El capitalismo respira a través de esos vacíos legales... ~Ludwig von Mises1
I. Introducción
Un aspecto poco notorio del alboroto de los medios de comunicación que surgió a raíz del incumplimiento de Amazon de su acuerdo para ubicar parte de su sede en la ciudad de Nueva York fue que casi todos los participantes, a favor o en contra, se refirieron rutinariamente a las exenciones fiscales incluidas en el acuerdo como «subsidios gubernamentales». Dado el estado abismal del conocimiento económico que prevalece en los principales medios de comunicación, esto era de esperar y no vale la pena mencionarlo. Lo que es notable es que un gran número de economistas del mercado libre y expertos en políticas que escribieron sobre el acuerdo, antes o después de que colapsara, también trataron los recortes de impuestos como, en efecto, subsidios gubernamentales. En consecuencia, declararon que el acuerdo era económicamente ineficiente e injusto, reduciendo la productividad y el bienestar de los consumidores y transfiriendo la riqueza de algunas empresas y hogares a otros. También cabe destacar que la mayoría de los autores de estos comentarios y documentos de política se asociaron con conocidos grupos de reflexión favorables al mercado, como el Instituto Cato, el Mercatus Center, el American Enterprise Institute, el Independent Institute, el American Institute of Economic Research, el Manhattan Institute y la Reason Foundation.2
Esta efusión de comentarios críticos sobre el acuerdo de Amazon por parte de los defensores del libre mercado revela un área de seria preocupación para aquellos interesados en difundir las ideas de la economía austriaca: La teoría de precios de Chicago todavía ejerce un control férreo sobre el pensamiento de libre mercado en los Estados Unidos. Incluso muchos economistas que profesan seguir la tradición austriaca en las áreas del dinero, la banca central y los ciclos económicos, no se ajustan a la teoría de Chicago cuando se trata de analizar los impuestos y otras áreas de la teoría de precios aplicados. En particular, aceptan la premisa central de la escuela de Chicago de que los impuestos per se no son una intervención en la economía de mercado, en contraste con los controles de precios o las concesiones gubernamentales de privilegios de monopolio. El punto de vista de Chicago implica que existe un impuesto que es neutral para la economía de mercado y no distorsiona los precios relativos y la asignación de recursos, y que este «impuesto neutral» puede ser identificado por los economistas e implementado por el Estado. En términos prácticos, el impuesto neutral de Chicago se reduce al programa delineado por Milton Friedman:
[Un] impuesto plano sobre la renta por encima de una exención, con una definición muy amplia de la renta y las deducciones permitidas sólo para los gastos estrictamente definidos de la obtención de ingresos. . . . . La abolición del impuesto sobre la renta de las sociedades... con el requisito de que se exija a las sociedades que atribuyan sus ingresos a los accionistas y que éstos los incluyan en sus declaraciones de impuestos. Los otros cambios deseables más importantes son la eliminación del agotamiento porcentual del petróleo y otros recursos naturales, la eliminación de la exención de impuestos sobre los intereses de los valores estatales y locales, la eliminación del tratamiento especial de las ganancias de capital, la coordinación de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y las donaciones, y la eliminación de las numerosas deducciones que ahora se permiten.3 [Énfasis agregado].
Los economistas del libre mercado que siguen a Friedman por este camino se convierten así, de hecho, si no con intención, en expertos en eficiencia para el Estado. Evalúan cada alteración en la política tributaria en base a si el cambio representa un movimiento hacia o desde el ideal de un impuesto neutral. Pero al hacerlo, ignoran otro enfoque de la teoría de precios, el enfoque causal-realista de la escuela austriaca basado en las ideas de Carl Menger. Los seguidores contemporáneos de este enfoque rechazan el impuesto neutral como un mito y ven los impuestos como una intervención del Estado en pie de igualdad con los controles de precios y los privilegios de monopolio.4
En la siguiente sección, esbozo los principios básicos de las finanzas públicas desde una perspectiva causal-realista austriaca, haciendo hincapié en sus implicaciones para el efecto de los recortes fiscales selectivos en la eficiencia económica y el bienestar social. En la tercera sección utilizo estos principios para resolver la cuestión de si el acuerdo de la sede de Amazon fue un ejemplo de capitalismo clientelista o un movimiento concreto hacia una asignación más voluntaria y eficiente de recursos.
