[De Poder y Mercado, Capítulo 3]
En lugar de hacer absoluta la prohibición del producto, el Estado puede prohibir la producción y la venta excepto por una o varias empresas determinadas. Estas empresas tienen entonces un privilegio especial por parte del Estado para dedicarse a una línea de producción, y por lo tanto este tipo de prohibición es una concesión de privilegio especial. Si la concesión se hace a una persona o empresa, se trata de una concesión de monopolio; si se hace a varias personas o empresas, se trata de una concesión cuasimonopólica u oligopólica. Ambos tipos de subvención pueden denominarse monopolísticos. Es evidente que la concesión beneficia al monopolista o cuasimonopolista porque sus competidores se ven impedidos por la violencia de entrar en el campo; también es evidente que los posibles competidores resultan heridos y se ven obligados a aceptar una menor remuneración en los campos menos eficientes y de menor valor. Los consumidores también se ven perjudicados, ya que se les impide comprar sus productos a los competidores que ellos preferirían libremente. Y esta lesión se produce aparte de cualquier efecto de la subvención sobre los precios.
Aunque una concesión monopólica puede conferir abierta y directamente un privilegio y excluir a los rivales, en la actualidad es mucho más probable que sea oculta o indirecta, encubierta como una especie de penalización a los competidores y representada como favorable al «bienestar general». Sin embargo, los efectos de las subvenciones monopolísticas son los mismos, ya sean directos o indirectos.
La teoría del precio de monopolio es ilusoria cuando se aplica al mercado libre, pero se aplica plenamente al caso de las concesiones de monopolio y cuasimonopolio. Porque aquí tenemos una distinción identificable –no la espuria distinción entre precio «competitivo» y «monopólico» o «monopolístico»– sino una distinción entre el precio de libre mercado y el precio de monopolio. Para el mercado libre el precio es conceptualmente identificable y definible, mientras que el «precio competitivo» no lo es.1 El monopolista, como receptor de un privilegio de monopolio, podrá lograr un precio de monopolio para el producto si su curva de demanda es inelástica, o suficientemente menos elástica, por encima del precio de libre mercado. En el mercado libre, cada curva de demanda de una empresa es elástica por encima del precio del mercado libre; de lo contrario, la empresa tendría un incentivo para subir su precio y aumentar sus ingresos. Pero la concesión del privilegio del monopolio hace que la curva de la demanda del consumidor sea menos elástica, ya que el consumidor se ve privado de productos sustitutivos de otros posibles competidores.
Si la curva de demanda de la empresa sigue siendo muy elástica, el monopolista no obtendrá una ganancia de monopolio de su concesión. Los consumidores y los competidores seguirán siendo perjudicados debido a la prevención de su comercio, pero el monopolista no ganará, porque su precio e ingresos no serán más altos que antes. Por otro lado, si su curva de demanda es ahora inelástica, entonces instituye un precio de monopolio para maximizar sus ingresos. Su producción tiene que ser restringida para poder obtener el precio más alto. Tanto la restricción de la producción como el mayor precio del producto perjudican a los consumidores. En contraste con las condiciones del mercado libre, ya no podemos decir que una restricción de la producción (como en un cártel voluntario) beneficia a los consumidores al llegar al punto de mayor valor-productivo; por el contrario, los consumidores se ven perjudicados porque su libre elección habría resultado en el precio del mercado libre. Debido a la fuerza coercitiva aplicada por el Estado, no pueden comprar libremente bienes de todos los que estén dispuestos a vender. En otras palabras, cualquier enfoque hacia el equilibrio del mercado libre entre el precio y el punto de producción de cualquier producto beneficia a los consumidores y, por lo tanto, también a los productores. Cualquier movimiento que se aleje del precio y la producción del libre mercado perjudica a los consumidores. El precio de monopolio resultante de la concesión de un privilegio de monopolio se aleja del precio del mercado libre; reduce la producción y aumenta los precios más allá de lo que se establecería si los consumidores y los productores pudieran comerciar libremente.
No podemos utilizar aquí el argumento de que la restricción de la producción es voluntaria porque los consumidores hacen su propia curva de demanda inelástica. Porque los consumidores son totalmente responsables de su curva de demanda sólo en el mercado libre; y sólo esta curva de demanda puede ser tratada como una expresión de su elección voluntaria. Una vez que el gobierno interviene para prohibir el comercio y conceder privilegios, ya no hay una acción totalmente voluntaria. Los consumidores se ven obligados, a voluntad, a tratar con el monopolista para una cierta gama de compras.
Todos los efectos que los teóricos del precio de los monopolios han atribuido erróneamente a los cárteles voluntarios se aplican a las concesiones de los monopolios gubernamentales. La producción está restringida y los factores están mal asignados. Es cierto que los factores no específicos se liberan de nuevo para su producción en otro lugar. Pero ahora podemos decir que esta producción satisfará menos a los consumidores que en condiciones de libre mercado; además, los factores ganarán menos en las otras ocupaciones.
