Un importante impedimento para comprender las valiosas ideas que ofrecen los economistas es que han entrenado a la gente para que ignore sus pronunciamientos sobre la eficiencia. El uso común de los economistas de un estándar de eficiencia conocido como «compensación potencial», que está en desacuerdo con un concepto más importante en el que la eficiencia avanza siempre que hay una mejora de Pareto (llamado así por Vilfredo Pareto), es una razón importante.
Supongamos que existe una política que supuestamente produce 100 dólares en beneficios para Adán e impone 40 dólares en costes a Eva. En esa situación, Adán podría compensar a Eva con algo entre 40 y 100 dólares. Si esa compensación se acordara realmente y se aceptara voluntariamente, ambas partes revelarían su creencia de que el resultado era eficiente porque ambos esperaban beneficiarse. Eso haría que dicho acuerdo fuera una mejora de Pareto, porque aquellos cuyos derechos estuvieran implicados saldrían ganando, y nadie saldría perjudicado. Esto es lo que ocurre en las transacciones voluntarias de mercado. Sin embargo, en las políticas públicas, la compensación no suele pagarse a los perdedores, por lo que la «compensación potencial» es una guía engañosa, porque algunos pierden, violando la norma de Pareto.
Cuando la compensación es aceptable y se paga, todas las partes obtienen más valor del que ceden. En estos casos, lo que los economistas denominan eficiencia—es decir, la posibilidad de mejorar la situación de todas las partes a través de la compensación—es lo mismo que lo que cada individuo ve como una mayor eficiencia para sí mismo. En ese caso, no hay diferencia entre la norma de Pareto y la basada en la compensación potencial.
Pero cuando no se paga la compensación, lo que supuestamente es eficiente para la sociedad según la norma de compensación potencial no tiene por qué ser una mejora de la eficiencia para cada parte. Esto viola la norma de Pareto, porque algunas de las partes implicadas salen perjudicadas. En el ejemplo anterior, Eva se ve perjudicada por una política supuestamente eficiente. Por eso vemos tan a menudo que la gente se opone enérgicamente a las políticas «eficientes», exigiendo la coacción del gobierno para imponer la «solución» supuestamente beneficiosa por encima de sus objeciones.
La confusión puede verse agravada por la tendencia de los economistas a decir también que algo es eficiente si se produce la cantidad «correcta» u «óptima» de producción. Desgraciadamente, incluso si se produjera esa cantidad (desconocida en ausencia de un proceso de mercado que la revele), las partes afectadas no podrían saber si realmente les beneficiaría hasta que supieran cómo se distribuiría la carga de los costes. Aquellos que resulten ser una carga desproporcionada podrían ser fácilmente perdedores, a pesar de esa supuesta eficiencia. Esta discriminación, ya sea impuesta a través de reglamentos (por ejemplo, las restricciones impuestas a los propietarios de bienes afectados en virtud de la Ley de Especies en Peligro) o de impuestos (por ejemplo, a través de impuestos progresivos sobre la renta), rompe la conexión entre la supuesta eficiencia y el mayor bienestar de los afectados.
Estas confusiones hacen que otros ignoren las afirmaciones de eficiencia de los economistas cuando se trata de lo que Franz Oppenheimer denominó «los medios políticos» para buscar el propio interés.
Si una política supuestamente «eficiente» no hace que Eva esté mejor, ¿por qué debería importarle si los economistas la califican de eficiente? Los que están en su situación (en la que nos encontramos todos con demasiada frecuencia) aprenden a ignorar los pronunciamientos sobre la eficiencia como algo irrelevante para la verdadera cuestión—«¿Me ayuda o me perjudica?». Como resultado, la gente aprende que si se les ayuda (sus beneficios superan sus costes), no les importa si se logra a través de medios que los economistas llaman ineficientes. Por otro lado, si se les perjudica (sus costes superan sus beneficios), no les importa si los economistas lo califican de eficiente. En cambio, los intercambios de mercado, por su naturaleza, se limitan a los que las partes implicadas acuerdan que mejoran la eficiencia.
Las declaraciones de los economistas sobre los programas «eficientes», mal explicados, si es que se explican, se utilizan para apoyar todo tipo de programas gubernamentales que violan el significado más central de la eficiencia—la norma de Pareto de las ganancias, pero no de las pérdidas, para los participantes en el intercambio. Sin embargo, estas afirmaciones de eficiencia siempre se pueden escuchar de algunos economistas—a los que Henry Hazlitt llamó una vez «las mejores mentes comprables», en Economics in One Lesson.
Como Hazlitt (y otros) expusieron, a veces se fijan en los efectos a corto plazo mientras ignoran los efectos a largo plazo, a menudo mucho más importantes; ignoran o subestiman los costes relevantes (incluidos los costes adicionales para la sociedad por las distorsiones causadas por los impuestos adicionales); sobrecontar los beneficios (alegando, por ejemplo, efectos multiplicadores del gasto, mientras se ignoran los mismos efectos multiplicadores en la dirección opuesta a la de la imposición requerida); contar los beneficios como costes (se alega que muchos proyectos gubernamentales generan ingresos y puestos de trabajo, como si ambos fueran beneficios, cuando sólo los ingresos son un beneficio y los puestos de trabajo son los costes en los que incurren las personas para obtener los ingresos añadidos); y realizar una serie de otras contorsiones lógicas. Y esta deformación del análisis beneficio-coste, que ha pasado de ser una técnica para analizar las cuestiones de forma más cuidadosa y sistemática, como la utilizaba Ben Franklin, a un marco para tergiversarlas de forma más convincente, respalda las falsas afirmaciones de que perjudicar a los afectados aumenta la eficiencia.
Pensar en términos de eficiencia puede ser útil para aumentar nuestro bienestar. Pero el uso chapucero e incoherente de la «eficiencia» por parte de los economistas es una poderosa fuente de malentendidos. Por eso, siempre que los argumentos se formulen en términos de eficiencia, hay que evaluarlos con mucho cuidado antes de darles crédito.
En particular, un principio subyacente crucial es que, si las personas que conocen las circunstancias y las compensaciones pertinentes siguen cooperando en los mercados, deben creer que es eficiente que lo hagan, dadas sus circunstancias y alternativas. Por lo tanto, anular sus decisiones por decreto gubernamental es una prueba prima facie de que se creará ineficiencia. Del mismo modo, si la gente se opone a que se le imponga una política supuestamente eficiente, esa política viola la norma de que nadie salga perjudicado. Y cuando el lenguaje de la eficiencia disfraza la transferencia de la toma de decisiones sobre la propiedad de una persona a otra, convirtiendo al beneficiario en el propietario efectivo sin pagar por el privilegio, la transferencia no tiene que ver realmente con la eficiencia.
Desgraciadamente, prácticamente todas las intervenciones gubernamentales justificadas con la pretensión de mejorar la eficiencia están manchadas de abusos lógicos, a no ser que se vean como una forma de que los beneficiarios tomen de forma más eficiente lo que pertenece a otros. Como resultado, la eficiencia ha pasado de ser un término útil de análisis y perspicacia a ser poco más que otra advertencia de que los sabios deben vigilar sus carteras.