II. Principios fundamentales de las finanzas públicas
1. La existencia misma de los impuestos crea dos clases en la economía. A una clase pertenecen los contribuyentes, que obtienen sus ingresos a través de la producción voluntaria y el intercambio en el mercado. La segunda clase está formada por los consumidores de impuestos, especialmente los políticos y burócratas a tiempo completo que dirigen el aparato estatal y cuyos salarios se derivan de los impuestos. Esta última clase también incluye a aquellos a quienes el Estado le adquiere bienes y servicios, es decir, contratistas del Estado, o canaliza subsidios a través de rescates corporativos, garantías de préstamos, programas agrícolas o pagos de bienestar social. Huelga decir que, debido a que los impuestos son intrínsecamente coercitivos, los contribuyentes se ven empeorados demostrablemente por el proceso de impuestos y gastos, mientras que la clase consumidora de impuestos cosecha los beneficios.
2. A pesar de que algunas personas en la economía pueden pagar impuestos y recibir subsidios simultáneamente, todos en la economía deben ser contribuyentes netos o consumidores netos de impuestos en un grado u otro. Los políticos y burócratas como propietarios del aparato del Estado son, por supuesto, puros consumidores de impuestos que no pagan impuestos. Los impuestos que nominalmente pagan sobre sus ingresos son simplemente una ficción contable diseñada para engañar a los contribuyentes. En muchos casos, sin embargo, sólo la investigación de los datos concretos puede revelar si una persona u organización en particular se beneficia o es víctima del proceso de gasto fiscal. Tomemos, por ejemplo, una empresa de computación en nube que recibe sus ingresos tanto de compras voluntarias en el mercado como de contratos públicos. Sólo examinando su estado de resultados podemos determinar si la empresa era un contribuyente neto o un consumidor de impuestos durante un período de tiempo determinado.
3. Existe, por lo tanto, una distinción clara entre recorte de impuestos, ruptura, escapatoria, deducción, exención, crédito, reducción –o cualquier otra cosa que pueda llamarse– y subsidio. Un recorte de impuestos se produce cuando el Estado extrae por la fuerza una proporción menor de ingresos o riqueza que antes de alguien que la ha ganado a través de la producción voluntaria y el intercambio. Un subsidio ocurre cuando Peter, el productor, es gravado y –después de que la burocracia administrativa toma un recorte– los fondos restantes son transferidos posteriormente a Paul, quien puede ser una institución financiera en quiebra, un contratista militar o un beneficiario de la asistencia social. Por lo tanto, una reducción de impuestos reduce la cantidad de ingresos desviados de los contribuyentes netos que trabajaron, invirtieron o asumieron riesgos empresariales para ganárselos, mientras que un subsidio otorga bienes no ganados a los consumidores netos de impuestos parasitarios favorecidos por el Estado. En resumen, un recorte de impuestos permite a alguien retener más de su propio dinero y un subsidio le da a alguien más del dinero de otra persona. Como dijo Rothbard:
La exención de impuestos o cualquier otra carga no es equivalente a una subvención. Hay una diferencia clave. En este último caso, el hombre recibe una concesión especial de privilegios arrebatados a sus semejantes; en el primero se libra de una carga impuesta a sus semejantes. Mientras que uno se hace a expensas de sus semejantes, el otro no lo hace.5
4. Aunque los conceptos son teóricamente claros y definitivos, en la práctica no se puede identificar una exención fiscal o una subvención a menos que se conozca la clase a la que pertenece el receptor. Por ejemplo, es imposible reducir los impuestos de una empresa militar contratante que vende toda su producción al gobierno federal, porque para empezar es un consumidor de impuestos y no paga impuestos. En este caso, una reducción del tipo del impuesto de sociedades equivale a una subvención. Por el contrario, los contribuyentes netos no pueden ser subvencionados. Los vales que se dan a los padres de niños de escuelas parroquiales para el transporte público, aunque nominalmente son subsidios, son en la mayoría de los casos un reembolso impositivo de facto que permite a los que trabajan e invierten servir a los consumidores en el sector privado mantener un poco más de sus propios ingresos.6
