Enseñar y escribir sobre políticas públicas durante más de la mitad de mi vida me ha enseñado que la mayoría de los errores realizados en ese ámbito no son complicados ni complejos, más allá de la capacidad de la “gente corriente” para entender. Son fallos en la aplicación de principios lógicos y económicos básicos. Las complicaciones y la complejidad aparecen principalmente por intentos de ocultar las distorsiones y transferencias de riqueza cometidas cuando se diseñan, presentan y adoptan las políticas. (Por ejemplo, ver mi “Comparing Obamacare Scams”).
Mi experiencia implica que ver a través del camuflaje político para reconocer dónde son incongruentes los análisis con los principios nucleares es una habilidad esencial para evaluar políticas.
Una guía útil en este sentido para un análisis económico apropiado es el principio de simetría. Esto pasa porque la lógica de la economía se centra en la necesidad de elegir de las personas, algo que deriva de la escasez. Elegir enfrentándose a la escasez significa asumir los costes de renunciar a otras cosas que también valoramos en cada decisión. Consecuentemente, prácticamente cualquier cosa que cambie los beneficios marginales esperados o los costes marginales esperados de una decisión para quien la tome previsiblemente influirá en lo que elijan las personas con intereses propios.
Un aumento en los beneficios marginales esperados o una disminución en los costes marginales esperados de una decisión o comportamiento tenderá a aumentar su cantidad. Simétricamente, una disminución en los beneficios marginales esperados o un aumento en los costes marginales esperados de una decisión o comportamiento tenderá a disminuir su cantidad.
Esa simetría significa que si un precio más bajo lleva a un aumento en las cantidad de algún bien demandado, en igualdad de condiciones, un precio más alto para un bien debe llevar a una disminución en la cantidad demandada, en igualdad de condiciones (es decir, la ley de la demanda se mantiene en ambas direcciones); que si un precio más alto lleva a un aumento en la cantidad de un bien ofrecido, en igualdad de condiciones, un precio más bajo debe llevar a una disminución en la cantidad ofrecida , en igualdad de condiciones (es decir, la ley de la oferta se aplica en ambas direcciones). Igualmente, si una subvención de 1$ por unidad aumentara la producción de un bien, un impuesto de 1$ por unidad disminuiría su producción.
No aplicar esa simetría en el análisis económico revela incomprensión o engaño intencionado. Pero esos errores son ubicuos en la publicidad de las propuestas de políticas públicas, siempre (sorprendentemente) en la dirección que favorece los intereses de los defensores especiales.
Consideremos cómo funciona esto con controles de precios. Quienes defienden salarios mínimos más altos (e igualmente otros precios mínimos) llegan a argumentar que no tendrían un efecto apreciable en reducir el empleo (es decir, la ley de la demanda tiene tan poco poder que esencialmente no funciona en este caso); quienes defienden controles de rentas (e igualmente otros precios máximos) llegan igualmente a argumentar que no tendrían un efecto apreciable en reducir la cantidad de viviendas disponibles en alquiler (es decir, la ley de la oferta tiene tan poco poder que esencialmente no funciona en este caso). A menudo complementan sus afirmaciones de “esto es una excepción” contratando las que Henry Hazlitt llamaba “las mejores mentes comprables” para producir “investigación” mediante ingeniería inversa para conseguir las conclusiones deseadas (por ejemplo, cuando la ciudad de Seattle autorizó un estudio de un salario mínimo más alto y luego autorizó otro estudio para contradecirlo cuando los resultados fueron adversos.
De hecho, los alegatos a favor del control de precios representan ambos erróneamente el análisis y se contradicen entre sí.
Los defensores del salario mínimo presentan el tema como una simple pregunta principal para los trabajadores de baja cualificación: “Si pudieras ganar más por hora de trabajo, ¿no te iría mejor?” Es verdad que estarían dispuestos a trabajar más con salarios más altos, reflejando la ley de la oferta, pero salarios superiores reducen cuánto de sus servicios contratarán los empresarios, reflejando la ley de la demanda. Como se necesitan tanto compradores como vendedores dispuestos para cada intercambio del mercado, como consecuencia se emplearán menos de estos servicios laborales. Por tanto, el planteamiento de la pregunta representa erróneamente lo que la economía revela que sería el resultado.
