La prestación de asistencia de salud privada en Canadá está supeditada a la capacidad de los agentes privados para satisfacer todas las condiciones incluidas en la legislación gubernamental. Sin embargo, la severidad de estas condiciones significa que la mayoría de los aspectos de la asistencia de salud privada están esencialmente prohibidos, como lo han estado durante muchas décadas.
Tal vez eso no importaría si el gobierno cumpliera la promesa que hizo a los canadienses cuando impuso arbitrariamente la asistencia de salud universal (Medicare) en el país. El gobierno prometió «asegurarse de que la gente pudiera recibir asistencia cuando la necesitara sin tener en cuenta otras consideraciones» (el subrayado es nuestro).
El Gobierno incumple esta promesa a diario. En la actualidad, hay aproximadamente 1,2 millones de canadienses atrapados en una lista de espera del gobierno para recibir la atención de salud que necesitan. Para muchos de ellos es una sentencia de muerte, como lo ha sido para miles de pacientes que les han precedido.
Los políticos son culpables de actos delictivos
Cuando el fracaso de Medicare se hizo innegable hace muchas décadas, el gobierno debería haber derogado la legislación porque era obvio que nunca podrían cumplir su promesa. Sin embargo, no derogaron la legislación. Continuaron con la farsa. El gobierno federal sigue insistiendo en que su principal objetivo es «proteger, promover y restablecer el bienestar físico y mental de los residentes en Canadá y facilitar un acceso razonable a los servicios sanitarios sin barreras financieras o de otro tipo» (énfasis añadido).
No se puede considerar que los pacientes que soportan un sufrimiento considerable mientras languidecen en una lista de espera —donde muchos de ellos mueren— hayan tenido un acceso razonable a los servicios sanitarios en el sistema gubernamental de Medicare. El gobierno también les impide tener un acceso razonable a una opción de asistencia de salud privada.
Así pues, el acceso razonable es un engaño obvio, cuyos beneficios van a parar a políticos, burócratas y administradores muy bien pagados y ávidos de poder que quieren mantener el control sobre burocracias sanitarias masivas e ineficaces a nivel federal y provincial. Este comportamiento engañoso se ajusta a la definición de fraude y debe ser perseguido como tal.
Miles de canadienses mueren mientras esperan la atención que el gobierno prometió prestarles cuando la necesitaban. Eso ya es malo, pero debido a la prohibición de la sanidad privada, los políticos han impedido que estos pacientes salven su propia vida. Eso es un delito penal. El artículo 262 del Código Penal canadiense reza así:
262 Será culpable de un delito grave y podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta diez años, o será culpable de un delito punible en juicio sumario, quien
(a) impida o dificulte o intente impedir o dificultar a cualquier persona que esté intentando salvar su propia vida, o
(b) sin causa razonable impida u obstaculice o intente impedir u obstaculizar a cualquier persona que esté intentando salvar la vida de otra persona.
El artículo 262 (a) debe aplicarse cuando se impide a un paciente salvar su propia vida porque la sanidad privada está prohibida.
El artículo 262 (b) debe aplicarse cuando se impide a un médico privado salvar la vida de otra persona porque la asistencia de salud privada está prohibida.
Todos los políticos, pasados y presentes, que han apoyado la legislación de Medicare deberían ser procesados por fraude. Del mismo modo, los que han apoyado la supresión de la sanidad privada deben ser procesados en virtud del artículo 262. En ambos casos, los políticos también deben ser objeto de acciones civiles. En ambos casos, los políticos también deberían ser objeto de acciones civiles. Por desgracia, nada de esto ocurrirá porque, en una democracia, los políticos no se rigen por las mismas leyes que el resto de la población.
Los políticos son legalmente intocables
Si los políticos fueran personalmente responsables de los daños que causan, ¿adivinen qué? ¡No causarían ningún daño! Sin embargo, no podemos exigirles responsabilidades personales porque la igualdad ante la ley no existe en una democracia.
En el sector privado, uno es responsable de sus actos. Si rompes la ventana de tu vecino, pagas por cambiarla. Si eres político y rompes la ventana en el ejercicio de tus funciones oficiales, puedes cargar el coste de la nueva ventana a los contribuyentes. Además, en una democracia, los contribuyentes no tienen ningún control sobre las acciones políticas, como nos han advertido dos profesores de los EEUU:
El punto central que se desprende de nuestra investigación es que las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses empresariales tienen un impacto independiente sustancial en la política gubernamental de EEUU, mientras que los grupos de interés de masas y los ciudadanos medios tienen poca o ninguna influencia independiente. . . . Las principales predicciones de las teorías puras de la Democracia Electoral Mayoritaria pueden rechazarse de forma decisiva. Los ciudadanos de a pie no sólo no tienen un poder sustancial único sobre las decisiones políticas, sino que tienen poca o ninguna influencia independiente en la política.
Los políticos dicen que la sociedad sólo puede crecer y prosperar si los políticos hacen leyes que les otorguen inmunidad legal por las acciones que emprendan en el desempeño de sus funciones públicas. Eso es lo que hacen, y eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. La falta de responsabilidad es un síntoma de la democracia. Fomenta las malas decisiones dentro de la clase política. Fomenta la ineficacia, como vemos con el continuo deterioro de Medicare.
Cuando los ciudadanos exigen un mejor servicio, los políticos responden diciendo: «De acuerdo, pero eso significa que tenemos que tomar más de su dinero». Así que se suben los impuestos, se contratan más burócratas y administradores, y las ineficaces burocracias de la sanidad que políticos y burócratas consideran sus feudos personales crecen cada vez más. Por eso la sanidad es la partida más importante de muchos presupuestos provinciales. Como escribió Bruce L. Benson
El hecho de que la ley gubernamental se haya impuesto tanto como lo ha hecho no es un reflejo de la eficacia superior del gobierno representativo a la hora de elaborar o aplicar leyes que faciliten la interacción. Es, más bien, un reflejo del propósito general del gobierno de transferir riqueza a aquellos con poder político.
El objetivo expreso de los funcionarios del gobierno en una democracia representativa puede no ser la acumulación y centralización del poder, pero es una consecuencia necesaria del proceso tal y como ha evolucionado dentro de las instituciones desarrolladas por los reyes medievales. Tanto si el gobierno que produce la ley es un rey totalitario como si es una democracia representativa, el poder está centralizado y se utiliza la coerción para imponer al resto de la población normas beneficiosas para algunos. El gobierno sigue siendo un mecanismo de transferencia de riqueza.
Los medios de comunicación tradicionales repiten como loros el mantra de la sanidad pública, que demoniza a las empresas privadas que pretenden lucrarse con la prestación de servicios sanitarios. Sin embargo, los mismos medios guardan silencio sobre los políticos, burócratas y administradores que se han beneficiado enormemente del monopolio de una industria que les permite determinar sus propios salarios, lo que ha dado lugar a largas listas de espera, miles de muertes evitables, un excedente de burócratas y administradores muy bien pagados, y una escasez de las cosas que realmente importan, como médicos, enfermeras, habitaciones de hospital, equipos médicos, medicamentos que salvan vidas, etc.
Esta propaganda del gobierno y los medios de comunicación es cada vez menos eficaz debido al actual colapso de Medicare. La mayoría de los canadienses encuestados están ahora a favor de la sanidad privada para quienes puedan permitírsela. Cuando eso ocurra, los canadienses descubrirán la superioridad de la sanidad privada, cuya plena responsabilidad la hace mucho más eficiente y rentable, y mucho menos letal, en comparación con la estafa de Medicare del gobierno, que fue regalada a los canadienses bajo la apariencia de democracia.