5. No existe un impuesto neutro, es decir, un impuesto que no perturbe la estructura de precios, la asignación de recursos y la distribución del ingreso determinada por el mercado sin obstáculos. La razón fundamental de esto es que la tributación no puede analizarse de forma aislada del gasto público. Como se ha señalado anteriormente, la imposición de impuestos crea inexorablemente una clase consumidora de impuestos, que incluye a todo el aparato gubernamental, cuya estructura de demanda de bienes y servicios difiere inevitablemente de la de los contribuyentes. Independientemente de la forma que adopten o de a quién impongan, los impuestos siempre deben distorsionar los precios, la producción y los ingresos, alejándolos de la pauta que se produciría en un mercado puro regido por la soberanía del consumidor. Además, las fuerzas del mercado inevitablemente desplazan parte de la carga tributaria de los hogares o empresas que están legalmente obligados a pagar un determinado impuesto a otros en la economía y, por lo tanto, determinan la «incidencia de los impuestos» final. Por lo tanto, es absolutamente imposible que el economista o cualquier otra persona conozca o pueda predecir cuál sería el patrón óptimo de asignación de recursos en el futuro.
6. Aunque el estado (siempre cambiante) de la asignación de recursos que mejor sirve a los consumidores, por lo tanto, nunca puede ser determinado en ausencia de un mercado libre del proceso depredador de impuestos y gastos, la teoría económica causal-realista nos permite juzgar los movimientos hacia o desde el estado ideal. Un recorte de impuestos, cualquiera que sea su forma o importe, siempre mejorará la asignación de recursos y la satisfacción de las demandas más urgentes de los consumidores (contribuyentes); y cuanto mayor sea el recorte de impuestos, mayor será la mejora. Esto se debe a que el recorte de impuestos libera recursos del derrochador sector gubernamental, incluyendo a los receptores de sus contratos y subsidios que consumen impuestos, y los devuelve a los contribuyentes productivos, cuya mano de obra y capital se asignan de manera más eficiente de acuerdo con los cálculos de ganancias de los empresarios privados.
7. De ello se deduce que una reducción fiscal de un determinado tamaño no puede considerarse más o menos eficaz que una reducción fiscal de igual tamaño que adopta una forma diferente y afecta a distintos contribuyentes. Comparemos, por ejemplo, una exención del impuesto de sociedades para toda la industria del petróleo y el gas de los Estados Unidos con una reducción general de los tipos impositivos marginales sobre la renta de las personas físicas. Supongamos que ambas políticas resultan en una reducción igualitaria de los ingresos tributarios federales. Los dos recortes de impuestos tendrán efectos totalmente diferentes en el precio, la asignación y la distribución. Pero como nadie, incluido el economista, conoce la asignación óptima de recursos sin un mercado libre de obstáculos y sin impuestos, sería imposible determinar científicamente qué recorte de impuestos es más eficiente. Todo lo que el economista puede afirmar con exactitud científica es que ambos recortes tributarios mejoran la utilidad social o el bienestar porque liberan recursos adicionales para ser consumidos o invertidos de acuerdo con la soberanía del consumidor.
El economista, sin embargo, también puede afirmar que, independientemente de los detalles de su tipo y alcance, un recorte de impuestos mayor es siempre más eficiente que uno menor, ya que lleva a la economía más lejos en la dirección de la asignación óptima de recursos. Este principio puede demostrarse considerando la mayor reducción fiscal concebible: la abolición completa de los impuestos y la consiguiente liquidación de la clase consumidora de impuestos. En este caso, la fijación de precios y la asignación de recursos y las cantidades, calidades y precios de los bienes de consumo producidos están plena y exclusivamente determinados por las escalas de valor y las demandas de los consumidores «productivos», tal como las pronostican y valoran los empresarios que buscan obtener beneficios. De esto se desprende que la existencia de una clase consumidora de impuestos, por pequeña que sea, distorsiona la asignación de recursos en el mercado.
