Durante los últimos dieciséis meses, los titulares se han difundido a través de nuestras televisiones advirtiéndonos de que los ancianos y las poblaciones vulnerables son los que más riesgo corren de contraer este virus COVID-19, que pone en peligro su vida, si no detenemos su propagación. A pesar de las medidas preventivas, las residencias de larga duración han sido las más afectadas por la pandemia. En Ontario, de las aproximadamente nueve mil muertes en la provincia, el 41% se produjeron en estos hogares. La respuesta pública a esta tragedia se ha convertido en un clamor creciente para «nacionalizar» o, mejor dicho, para que la provincia haga que todas las residencias sean financiadas y controladas públicamente. Lo peor de este grito de guerra, por muy noble que sea, es la suposición de que las residencias para enfermos terminales son privadas, para empezar. En realidad, lo único «privado» de las residencias de larga duración es su nombre. Estas residencias están financiadas casi en su totalidad por la provincia, y el resto del coste está muy regulado. Condenadas desde el principio, no es de extrañar que estas instituciones se derrumben a la menor presión externa.
Cuando se dice que un negocio es privado, se evocan imágenes de libre empresa y espíritu empresarial. Aunque esa no sea la primera imagen que nos viene a la mente, es probable que imaginemos que el consumidor, o en este caso, el paciente, paga por los servicios. El desafortunado efecto secundario es que la gente también piensa: «El codicioso capitalista mató a mi abuela». Los que piensan así son los que desean galopar por la senda de la propiedad pública total. Aunque se puede entender el sentimiento, la base de este clamor es, en el mejor de los casos, defectuosa.
En el presupuesto de abril de 2020, el gobierno de Ontario gastó 5.760 millones de dólares en residencias para enfermos terminales. Esta atroz suma de dinero se destina a todo el personal médico y a los suministros, a los programas de ocio, a los servicios de apoyo e incluso a la compra de alimentos para el hogar. El precio que se cobra a los residentes es efectivamente una cuota de administración y cubre también al personal de apoyo no médico. El inconveniente de este coste es que la provincia establece unos niveles máximos para estas tarifas, regulando esencialmente los extras que las residencias pueden y no pueden pagar. Como máximo, las residencias de larga duración pueden cobrar ochenta y ocho dólares al día por una habitación privada de larga duración. Debería ser evidente que, aunque las residencias de larga duración son propiedad de entidades privadas, no son privadas en el sentido económico, ya que el gobierno paga la mayor parte de la cuenta y regula el resto.
El Nuevo Partido Democrático (NDP) de Ontario ha elaborado un plan para acabar con la atención de salud con ánimo de lucro. Sin embargo, tienen que preguntarse: «Si el gobierno ya está pagando toda la atención médica y controlando el resto del sistema, ¿cómo va a mejorar esto un mayor control gubernamental?». Aunque la respuesta es que ninguna intervención adicional podría mejorarlo, y lo mejor es examinar por qué.
Como toda planificación central, el plan del NDP y la atención de salud pública en general se enfrentan al problema del cálculo económico y del conocimiento que pende sobre ellos como la espada de Damocles. Los problemas que vemos en las residencias de larga duración, como la falta de camas, las largas listas de espera, la escasez de enfermeras y la mala atención al paciente en general, son exactamente los mismos problemas que afectan al resto de la atención de salud pública de Ontario y Canadá. En Ontario, el tiempo de espera desde la visita inicial al médico hasta el tratamiento es de aproximadamente 17,4 semanas, lo que también resulta ser el tiempo de espera más corto de Canadá. Si se tiene en cuenta que Canadá tiene los peores tiempos de espera de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la situación es grave. Además, es importante señalar que Canadá es el único país de la OCDE con un sistema de atención de salud 100% público. Como el gobierno no tiene competencia, no hay señales de precios en el mercado. Sin estas señales, no puede producirse ningún cálculo económico y, por lo tanto, nunca podrá alcanzarse un nivel óptimo. Si el objetivo es mejorar las residencias de ancianos, ¿por qué entregar el sistema a un gobierno que claramente no puede gestionar el sector de atención de salud que ya controla? Si el control 100% público no funciona en la atención de salud primaria, ¿cómo podría mejorar los estándares de las residencias de ancianos? Andrea Horvath, líder del NDP de Ontario, y el resto del partido no tienen respuestas a estas preguntas en su plan y probablemente nunca las tendrán.
Sabemos que el control de los alquileres y las subvenciones distorsionan el equilibrio para mal, reduciendo el bienestar general e inevitablemente perjudicando a más personas de las que ayuda. Esto es, en efecto, lo que el gobierno está haciendo con las viviendas para enfermos terminales. Hay un mercado enorme de viviendas seguras y asequibles para enfermos terminales; aumentemos la inversión y la competencia, y por tanto la disponibilidad. Dudo mucho que algún político desarrolle un plan que suponga una mejora de la atención de salud. La mejor manera de mejorar las residencias de larga duración es que el gobierno deje de planificar, deje de pagar y deje de interferir. La triste realidad es que ningún político sacrificaría sus votos en favor de una solución real.