Simétricamente, los defensores del control de las rentas plantean el tema como una simple pregunta principal para los arrendatarios: “Si pudieras alquilar por menos, ¿no te iría mejor?” Es verdad que reducir los alquileres por ley aumentaría cuánta vivienda querrán los arrendatarios (reflejando la ley de la demanda), pero el control de rentas disminuirá la cantidad que los arrendadores estarán dispuestos a ofrecer (reflejando la ley de la demanda). Como se necesitan tanto compradores como vendedores dispuestos para cada intercambio del mercado, los arrendatarios obtendrán menos vivienda, en lugar de más (aunque los arrendatarios actuales ganan porque los costes se centran en aquellos que todavía no tratan de alquilar en un área). El planteamiento de la pregunta de nuevo representa erróneamente lo que la economía revela que sería el resultado.
Además, a pesar del hecho de que los defensores de un aumento en el salario mínimo también apoyan los controles de rentas, los argumentos para ambos muestran el clamoroso error en el argumento para el otro.
Si salarios obligatorios superiores aumentan la cantidad de servicios laborales ofrecidos, también debe ser verdad lo contrario. Salarios menores deben reducir la voluntad de los trabajadores de ofrecer servicios laborales. Pero, si es así, los controles de rentas deben, simétricamente, reducir la voluntad de los arrendadores de proporcionar vivienda y el control de rentas disminuirá en lugar de expandir las opciones de vivienda de los inquilinos.
Similarmente, si rentas inferiores por imperativo legal aumentan la voluntad de alquilar viviendas, también debe ser verdad lo contrario. Rentas más altas reducirían la voluntad de las familias de arrendar vivienda. Pero, si es así, salarios mínimos superiores deben, simétricamente, reducir la voluntad de los empresarios de contratar trabajadores de baja cualificación y el salario mínimo restringiría en lugar de expandir sus opciones de empleo.
También muchas violaciones de la simetría acosan las afirmaciones sobre los estímulos públicos.
El gasto público supuestamente crea empleos. Es verdad dicho así, pero esos mismos recursos, dejados en manos de sus propietarios, se habrían gastado en otras coas, también creando empleos. Tratar simétricamente estas dos opciones revela que el gobierno mueve más que crea empleos.
El gasto público también supuestamente genera efectos multiplicadores, produciendo beneficios adicionales más allá de donde se gastaron esos dólares, porque las rentas añadidas por el gasto público generan gasto adicional y todavía más rentas, etc. Sin embargo, dejar en su lugar esos dólares a las personas privadas les habría dejado más rentas propias, generando un gasto adicional, que también habría llevado a efectos multiplicadores paralelos. El gasto público genera ganancias multiplicadas solo a costa de multiplicar los costos, pero estos últimos habitualmente se ignoran.
La aproximación económica también requiere considerar correctamente beneficios y costes. Pero la doble contabilidad es algo común. Lo más habitual es que trabajo y rentas se consideren ambos como beneficios, aunque los trabajos son realmente el trabajo que debe hacerse (un coste, no un beneficio) para obtener las rentas.
La financiación en déficit que implica el estímulo público también resulta equívoca comparada con la financiación vía impuestos. La financiación vía impuestos impone la carga completa de recursos del gasto público en el presente. Sin embargo, los déficits difieren mucho de la carga al futuro (obligando a impuestos futuros superiores, expulsando rentas disponibles futuras, para liquidar la deuda adicional o financiarla a lo largo del tiempo).
Aunque estos fallos de simetría no agotan la cornucopia de ejemplos, revelan que no es raro que múltiples errores lógicos y económicos se incorporen a propuestas de políticas públicas. Cada una se convierte en una premisa defectuosa en el análisis. Y, como he destacado en mi libro, Faulty Premises, Faulty Policies, “Cuando hay varias premisas falsas, las probabilidades pasan a ir muy en contra de la posibilidad de una buena política (…) mientras que aumenta enormemente la capacidad de usar dichas herramientas para tergiversar o engañar”.