8. Ahora, muchos economistas del mercado libre se opondrán al argumento de que es la cantidad y no la forma o distribución del recorte de impuestos lo que importa a la hora de juzgar su eficiencia económica, apelando a una máxima de impuestos largamente arraigada. Este es el principio de igualdad de trato, que dice que «los iguales deben ser tratados igual». Por ejemplo, dado un impuesto progresivo sobre la renta, cada persona con ingresos iguales debe pagar un porcentaje igual de sus ingresos en impuestos. Pero hay dos defectos fundamentales en esta máxima. En primer lugar, el principio de igualdad de trato pasa por alto la cuestión de si el tratamiento en sí es justo o eficaz. Seguramente ningún economista afirmaría hoy que es injusto o ineficiente eximir a un individuo entre un grupo de personas que han sido esclavizadas de realizar el mismo número de horas de trabajo forzado que se requiere de todos los demás. En segundo lugar, el principio de igualdad de trato es contradictorio cuando se aplica a la fiscalidad. Porque, como ya se ha dicho, la fiscalidad crea una clase de consumidores de impuestos. Esta clase nunca puede ser tratada de la misma manera que los contribuyentes, precisamente porque no pagan impuestos. Los políticos y los burócratas del Estado viven de los impuestos que cobran de los contribuyentes.
9. Otro argumento que a menudo es esgrimen los economistas del libre mercado contra los recortes de impuestos que «desigualmente» benefician a determinados hogares, corporaciones o industrias es que obligan a otros contribuyentes a «pagar la factura» por el recorte de impuestos discriminatorio. Este argumento se basa en la premisa implícita de que el Estado debe recaudar una cierta cantidad de impuestos de sus súbditos, que de alguna manera a todos se les asigna una «parte justa» de esta carga tributaria, y que cualquiera que pague menos de lo que le corresponde significa que otra persona debe pagar más de lo que le corresponde. El argumento es absurdo sobre los zancos y está abierto a varias objeciones. En primer lugar, parte de la base de que la fiscalidad en sí misma puede ser justa o eficiente. En segundo lugar, parte de la hipótesis aún más dudosa de que la distribución de la presión fiscal en el marco del statu quo es justa o eficiente, o al menos más que la que se produciría como resultado de los recortes fiscales previstos. Sin embargo, como vimos, la ciencia económica no puede arrojar luz sobre el método más eficiente para asignar una determinada carga tributaria entre los contribuyentes; sólo puede decirnos que un recorte en la cantidad total de impuestos extraídos aumenta la eficiencia productiva y aumenta la utilidad social. En tercer lugar, y lo más importante, el argumento deja completamente fuera de consideración a los consumidores de impuestos. ¿Por qué no financiar el recorte de impuestos mediante una reducción de los gastos del gobierno en el empleo y los salarios de los burócratas, compras a contratistas militares o transferencias a distritos subvencionados?
10. Los economistas orientados al mercado lamentan casi universalmente el desperdicio de recursos que resulta de las actividades de cabildeo de los contribuyentes que buscan exenciones fiscales específicas. Estos «buscadores de rentas» pagan a los cabilderos, abogados y contadores para asegurar y explotar las lagunas fiscales concedidas por los políticos. Los recursos absorbidos por estas actividades supuestamente representan un residuo puro porque podrían haber sido utilizados para producir bienes y servicios valiosos. Pero aquí el argumento requiere un salto de lógica porque estos recursos no se habrían utilizado para producir los bienes y servicios más valorados por los consumidores productivos, sino que habrían sido despilfarrados por los consumidores de impuestos. Por lo tanto, si los contribuyentes logran obtener reducciones netas de impuestos, sin importar cuán pequeñas sean, sus costosas actividades de cabildeo producen una asignación de recursos más eficiente y una mayor utilidad social. De hecho, el cabildeo a favor de la reducción de impuestos es tan productivo desde el punto de vista económico como los contribuyentes individuales que contratan a abogados y contadores para que les ayuden a encontrar y explotar las lagunas fiscales existentes.
