Con la llegada a la presidencia argentina del anarcocapitalista libertario Javier Milei, las ominosas nubes del socialismo se han disipado y el libertarismo ha salido a flote en el continente sudamericano. El sistema legislativo argentino, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados, está diseñado para reforzar la gobernanza democrática y la rendición de cuentas.
Sin embargo, su estructura inherente conduce a menudo a callejones sin salida, sobre todo en el caso de reformas polémicas. La presidencia de Carlos Menem, de 1989 a 1999, marcó un giro fundamental hacia el liberalismo clásico, con la puesta en marcha de amplios cambios como la privatización generalizada, la desregulación y el plan de convertibilidad de 1991, que vinculó el peso argentino al dólar de EEUU. Al principio, estas reformas atrajeron inversiones extranjeras, pero pronto se encontraron con obstáculos en la legislatura bicameral de Argentina, entorpecida por prácticas de búsqueda de rentas.
El Senado, expresando preocupaciones provinciales, se opuso con frecuencia a estas reformas, temiendo la pérdida de ingresos estatales y de soberanía regional. Afirmaban que la concentración del poder económico en Buenos Aires y las compañías extranjeras era perjudicial para los negocios locales y la beneficencia pública. Esta resistencia provocó importantes modificaciones y retrasos en las políticas de Menem.
La búsqueda de rentas en Argentina sigue siendo otro obstáculo para la reforma económica, en la que intervienen diversos sectores como la agricultura, la industria, los sindicatos y los burócratas que tratan de preservar sus beneficios económicos mediante la intervención del gobierno. Estos grupos suelen resistirse a cambios como la liberalización del comercio o la desregulación que podrían amenazar sus posiciones privilegiadas.
Después de 1995, la influencia del Senado en los procesos legislativos se intensificó, a menudo contrarrestando al ejecutivo. Los senadores representaban diversos intereses regionales y examinaban, enmendaban o vetaban las iniciativas presidenciales, especialmente en materia económica. Esta asertividad dio lugar a enérgicos debates y compromisos en las reformas económicas de finales de los 90 y principios de los 2000, que a menudo desembocaron en políticas diluidas o incompletas.
El camino hacia la reforma económica en Argentina se enfrenta a desafíos debido a la legislatura bicameral y a los intereses creados de grupos influyentes contrarios a la reforma. La implantación de «ciudades libres» en todo el país podría contrarrestar el estancamiento político y agilizar las reformas económicas. Estas zonas urbanas autónomas o semiautónomas, con marcos económicos y administrativos únicos, podrían actuar como catalizadores de un cambio económico generalizado. Mediante la creación de zonas que hagan hincapié en la libertad de mercado, una regulación mínima y unos derechos de propiedad sólidos, Argentina podría alimentar un ecosistema favorable a la iniciativa empresarial, la inversión extranjera y un rápido crecimiento económico.
Reforma mediante ciudades libres
Una piedra angular del pensamiento libertario no es la mera abolición de los servicios patrocinados por el Estado, sino su sustitución por soluciones privadas y comunitarias. Implica la sustitución radical de las estructuras de gobierno existentes en Argentina por instituciones privadas. En este sentido, las ciudades privadas o «libres» se convierten en una fuente inestimable de reformas, ya que pueden contribuir al cambio institucional y a la experimentación con nuevas normas dentro de la estructura federal de Argentina.
La implementación exitosa de ciudades «libres» requiere la selección de áreas con redes interconectadas a toda la economía argentina a través de las cuales se puedan utilizar efectivamente los recursos existentes, sirviendo a la ventaja comparativa argentina. El éxito de estos centros depende crucialmente de que su formación y funcionamiento sean completamente apolíticos con un compromiso a largo plazo, considerando únicamente la conectividad económica y geográfica, así como un comportamiento demostrado de cumplimiento de normas entre sus habitantes donde prevalezca una cultura de derechos de propiedad. El socialismo aporta un conjunto de creencias parasitarias y normas institucionales que crean un entorno para la búsqueda de rentas, al tiempo que desalientan la innovación y paralizan el progreso al socializar las ganancias y las pérdidas, habituando a la sociedad en una codependencia podrida. El éxito de la alternativa, por lo tanto, también depende fundamentalmente de la introducción de un conjunto distintivo de creencias, normas institucionales y personas que pongan de relieve el valor de la empresa y las actividades empresariales, sirviendo de modelo para instruir al resto.
La versión original de las ciudades libres adoptó la forma de zonas económicas especiales donde las economías centralizadas intentaban emular el éxito de un Hong Kong menos regulado. Establecieron zonas de gobierno con escasa burocracia y papeleo para fomentar el florecimiento de las empresas. Su éxito en China y su fracaso en India ofrecen una gran perspectiva de cómo su estructura institucional y las normas que rigen la gobernanza produjeron resultados opuestos.
El primer florecimiento de la gran transformación económica china, que más tarde sacó a miles de millones de personas de la pobreza, tuvo lugar en un oscuro y pobre pueblo de pescadores y agricultores con un pequeño mercado cercano. La zona que comprende la moderna Shenzhen pasó de obtener un mero producto interior bruto anual per cápita inferior a 606 yenes (90 dólares) a 175.000 yenes (26.000 dólares) con más de trece mil millones de residentes. Shenzhen no sólo ha destacado por su crecimiento económico, sino también por la evolución y proliferación de la tecnología.
