En una entrega anterior, señalé que en Sobre la libertad, John Stuart Mill abogaba por que la opinión de las minorías fuera especialmente «alentada y tolerada»1 y, por tanto, que Mill no era un pensador absoluto del mercado libre en lo que respecta a la opinión. Mill sugirió que la opinión de las minorías no sólo debe ser tolerada, sino que requiere un estímulo especial para ser escuchada. Este estímulo especial equivaldría a la subvención de la opinión, muy probablemente por parte del Estado. Así, Mill no defendía un «mercado de ideas» libre y justo.
Cabe señalar aquí que «el mercado de las ideas» no es sólo una analogía, en la que las mercancías son a los mercados lo que las ideas son a la plaza pública. La plaza pública también es mercado por derecho propio, y no sólo se asocia metafóricamente con el mercado. La expresión «el mercado de las ideas» oscurece un poco, en lugar de aclarar, la situación de la opinión.
Además, argumenté que la defensa de Mill del tratamiento especial de la opinión de las minorías no resuelve el problema de la «tiranía social», que Mill sugirió que es «más formidable que muchas clases de opresión política».2 Más bien, cuando la opinión de las minorías se impone a la mayoría mediante sanciones o subsidios especiales, la «tiranía social» aumenta en realidad, en lugar de disminuir. En la medida en que la mayoría se somete involuntariamente a la opinión de la minoría, la mayoría es tiranizada.
Este argumento suscita la pregunta: ¿Qué pasa con la opinión de las minorías? Después de todo, la mera mención de la opinión de las minorías invoca a las propias minorías. ¿No requieren las opiniones de las minorías un estímulo especial, sanciones especiales, especialmente cuando dichas opiniones tienen que ver con un trato justo e igualitario de las propias minorías? ¿Un mercado libre de opiniones, o un mercado de ideas sin restricciones, no ahoga o suprime las opiniones de las minorías? ¿No serviría un mercado libre de opinión para perpetuar la discriminación, la falta de reconocimiento o el trato injusto? ¿No es necesario que el Estado rectifique la situación mediante subvenciones especiales a la opinión?
Dejando de lado la expresión no remunerada de la opinión —es decir, la opinión expresada de forma casual o incluso en manifestaciones públicas—, la cuestión es si en el mercado real de las ideas son necesarias las subvenciones estatales para que las opiniones de las minorías tengan una audiencia justa.
La pregunta implica que los agentes estatales están especialmente cualificados o motivados para subvencionar la opinión de las minorías con el fin de rectificar el trato injusto que reciben, es decir, que el Estado es la entidad más cualificada para intervenir en la opinión para favorecer a las minorías. Pero es fácil demostrar que el mercado ofrece más incentivos para defender el trato justo de las minorías que el Estado. Los mercados fomentan la igualdad jurídica entre compradores y vendedores. El Estado, por su parte, no tiene el monopolio de la igualdad de trato, por no decir otra cosa. Al contrario, los Estados tienen más incentivos para discriminar a determinados grupos, ya que las prerrogativas del Estado suelen depender de la discriminación. Pensemos en el trato que recibieron los japoneses y los alemanes en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, o en el trato que recibieron los habitantes de Oriente Medio después del 11 de septiembre. (Obsérvese cómo la discriminación contra los habitantes de Oriente Medio se transformó en la consternación por la «islamofobia» cuando las prerrogativas del Estado pasaron de la «guerra contra el terror» bajo el mandato de George W. Bush a la incorporación de los inmigrantes islámicos al electorado bajo Barack Obama).
Por lo tanto, debemos ser bastante escépticos cuando los estados imponen la opinión de las minorías a la mayoría mediante programas especiales en las escuelas y en otros lugares. Es probable que tales programas impliquen una «discriminación positiva» contra determinados grupos, en consonancia con los objetivos del Estado.
De hecho, la discriminación es precisamente lo que implica la enseñanza de la teoría racial crítica en las escuelas, el ejército, las agencias de inteligencia y en otras agencias gubernamentales hoy en día. La teoría racial crítica es una opinión minoritaria con la que ni siquiera la mayoría de los negros están de acuerdo. Se está imponiendo a la mayoría para establecer la discriminación contra los «blancos», con el fin de destruir un contingente político que se considera hostil al Estado dirigido por el Partido Demócrata. Es un medio para marginar a los elementos de la oposición y conducir a otros a las filas de votantes del Partido Demócrata por medio de la ideología. La imposición estatal de la opinión de las minorías no sirve a las minorías.