Al criticar el plan de cerrar todas las lagunas fiscales mediante la imposición de un impuesto fijo a fin de evitar los costos de los recursos de la complejidad, Murray Rothbard señaló:
Los que luchan con formas complejas lo hacen por una buena razón: para pagar menos impuestos. . . . Existe .... una buena razón para que paguemos dinero a los abogados y contadores fiscales. Gastar dinero en ellos no es más un desperdicio social que comprar cerraduras, cajas fuertes o cercas. Si no hubiera delito, el gasto en tales medidas de seguridad sería un desperdicio, pero hay delito. Del mismo modo, pagamos dinero a los abogados y contadores porque, al igual que las vallas o cerraduras, son nuestra defensa, nuestro escudo y escudo, contra el recaudador de impuestos. . . La manera de deshacerse de los abogados y contadores fiscales es abolir el impuesto sobre la renta. ¡Eso sí que sería la simplicidad!7
11. Recientemente, los defensores del libre mercado han criticado especialmente los recortes de impuestos «selectivos» diseñados para inducir a una corporación en particular a trasladar algunas o todas sus operaciones a una ciudad o estado con el objetivo de generar más puestos de trabajo, mayores ingresos, zonas céntricas revitalizadas, etc. Argumentan que estos recortes son ineficientes porque los estudios empíricos muestran que rara vez logran sus objetivos previstos y son de poco beneficio para los contribuyentes en la jurisdicción política que los concede. No hay razón para debatir estos hallazgos empíricos. Porque el defecto de este argumento es que no se reconoce que una economía regional siempre forma parte de una economía nacional o mundial más grande e interconectada y que, aun cuando la mayoría de los beneficios directos recaen en las empresas y los consumidores de otras jurisdicciones políticas, el recorte de impuestos sigue mejorando la eficiencia y el bienestar de toda la economía.
Además, los beneficios indirectos pueden llegar a los contribuyentes de la ciudad o estado que otorgan el incentivo fiscal a través de otro canal. Todas las reducciones de impuestos, ya sean de base amplia o selectivas, reducen las preferencias de tiempo social y aumentan el ahorro, la inversión y la productividad laboral en toda la economía. La razón es que una mayor proporción de los ingresos sociales es retenida por la clase productiva y contribuyente y menos recursos son desviados hacia el consumo o la mala inversión mediante compras y subsidios del Estado. El aumento de sus ingresos después de impuestos induce a los contribuyentes a reducir sus preferencias de consumo/ahorro o «tiempo» y a ahorrar una mayor proporción de sus ingresos. Estos ahorros adicionales son asignados por los mercados de capitales a empresarios privados que buscan invertir productivamente en la construcción de la estructura del capital social utilizando algunos de los recursos previamente mal invertidos o consumidos por el gobierno y sus compinches subsidiados y grupos favorecidos.
Más importante aún, el éxito percibido de las exenciones fiscales selectivas en las últimas décadas ha estimulado la competencia entre las jurisdicciones políticas rivales de Estados Unidos para crear recortes y lagunas fiscales cada vez mayores, más amplios y creativos. En lugar de lamentar estos recortes tributarios como algo subóptimo en relación con una norma mítica de neutralidad tributaria, los economistas del libre mercado deberían aplaudir la proliferación y ampliación de las lagunas fiscales como un medio práctico y políticamente aceptable para avanzar hacia el único régimen de financiación verdaderamente «neutral» para todos los bienes y servicios, a saber, el propio libre mercado. De hecho, el cabildeo de grupos de interés especiales a favor de recortes fiscales discriminatorios puede ser el método más factible para reducir los impuestos precisamente porque, como los economistas de la Elección Pública nunca se cansan de recordárnoslo, los beneficios de los recortes se concentran en un grupo pequeño, mientras que los costes se reparten entre el gran grupo de consumidores de impuestos que se alimentan en el punto más bajo de la vía pública. Así, en el caso de los recortes de impuestos, la economía de la Elección Pública está de cabeza y «busca rentas», es decir, invierte recursos para presionar a favor de exenciones fiscales, mejora la eficiencia económica y el bienestar social.
