Una de las formas en que se dice que los Estados obtienen la autoridad legítima para gobernar es a través del consentimiento implícito. No existen contratos explícitos firmados con el Estado que le otorguen todo el poder que ejerce. Así, se afirma que de una forma u otra, la ciudadanía se compromete implícitamente a seguir las leyes. ¿Aceptamos implícitamente ser gobernados? ¿Existe alguna acción que podamos razonablemente interpretar como un acuerdo voluntario para seguir todas y cada una de las leyes propuestas por el Estado? ¿Qué tan exacto es decir que se mantiene el «consentimiento de los gobernados»?
El consentimiento de un recién nacido
Presumiblemente, las leyes, regulaciones y la autoridad del Estado en general se aplican a personas de todas las edades. ¿Qué acción podría realizar un niño que pudiera significar consentimiento? Si la autoridad estatal se aplica a todos los seres humanos, entonces el nacimiento sería el acto declaratorio de consentimiento. Pero, por supuesto, el nacimiento ni siquiera es una opción. Uno se pregunta cómo es posible que un acto no voluntario pueda ser tomado como una forma de consentimiento.
Además, tenemos la cuestión del consentimiento informado. En ningún otro contexto diríamos que un niño, y mucho menos un bebé, podría dar su consentimiento informado para entrar en cualquier acuerdo o transacción compleja. Dados los efectos de largo alcance de un acuerdo con el Estado para seguir perpetuamente todas las reglas que establece, puede muy bien requerir el consentimiento más informado posible de cualquier interacción. Si un niño pudiera aceptar un compromiso tan grave, también sería capaz de aceptar cualquier otro contrato. A menos que los partidarios de la doctrina del consentimiento implícito también quieran apoyar la idea de que los niños son capaces de consentir cosas como la prostitución o el consumo de drogas duras, yo sugeriría que se mantengan lejos de aplicarla a los niños.
Consentimiento por uso
Para simplificar las cosas, enfoquémonos en los adultos. Algunos dirán que la decisión de utilizar los servicios del Estado es implícitamente aceptar pagar por ellos y/o seguir sus reglas. Prima facie, esto tiene al menos un poco de sentido. Después de todo, este tipo de acuerdo se asemeja a otras interacciones en las que participamos regularmente en el mercado. Y si conducir en una carretera sólo implicara aceptar pagar por una parte de esa carretera y cumplir con algunas reglas de conducción, este no sería un concepto terrible. La pregunta que surge, sin embargo, es cómo se justifican cosas como la prohibición de drogas, la intervención extranjera, o una miríada de otras acciones gubernamentales porque usamos servicios proporcionados por el Estado. Es difícil ver por qué conducir por una vía pública, representaría implícitamente el consentimiento para una redada sin golpes en su casa mientras la policía busca drogas. Tampoco está claro por qué la utilización de una biblioteca pública es un respaldo para que las agencias de inteligencia y los militares usen sus recursos para intervenir en naciones de todo el mundo.
Si un Estado se limitara a cobrar sólo por servicios específicos prestados, y sólo estableciera reglas para el uso de esos servicios, entonces la autoridad soberana de ese Estado ya no estaría en duda. Si eso es todo lo que hace un «Estado», ya no es un Estado. Es simplemente otra entidad privada dedicada a la producción de servicios.
Consentimiento por el voto
¿Significa el acto de votar o cualquier otra forma de participación en el aparato político que estamos de acuerdo en seguir las reglas establecidas por ese órgano político? En primer lugar, no todos votan. Sin embargo, el Estado mantiene su autoridad sobre todos, independientemente de su participación. Si estamos sujetos a leyes, ya sea que supuestamente nos acojamos o no a través de la votación, entonces está claro que una votación no representa nada de eso.
A menudo se dice que los políticos son nuestros representantes. Pero el término «representante» utilizado en este contexto es un abuso del término. Si un político te representara de verdad, podrías llamarle e instruirle sobre cómo actuar en tu lugar. Entonces, si no cumplió con sus expectativas, puede despedirlo en el acto. Lo que realmente sucede es que los políticos dicen representar a cientos, miles o incluso cientos de miles de personas. Además de la impracticabilidad de representar con precisión los intereses de tantas personas, sigue existiendo la objeción de que no se les preguntó individualmente si podían ser representadas. Y como un político asumirá el poder sobre todos sin importar si algunos ciudadanos votaron explícitamente en su contra o no votaron en absoluto, un voto por el ganador no significa consentimiento para ser gobernado más que votar de cualquier otra manera. A menos que un voto sin voto sea igual a una falta de consentimiento, un voto no puede ser igual a un consentimiento.
Beneficios
Un último argumento del consentimiento implícito es que, dado que nos beneficiamos de los servicios o acciones del Estado, estamos obligados a pagar. Pero, ¿cómo calculamos el beneficio neto? Para muchas personas, la suma de todas las acciones del Estado es probablemente un efecto muy negativo para todos los que están fuera de los bien conectados políticamente. Sin embargo, esta sería una afirmación difícil de probar de una forma u otra. Así que abordaré este argumento bajo las mejores suposiciones.
Incluso si permitimos que los ciudadanos se beneficien enormemente de las políticas de sus sabios señores, eso no supondría obligaciones para los beneficiarios. Esto se conoce también como el argumento de las externalidades positivas. Una externalidad positiva es cuando un tercero se beneficia indirectamente de las interacciones de otros. Imagínese si cada vez que una persona experimenta algún tipo de beneficio, se viera obligada a pagar por él. Lavar al azar el coche de un extraño obligaría al propietario a pagar. Plantar un hermoso jardín en su jardín podría autorizarle a exigir el pago de sus vecinos por la mejora de la vista. Cuando se lleva a su conclusión lógica, podemos ver que el problema con esta teoría es que en realidad no se basa en el consentimiento del beneficiario, y conduce a resultados poco prácticos. Por eso, en todos los demás casos, exigimos un contrato explícito de servicios.
El problema fundamental con los argumentos anteriores es que requieren que se haga una gran excepción para el Estado. En ningún otro contexto tienen sentido estas racionalizaciones. En resumen, una teoría del consentimiento implícito para la autoridad estatal requiere que se acepte que el Estado tiene una autoridad que ninguna otra persona o entidad tiene.
