Si algo nos han enseñado los interminables confinamientos es que a los canadienses les ENCANTA beber. Esto ha quedado especialmente claro durante la pandemia. Desgraciadamente, los residentes de Ontario ven obstaculizada su afición a la bebida por la Junta de Control de Licores de Ontario (LCBO por sus siglas en inglés). La LCBO es una reliquia de una época pasada de prohibición. Como toda entidad controlada por el gobierno, la LCBO es una pesadilla para los consumidores y productores: utiliza la burocracia y el papeleo para destruir los mecanismos del mercado y es suficiente para llevar a cualquier persona a la bebida. En lugar de actuar como distribuidor para que las cervecerías, destilerías y viñedos lleven sus productos al mercado, la LCBO participa en la fijación de precios que limita la competencia y pone a las pequeñas empresas en desventaja frente a las grandes corporaciones.
El problema más evidente de la LCBO es que cuando un productor quiere vender su producto, la LCBO fija el precio. Ese es el precio mínimo de venta en cualquier lugar de Ontario, ya sea en un restaurante, una cervecería, una tienda de comestibles o cualquier otro lugar donde se pueda comprar alcohol. Por lo general, este precio es superior al que el productor vendía inicialmente el producto, lo que aleja a los consumidores potenciales del mercado. Esta fijación de precios también significa que los productores no pueden rebajar o poner a la venta sus productos distribuidos por la LCBO. Por otro lado, la LCBO puede hacer descuentos en los productos alcohólicos que vende, restando ventas a los comercios locales. Por supuesto, las empresas gigantes no sienten la presión de las ventas de la corporación de la corona, pero la pérdida de ingresos afecta gravemente a las microdestilerías y similares.
La LCBO también impide la venta al por mayor de alcohol a los restaurantes, vendiéndoles a los mismos precios que los consumidores habituales pagan por el mismo producto. Por eso el alcohol es siempre mucho más caro en los restaurantes que en la LCBO; los restaurantes no tienen margen para subir los precios sin que sean desorbitados. A principios de este año, la provincia intentó asociarse con el servicio canadiense de reparto de comida SkiptheDishes para entregar alcohol a los ontenses. Cuando se conoció la noticia, los propietarios de restaurantes se pusieron furiosos, ya que la LCBO podía cobrar menos por el alcohol al no tener que competir con el precio mínimo. Una empresa estatal nunca debería estar en condiciones de superar a las empresas privadas cuando el Estado sesga las normas en su beneficio.
En mayo de este año, David Clement sugirió en el Financial Post que el gobierno provincial siguiera el ejemplo de Alberta con un sistema híbrido. En el modelo de Alberta, los minoristas privados venden al público mientras el Estado mantiene el monopolio de la venta al por mayor, aunque a niveles de mercado competitivos. Sostiene que Ontario podría pagar una gran parte de su deuda covid-19 deteniendo la nueva expansión y permitiendo una mayor competencia privada en la venta de alcohol mediante la eliminación de las regulaciones. Clement analiza cómo el aumento de las ventas privadas crearía más ingresos fiscales para Alberta, por lo que seguiría proporcionando al gobierno unos ingresos constantes. Aunque Clement tiene razón al afirmar que una mayor privatización es mejor que el modelo actual, dejar cualquier negocio en manos del Estado seguiría provocando una mala inversión y una distorsión de los valores reales del mercado. Las entidades gubernamentales no tienen ningún incentivo para obtener beneficios y compiten de forma desleal) con las empresas privadas más pequeñas que intentan sobrevivir, como demuestra el ejemplo de Ontario. Aunque esto enfurezca a los sindicatos, la mejor opción para Ontario es vender todos los activos de la LCBO a varias empresas y permitir un mercado minorista de bebidas alcohólicas totalmente privado.
La mejor manera de ayudar tanto a las empresas como a los consumidores es reducir la normativa y la burocracia en torno a la LCBO y buscar una solución privada para el alcohol. Hay que eliminar la normativa de fijación de precios y permitir la venta privada al por mayor de alcohol a restaurantes y otros locales. No necesitamos que el gobierno de Ontario dicte la forma en que los adultos consumen alcohol, así que abandonemos el aparato de la era de la prohibición que nos está frenando. El aparato del Estado niñera está anticuado y fuera de lugar. Hay que brindar por un mercado verdaderamente libre en la distribución de alcohol.