En la década de los ochenta, Rothbard acogió con beneplácito una guerra total por las exenciones fiscales selectivas entre los grupos de interés especial y las promocionó como una táctica viable para hacer retroceder los impuestos generales. Al abogar por la reactivación de un crédito fiscal específico para los servicios de cuidado infantil y ampliarlo para que se aplique a las madres que cuidan a sus hijos en el hogar, escribió Rothbard:
Esperemos que el crédito fiscal vuelva con toda su fuerza. Y que podemos revivir la táctica perdida, no de «cerrar los vacíos legales», sino de ampliarlos siempre, abriéndolos tan ampliamente para todos, que todo el mundo será capaz de pasar un camión Mack a través de ellos, hasta ese maravilloso día en que todo el sistema de ingresos federales será una gigantesca laguna legal.8
III. El acuerdo de Amazon HQ2: sí o no
¿Fueron correctos los opositores del libre mercado del acuerdo de la sede de Amazon HQ2 al presentarlo como un ejemplo de capitalismo de amigos en gran escala, que victimizó a los consumidores y competidores y redujo la eficiencia económica? A la luz de los principios de las finanzas públicas austriacas expuestos anteriormente, mi respuesta es un rotundo «No». Un examen minucioso de los detalles del acuerdo deja claro que los «incentivos selectivos» que Amazon debía recibir de las autoridades estatales y municipales eran auténticas exenciones fiscales y no subsidios.
Para confirmar esto, enumeremos la cantidad y la naturaleza de los beneficios prometidos por las autoridades políticas a Amazon a cambio de situar parte de su sede en la sección de Long Island City de Queens, Nueva York. Amazon iba a recibir un total de hasta 2.900 millones de dólares en 25 años del Estado de Nueva York y de la ciudad de Nueva York, desglosados de la siguiente manera:
- 1.200 millones de dólares de créditos fiscales reembolsables bajo el Programa Excelsior Jobs del Estado de Nueva York otorgados en forma continua durante 10 años.
- 505 millones de dólares en una subvención de capital del estado, pagada a lo largo de 10 a 15 años para reembolsar a Amazon por la construcción de espacio de oficinas.
- 827 millones de dólares en créditos de impuestos sobre la renta de negocios a lo largo de 25 años del Programa de Asistencia de Reubicación y Empleo de la Ciudad de Nueva York (REAP, por sus siglas en inglés).
- 387 millones de dólares en exenciones de impuestos sobre la propiedad durante 25 años bajo el Programa de Reducción Industrial y Comercial (ICAP) de la ciudad.
Cabe señalar que las exenciones fiscales de la ciudad se desembolsarían a Amazon en el marco de los programas «a medida», la REAP y la ICAP, ya existentes y disponibles para cualquier empresa que cumpla con sus requisitos. Amazon también era elegible para recibir exenciones fiscales adicionales porque el futuro emplazamiento de la sede central 2 en Long Island City había sido designado como «zona de oportunidad» por la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos firmada por el Presidente Trump el año pasado. Por lo tanto, Amazon no tuvo que comprometerse en el ruin acto de «búsqueda de rentas» para obtener los 1.200 millones de dólares más los créditos fiscales de la ciudad, aunque indudablemente hubo costos de cumplimiento. Sin embargo, el punto crucial es que Amazon habría seguido siendo un contribuyente neto a pesar de sus 3.000 millones de dólares en incentivos fiscales, porque, según las estimaciones del estado de Nueva York, Amazon habría pagado 27.500 millones de dólares en impuestos netos durante los 25 años de duración del programa de incentivos fiscales que se le prometió.9
Basándonos en una sólida teoría de economía austriaca, podemos concluir, entonces, que el acuerdo amazónico, si se hubiera implementado, habría sido un paso definitivo hacia la asignación real de recursos en el libre mercado, mejorando así la eficiencia económica y mejorando el bienestar social. Desafortunadamente, el insidioso mito de los impuestos neutrales engañó a un grupo de pensadores del libre mercado, incluidos algunos simpatizantes de la economía austriaca, para que pensaran lo contrario.
