, la empresa matriz del holding (que también era propietaria de otras compañías como Western Electric y Bell Labs). Pero esta desinversión NO creó inmediatamente ninguna nueva competencia, ya que las propias compañías telefónicas locales eran monopolios legales, protegidos de la competencia directa (y de los precios regulados) por los estados. La competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones tendría que esperar a que se suavizaran las restricciones de la FCC a la entrada en el servicio de larga distancia y a que se generalizara la adopción de la tecnología de la telefonía móvil. Así pues, ni siquiera en este caso la desinversión por sí sola era suficiente para restablecer un proceso de mercado competitivo.
Elizabeth Warren ha sostenido que Amazon, Facebook y Google son demasiado grandes, pero demasiado grandes para quién? Ella debe saber que simplemente ser «demasiado grande» no es una violación de la ley antimonopolio. De hecho, la misión tradicional de la defensa de la competencia es proteger a los consumidores de los altos precios y las prácticas anticompetitivas establecidas a través de la «conspiración» o del ejercicio del «poder de monopolio» en algunos mercados relevantes. Sin embargo, Facebook, Amazon y Google no cobran precios altos; de hecho, no cobran NINGÚN precio explícito en absoluto, sino que aseguran la mayor parte de sus ingresos a través de la publicidad. E incluso si se determina que algunas de sus prácticas económicas o de privacidad son cuestionables en algún momento, eso por sí solo no justificaría ninguna desinversión legal.
El hecho es que todas estas empresas tienen éxito porque los consumidores utilizan sus servicios libre y repetidamente. Todas ellas compiten en mercados legalmente abiertos en los que otras empresas tienen libertad para reunir capital y ofrecer alternativas. Los consumidores descontentos que deciden no utilizar los servicios gratuitos de Amazon o Google pueden hacer clic con el ratón en otros motores de búsqueda (Bing en el caso de Google) y en varios otros minoristas en línea en el caso de Amazon. Y, por supuesto, nadie está obligado a participar en el universo de Facebook en absoluto (tu autor no lo hace) y siempre es posible optar por no participar (si estás dentro). Así pues, desde una perspectiva estricta de precio y elección, sería difícil presentar un argumento convincente de que la desinversión está justificada o produciría los resultados previstos.
Debe quedar claro que la desinversión por sí sola no es una condición suficiente para alterar el panorama competitivo en estas tres industrias de alta tecnología. Incluso más allá de la desinversión, los progresistas han sugerido que las autoridades de defensa de la competencia y los tribunales podrían exigir que estas empresas dominantes crearan una empresa rival y luego la separaran. Alternativamente, los reguladores podrían ordenar a estas empresas que concedan licencias de sus patentes y de su importante tecnología de plataforma a cualquier nueva empresa o a un competidor más pequeño a fin de promover nuevos competidores. De hecho, Warren ha argumentado que deberíamos ver y regular a estas empresas como si fueran empresas de servicios públicos, por lo que estas propuestas de concesión de licencias y de «tecnología de uso compartido obligatorio» son totalmente coherentes con esa perspectiva.
Los rompe-confianzas y los tribunales hicieron algo de esto, aunque no lo crean, en varios casos antiguos de defensa de la competencia, entre ellos el infame United Shoe Machinery Case, decidido en 1953 y 1954. Pero muy pocos expertos en antimonopolio están de acuerdo en que United Shoe Machinery fue decidida de manera inteligente o que la compartición forzada de patentes y tecnología promueve el bienestar económico general a largo plazo.
El antimonopolio tiene un pasado muy accidentado y quienes defienden su uso harían bien en estudiar su historia más de cerca. Después de todo, no hay casi ningún problema económico, real o imaginario, que no pueda empeorar a causa de una regulación gubernamental inadecuada. La legislación antimonopolio no es una excepción.