La ciudad ha transicionado de la fabricación básica a ser una cuna de innovación de alta tecnología. Notablemente, compañías con sede en Shenzhen como Huawei y Tencent son ahora líderes mundiales en tecnología. El distrito Huaqiangbei de Shenzhen, que ha pasado de ser un mercado local a un centro mundial de electrónica, ejemplifica el giro de la ciudad hacia industrias de alta tecnología como la robótica, la biotecnología y las energías renovables. Esta transformación, marcada por el paso de la fabricación de gama baja a la de gama alta, se refleja en los datos de exportación de Shenzhen, donde ahora predominan los productos de alta tecnología. Sin embargo, esta prosperidad no ha sido producto de la voluntad legislativa del gobierno central chino, que ha permitido la descentralización en favor de los burócratas de los gobiernos provinciales locales. Por el contrario, fue el resultado de prácticas anteriores arraigadas en la población local (aunque a pequeña escala) para actividades empresariales. La población local entendía las reglas de la propiedad privada y los emigrantes pudieron aprenderlas por imitación.
Estas personas ambiciosas buscaban la prosperidad económica, facilitada por la fácil inmigración y los vínculos con el resto de la economía china. En China, la mayoría de la población estaba asignada a un consejo institucional en un lugar y estaba destinada por ley a permanecer en ese lugar concreto debido a las restricciones urbanísticas del gobierno central. La ciudad funcionaba entonces como una isla conectada que permitía a los mejores recursos en personas y capital trasladarse voluntariamente a Shenzhen en busca de prosperidad y una vida mejor.
La historia de Shenzhen demuestra el éxito local con una población eficaz y aprendida en el arte de la conducción empresarial, el seguimiento institucional de las normas y una atmósfera competitiva que reflejaba mal el fracaso de la China maoísta. Estos factores son importantes porque otros países socialistas con una élite parasitaria han intentado instituir zonas de gobernanza y no han logrado ningún cambio económico sostenido ni beneficios para sus economías nacionales en general.
La experiencia india con estas zonas de gobernanza contrasta fuertemente con la china tanto en el enfoque como en los resultados. Frente al proceso de crecimiento ascendente, la gobernanza india en torno a la economía ha sido la de un subastador que extrae rentas, distribuye recursos a base de sobornos y está totalmente desconectada de cualquier necesidad de rendimiento basada en el mercado. La fuerte regulación, restricción y planificación central de los primeros cincuenta años de la economía ha tenido el efecto de desalentar cualquier iniciativa empresarial competitiva de mercado. Por el contrario, ha fomentado las actividades de captura del mercado y una población que sigue compitiendo por las licencias gubernamentales mediante sobornos masivos y favores electorales a burócratas y políticos que buscan rentas. El gasto de la renta nacional en sobornos alcanzó casi el 8% en 1965.
Aunque la liberalización forzosa que siguió a una quiebra pendiente a principios de los 1990 condujo a una disminución del control gubernamental sobre la economía en la planificación directa agregada, sólo ha reducido marginalmente estas actividades debido a la continuación de regulaciones omnipresentes sobre cada esfera de la vida económica. Ha proliferado un sistema de búsqueda de rentas liberalizado en el que las compañías confabulan activamente con políticos y burócratas en diversos sectores de la economía para captar mercados mediante la concesión de recursos y restricciones a la entrada. Sobre todo en las zonas económicas especiales, la descentralización ha llevado el robo político del nivel central al estadual. Los políticos locales, en connivencia con las firmas estatales, compran terrenos a cambio de favores, dando sobornos totalmente desconectados del significado económico, y luego los venden a los inversores interesados en esas zonas. Estas firmas estatales burocráticas, guiadas por políticos contrarios a las promociones, a menudo deciden directamente la industria de la inversión y la tecnología que se utilizará en la producción. Naturalmente, el resultado ha sido un desastre económico que no ha aportado ningún beneficio a la economía en general.
En conclusión, Argentina se encuentra en una coyuntura crítica, y la adopción de ciudades libres presenta una oportunidad única y potente para la transformación económica. Las lecciones extraídas de los retos legislativos afrontados durante la era Menem y los resultados contrastados de las zonas económicas especiales en China e India ofrecen valiosas perspectivas sobre el camino que debe seguir Argentina.
La creación de ciudades libres, zonas urbanas autónomas o semiautónomas con políticas económicas y administrativas diferenciadas, podría cambiar la situación de la economía argentina. Estas ciudades libres, al funcionar según los principios de libertad de mercado, reducción de la regulación y mejora de los derechos de propiedad, pueden evitar los bloqueos legislativos y los comportamientos rentistas arraigados en el sistema político actual. Pueden crear un entorno propicio para la iniciativa empresarial, la inversión extranjera y el rápido desarrollo económico, reflejando el éxito de regiones como Shenzhen. La clave de este éxito reside en garantizar que estas ciudades libres se establezcan centrándose en la formación apolítica, la conectividad económica y geográfica y una cultura que valore los derechos de propiedad y los esfuerzos empresariales.