Nunca puede haber beneficios monopolísticos duraderos, ya que los beneficios son efímeros, y todos se reducen eventualmente a un retorno de intereses uniforme. A largo plazo, los rendimientos del monopolio se imputan a algún factor. ¿Cuál es el factor que se está monopolizando en este caso? Es obvio que este factor es el derecho a entrar en la industria. En el mercado libre, este derecho es ilimitado para todos; aquí, sin embargo, el gobierno ha concedido privilegios especiales de entrada y venta, y son estos privilegios o derechos especiales los que son responsables de la ganancia extra de monopolio del precio de monopolio. El monopolista obtiene una ganancia monopólica, por lo tanto, no por poseer ningún factor productivo, sino por un privilegio especial concedido por el gobierno. Y esta ganancia no desaparece a largo plazo como lo hacen los beneficios; es permanente, siempre y cuando el privilegio permanezca, y las valoraciones de los consumidores continúen como están. Por supuesto, la ganancia del monopolio tenderá a capitalizarse en el valor de los activos de la empresa, de modo que los propietarios subsiguientes, que inviertan en la empresa después de que se conceda el privilegio y se realice la capitalización, sólo obtendrán el rendimiento de interés generalmente uniforme de su inversión.
Toda esta discusión se aplica tanto al cuasi monopolio como al monopolio. El cuasi monopolio tiene algunos competidores, pero su número está restringido por el privilegio del gobierno. Cada cuasi monopolista tendrá ahora una curva de demanda de su producto en el mercado con una forma diferente y se verá afectado de manera diferente por el privilegio. Aquellos cuasi monopolistas cuyas curvas de demanda se vuelven inelásticas cosecharán una ganancia de monopolio; aquellos cuyas curvas de demanda permanecen altamente elásticas no cosecharán ninguna ganancia del privilegio. Ceteris paribus, por supuesto, es más probable que un monopolista logre una ganancia de monopolio que un cuasimonopolio; pero que cada uno logre una ganancia, y cuánto, depende puramente de los datos de cada caso particular.
Debemos señalar de nuevo lo que hemos dicho anteriormente: que incluso cuando ningún monopolista o cuasi monopolista puede lograr un precio de monopolio, los consumidores siguen siendo perjudicados porque se les impide comprar a los productores más eficientes y productivos en términos de valor. De este modo, se restringe la producción, y la disminución de la producción (en particular de la producción más eficiente) eleva el precio para los consumidores. Si el monopolista o cuasimonopolista también logra un precio de monopolio, se redoblará el perjuicio a los consumidores y la mala asignación de la producción.
Dado que la concesión directa de un monopolio o cuasi monopolio se consideraría normalmente como un perjuicio para el público, los gobiernos han descubierto una variedad de métodos para conceder tales privilegios de forma indirecta, así como una variedad de argumentos para justificar estas medidas. Pero todos ellos tienen los efectos comunes a las concesiones de monopolio o cuasi monopolio y a los precios de monopolio cuando éstos se obtienen.
Los tipos importantes de concesiones monopolísticas (monopolio y cuasi monopolio) son los siguientes: (1) cárteles impuestos por el Estado a los que se ve obligada toda empresa de una industria; (2) cárteles virtuales impuestos por el gobierno, como las cuotas de producción impuestas por la política agrícola estadounidense; (3) licencias, que requieren el cumplimiento de las normas gubernamentales antes de que se permita a un hombre o una empresa entrar en una determinada línea de producción, y que también requieren el pago de una cuota – un pago que sirve como impuesto de penalización a las empresas más pequeñas con menos capital, que de este modo quedan excluidas de la competencia con las empresas más grandes; (4) normas de «calidad», que prohíben la competencia de lo que el gobierno (no los consumidores) define como productos de «calidad inferior»; (5) aranceles y otras medidas que imponen un impuesto de penalización a los competidores fuera de una región geográfica determinada; (6) restricciones de inmigración, que prohíben la competencia de los trabajadores, así como de los empresarios, que de otro modo se trasladarían de otra región geográfica del mercado mundial; (7) leyes sobre el trabajo infantil, que prohíben la competencia laboral de los trabajadores menores de cierta edad; (8) leyes sobre el salario mínimo, que, al causar el desempleo de los trabajadores de menor valor, eliminan su competencia de los mercados laborales; (9) leyes sobre el máximo de horas, que obligan al desempleo parcial a los trabajadores que están dispuestos a trabajar más horas; (10) el sindicalismo obligatorio, como el que impone la Ley Wagner-Taft-Hartley, que causa el desempleo entre los trabajadores de menor antigüedad o con menor influencia política en su sindicato; (11) el reclutamiento, que obliga a muchos hombres jóvenes a abandonar la fuerza laboral; (12) cualquier tipo de sanción gubernamental sobre cualquier forma de organización industrial o de mercado, como las leyes antimonopolio, los impuestos especiales sobre las cadenas de tiendas, los impuestos sobre la renta de las empresas, las leyes que cierran los negocios a horas específicas o que prohíben a los vendedores ambulantes de carretillas o a los vendedores a domicilio; (13) las leyes de conservación, que restringen la producción por la fuerza; (14) las patentes, en las que se prohíbe a los descubridores independientes posteriores de un proceso entrar en la producción de un campo.2 ,3
- 1Véase el capítulo 10 del libro Hombre, economía y Estado para una refutación de las teorías de monopolio en el libre mercado.
- 2Para una interesante, aunque incompleta, discusión de muchas de estas medidas (un área en gran parte descuidada por los economistas), ver Fritz Machlup, The Political Economy of Monopoly (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1952), pp. 249-329.
- 3Los subsidios, por supuesto, penalizan a los competidores que no reciben el subsidio, y por lo tanto tienen un impacto monopólico decidido. Pero es mejor que se discutan como parte de la intervención presupuestaria y binaria del gobierno.