- 1Joseph T. Salerno, «What Ludwig von Mises Taught Gottfried Haberler and Paul Samuelson about Tax Loopholes», Mises Wire (27 de noviembre de 2012).
- 2. Para ver ejemplos, vea: Laurent Belsie, «Beyond Amazon: Wider Doubts about Tax Breaks as Tools», The Christian Science Monitor (21 de febrero de 2019),; Randall G. Holcombe, «Amazon in New York? I’m with AOC», The Beacon (25 de febrero de 2019); Tyler Cowen, «Amazon Vs. New York Activists: Deal Gone Bad Wasn’t a Case Of a Deal Unlike Any Other»Bloomberg News (22 de febrero de 2019); Peter Calcagno, «Targeted Tax Incentives: Perverse and Ineffective», American Institute of Economic Research (17 de enero de 2019); James Pethokoukis, «Why New York and Virginia Were Right to Gamble on Amazon», The Week (14 de noviembre de 2018); Andrea O’Sullivan and Christian McGuire, «https://www.mercatus.org/bridge/commentary/amazons-hq2-cuando-usted-gana-usted-pierde» Mercatus Center The Bridge (13 de noviembre de 2018); Michael Farren y Anne Philpot «Amazon HQ2 Is the Only Competition Where the Losers Are Winners» Mercatus Center Policy Brief (13 de noviembre de 2018); Veronique de Rugy, «States Bid to Lure in Amazon» Reason (agosto/septiembre de 2018).
- 3Milton Friedman, Capitalism and Freedom, 40th Anniversary Edition (Chicago: University of Chicago Press, 2002), p. 174.
- 4Los primeros economistas austríacos como Menger y Eugen von Böhm-Bawerk no habían extendido el enfoque causal-realista al análisis de la fiscalidad y el gasto público. Ludwig von Mises comenzó la tarea de analizar la fiscalidad como una intervención en el mercado y señaló que «la idea misma de un impuesto neutral es.... irrealizable». Pero fue Murray Rothbard quien proporcionó por primera vez un tratamiento integrado e integral de las finanzas públicas desde una perspectiva causal-realista. Véase Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, Scholar’s Edition (Auburn AL: Mises Institute, 1998), pp. 730-35; Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles with Power and Market: Government and the Economy, 2nd Scholar’s Edition (Auburn AL: Mises Institute, 2009), pp. 907-61, 1,149-1,295; y Murray N. Rothbard, «The Myth of the Neutral Tax» en Rothbard, Economic Controversies (Auburn AL: Mises Institute, 2011), pp. 449-501.
- 5Rothbard, Man, Economy, and State, p. 1,219.
- 6Para un ejemplo histórico, ver Doug Linder, «Vouchers, Tax Credits & Other Aid to Religious Schools», Exploring Constitutional Law (2019).
- 7Murray N. Rothbard, Making Economic Sense, 2ª edición. (Auburn AL: Mises Institute, 2006), p. 226.
- 8Ibídem, pág. 215.
- 9Para una explicación de los incentivos fiscales que Amazon iba a recibir por ubicar la sede central 2 en la ciudad de Nueva York, véase: Jacob Passy, «This Is What Amazon’s ‘Hq2’ Was Going to Cost New York Taxpayers», MarketWatch.com (16 de febrero de 2019); Sam Raskin, «Amazon’s Hq2 Deal with New York, Explicated», ny.curbed.com (14 de febrero de 2019); Jon Campbell, «Amazon HQ2: $3 Billion In State, City Tax Breaks Draws Company to New York» Rochester Demócrata and Chronicle (13 de noviembre de 2018).
