Cuando el presidente Barack Obama quiso recortar las emisiones de dióxido de carbono, pidió a sus asesores económicos que idearan una manera de calcular el efecto de dichas emisiones sobre la sociedad. La métrica así adoptada por la EPA se llamó “coste social del carbono” (SCC, por sus siglas en inglés).
Desde el principio, deberíamos advertir una distinción importante: el carbono es un elemento; el dióxido de carbono es un compuesto. El carbono es un sólido; el dióxido de carbono es un gas. El carbono, en forma de (por ejemplo) cenizas en el aire, polvo, partículas finas, puede ser dañino para la salud; el dióxido de carbono es inocuo, salvo en concentraciones muy altas (por encima de las 10.000 partes por millón) y aun así solo después de un exposición larga e ininterrumpida. Al contrario que el carbono, el dióxido de carbono es inodoro e incoloro y, salvo bajo las condiciones que acabo de describir, no es tóxico (de hecho, es indispensable para la fotosíntesis y por tanto para toda la vida). El “carbono” hace que la gente piense en hollín, humo, cielos neblinosos; el “dióxido de carbono”, no.
Por eso los defensores de reducir las emisiones de dióxido de carbono las llaman en su lugar “emisiones de carbono”. La expresión es engañosa y juega con la ignorancia y el miedo.
Y ahora vamos al meollo del asunto.
La EPA usa tres modelos para estimar el SCC: el Marco Climático para Incertidumbre, Negociación y Distribución (FUND, por sus siglas en inglés); el Clima-Economía Integrado Dinámico (DICE, por sus siglas en inglés) y el Análisis Político del Efecto Invernadero. A todos esos modelos juntos se les llaman modelos de evaluación integrada. Aunque dichos intentos parezcan laudables, los modelos sin embargo no ayudan en el mejor de los casos y son destructivos en el peor. Todos incorporan debilidades graves similares en cómo tratan de calcular el SCC. Por ejemplo:
Todos incluyen varios supuestos y proyecciones que son necesariamente más ad hoc que basados en una realidad empírica. Para llegar a un estimación numérica única del coste social de emitir una tonelada métrica de dióxido de carbono los modelos usan proyecciones de emisiones futuras (que también requieren proyecciones tanto de futuro crecimiento del PIB como de la cantidad de dióxido de carbono emitido por dólar del PIB), futuro dióxido atmosférico de carbono resultante de emisiones pasadas, presentes y futuras, cambios medios globales de temperatura resultantes de concentraciones más altas de dióxido de carbono e impacto económico, en términos de PIB y consumo perdidos, de temperaturas globales más altas. También incluyen estimaciones del coste de reducir las emisiones de carbono y supuestos acerca de la tasa de preferencia social-temporal por la que se descuenta el dinero futuro. Hay muchas proyecciones y conjeturas.
Entender todos los supuestos y proyecciones que incluían estos modelos ayuda a entender por qué los resultados son tan confusos como para no ser una ayuda real en absoluto para los legisladores. Un ejemplo: en 2015, la EPA usó uno de sus modelos para estimar que el SCC era de 37$ por tonelada métrica. Ese mismo año, otro estudio publicado en Nature Climate Change estimaba el coste en 220$ por tonelada. ¡Es una diferencia de casi el séxtuple! ¿Qué ha pasado? Resulta que estos modelos son muy sensibles a los valores de los parámetros que representan los efectos proyectados de las variables antes mencionadas.
Por ejemplo, Kevin Dayaratna, doctor en estadística, y David Kreutzer, doctor en economía, son coautores de una serie de estudios que demuestran que usar distintos niveles de solo una de las variables (preferencia social-temporal) tiene efectos importantes sobre las estimaciones resultantes del SCC generado por el modelo DICE. Manteniendo constantes las demás variables, un tipo de descuento del 2,5% genera un coste social del carbono de 87,69$, mientras que un tipo descuento del 7% genera un coste de 12,25$. También han señalado que usando estimaciones más actualizadas de lo sensible que es la temperatura al dióxido de carbono se reducía la estimación del SCC entre un 32% y un 42%, dependiendo de la magnitud del tipo de descuento usado. Y demostraron que el modelo FUND también es muy sensible a pequeños cambios en los parámetros del modelo. De hecho, incluso permite para grandes probabilidades que el SCC pueda ser negativo, es decir, que aumentos en la emisión de dióxido de carbono puedan generar un beneficio neto para la sociedad.
Los efectos positivos potenciales de unas mayores emisiones de dióxido de carbono normalmente se rechazan de plano. Aun así, reciente literatura científica indica que podría ser así. Un estudio de 2016 publicado en Nature Climate Change documenta que una buena parte de la tierra que muestra vegetación se ha beneficiado de una importante reforestación a lo largo de los últimos 35 años debido en buena parte a los crecientes niveles de dióxido de carbono atmosférico. Otra investigación documenta mayores rendimientos en la cosecha bajo una alta concentración de dióxido de carbono, haciendo la comida más abundante y asequible.
Con enemigos climáticos como éstos, ¿quién necesita amigos?
Además de todo esto, estos modelos calculan el SCC basado en las proyecciones antes mencionadas para 300 años en el futuro. ¿Pero quién sabe qué tecnologías energéticas estaremos usando ni siquiera dentro de 100 años? ¿Podría alguien en 1918 haber predicho las tecnologías actuales? La gente en realidad tiene muy poca idea de cómo sus decisiones económicas realizadas hoy afectarán a su situación dentro de tres años, no digamos de 30 o de 300. La idea de que un economista pueda predecir el efecto cuantitativo de una acción hoy sobre la economía dentro de 300 años sería risible si no fuera tomada tan en serio por políticos en busca de excusas para políticas con las que ya se han comprometido por otras razones.
¿No sería estupendo que pudiéramos determinar científicamente los costes o beneficios acumulados que generarían los próximos 300 años a partir de nuestras decisiones en el presente? Podría ser estupendo, pero es imposible. Como estos modelos producen resultados enormemente distintos dependiendo de las proyecciones y supuestos horneados en el pastel matemático, el economista Robert Pindyck, después de una revisión extensa de dichos modelos, concluía que tenían tantos defectos que los hacían prácticamente inútiles para la política. Aun así, diversos ecologistas piden que la EPA los use de todos modos. Debido a su grave, si no fatal, debilidad deberíamos ser realmente cautos. Y deberíamos ser especialmente precavidos a la hora de confiar en ellos para justificar políticas que empobrecen a las sociedades menos desarrolladas para conseguir quién sabe qué.
