Si las personas que torturan a los animales son psicópatas, entonces ¿qué son los funcionarios del gobierno que utilizan el dinero de los contribuyentes para financiar la tortura de animales? Muchos se hacen esta pregunta a raíz de las revelaciones de que el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, dirigido por el Dr. Anthony Fauci —alto sacerdote de la secta COVID— financió «investigaciones» médicas que implicaban la tortura de cachorros. Esto llevó a que «Despedir a Fauci» fuera tendencia en Twitter, y a que Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) pidiera su dimisión.
A la historia de la tortura de cachorros le siguió la revelación de que el gobierno federal financió la prueba de vacunas experimentales contra el SIDA en huérfanos. Muchos de los huérfanos utilizados como conejillos de indias humanos murieron posteriormente, y las enfermeras que asistieron a estos experimentos informaron de que muchos niños enfermaron inmediatamente después de recibir las vacunas.
Probar medicamentos peligrosos en huérfanos y torturar cachorros en nombre de la «ciencia» es ciertamente chocante, pero ¿es realmente sorprendente que el gobierno financie este tipo de actividades? ¿Cuál es la diferencia entre utilizar a huérfanos y cachorros para experimentos crueles en nombre de la protección de la salud pública y matar a niños inocentes en ataques con drones en nombre de la detención del terrorismo?
Irónicamente, estas revelaciones llegan cuando el Congreso está a punto de permitir que la burocracia federal destruya lo que queda de nuestra privacidad médica. Tanto la versión del Senado como la de la Cámara de Representantes del proyecto de ley de Asignaciones de Trabajo, Educación y Salud y Servicios Humanos eliminan la prohibición de desarrollar un «identificador único de paciente».
La prohibición de financiar el identificador único de paciente, que yo patrociné, está en vigor desde 1998. La presión para permitir que el gobierno obligue a todos los americanos a obtener un identificador único de paciente se justifica como un medio para controlar eficazmente el estado de «contacto e inmunización» de los americanos.
Cuando empecé a luchar contra la identificación única del paciente en los años 90, mis oponentes negaban que los identificadores médicos hicieran imposible garantizar la confidencialidad de los historiales médicos. Ahora, dicen que debemos apoyar los identificadores médicos porque permiten a los funcionarios del gobierno, los empleadores, las escuelas, las aerolíneas e incluso las tiendas y los restaurantes descubrir qué vacunas u otros tratamientos médicos hemos recibido o no. El resultado del identificador será un sistema de castas médicas, en el que a los que se niegan a seguir los mandatos o consejos de los «expertos» se les niega la oportunidad de trabajar, recibir una educación, o incluso ir a la iglesia o disfrutar de una noche en la ciudad.
Un identificador único de paciente debilitará la atención sanitaria al hacer que las personas sean reacias a compartir información personal -como el consumo de drogas y alcohol y los antecedentes sexuales- con los proveedores de atención sanitaria. También disuadirá a las personas enfermas de buscar atención médica por miedo a que sus médicos descubran que no están vacunados, que fuman, que tienen sobrepeso o que tienen otros comportamientos no aprobados.
Una identificación médica única también podría estar vinculada a los registros gubernamentales de compra de armas. Alguien con «demasiadas» armas podría ser etiquetado como un riesgo potencial para la salud mental y acosado por las fuerzas del orden. Esto es especialmente probable si los acaparadores de armas tienen éxito en su empeño por promulgar leyes de «bandera roja» en todos los estados.
Afortunadamente, existe una creciente resistencia a las vacunas y otros mandatos. Es poco probable que esta resistencia acepte pasivamente un identificador único de paciente emitido por el gobierno federal. Si los que conocemos la verdad aprovechamos la oportunidad que nos brinda la resistencia a la tiranía del COVID, no sólo podemos detener el plan para obligar a todos los americanos a obtener un «identificador único de paciente», sino acabar con todo el control gubernamental de nuestra atención sanitaria.
