En una reciente conferencia sobre su nuevo libro, Redressing Historical Injustice: Self-Ownership, Property Rights and Economic Equality, Wanjiru Njoya cuestionó los llamamientos actuales de algunos grupos indígenas a la «justicia de la tierra» para reparar las supuestas injusticias históricas de la colonización europea. Basándose en el libro de Murray N. Rothbard The Ethics of Liberty (La ética de la libertad), Njoya esbozó una serie de pautas para determinar la justicia real de tales reivindicaciones con referencia a Sudáfrica. Como principios generales, estas pautas también son útiles en otros contextos históricos. Aquí, por ejemplo, aplico estos principios del derecho natural al caso concreto de los indios cheroqui para responder a la pregunta: ¿robaron los colonizadores anglosajones las tierras de los cheroqui?
Como saben los rothbardianos, hay tres formas de adquirir propiedad privada según la ley natural: la mejora mediante el trabajo, el intercambio voluntario y el regalo o la herencia. La propiedad adquirida por cualquier otro medio sería propiedad robada y debe devolverse a su legítimo propietario. Njoya explicó que, para establecer la propiedad legítima, deben cumplirse razonablemente dos condiciones: los hechos de la posesión y la intención de poseer. En ausencia de estas condiciones, los individuos pueden apropiarse de bienes «impunemente». En los casos en que se pueda demostrar el robo, la propiedad debe devolverse, siempre que siga existiendo y se pueda identificar a los herederos legítimos.
Según estas normas, los cheroquis eran, de hecho, los legítimos propietarios de sus tierras. Antes del contacto con los europeos, los cherokees reconocían la propiedad privada individual, lo que demostraba claramente tanto los hechos de posesión como la intención de poseer. Los primeros visitantes de los pueblos cheroquis —James Adair (década de 1730), Henry Timberlake (década de 1750), John Haywood (década de 1760) y William Bartram (década de 1770)— atestiguaron los hechos de la posesión y el claro animus possidendi que establecía el innegable derecho individual de los cheroquis a la propiedad de sus tierras en virtud del derecho natural.
Entre 1721 y 1770, los cheroquis regalaron a los británicos aproximadamente doce millones de acres de tierra. En un contrato de 1772 con Virginia, los cheroquis intercambiaron medio millón de acres por unos 6.000 dólares. Estos intercambios fueron voluntarios, a pesar de los tejemanejes propios de las zonas rurales. Las cesiones involuntarias de tierras comenzaron en 1775 con los diecisiete millones de acres tomados en la notoria Compra Henderson, que los cheroquis impugnaron militarmente hasta que finalmente fueron derrotados en 1784. Esta tierra, junto con otros diez millones de acres tomados en 1785, se adquirieron por conquista y, por tanto, no se intercambiaron voluntariamente. Aunque la ley consuetudinaria afirma que la conquista confiere un título legítimo sobre la tierra, según la ley natural, dado que los cherokees no las cedieron voluntariamente, las tierras confiscadas habrían sido una toma injusta.
Sin embargo, a partir de 1791, todas las cesiones de tierras de los cheroquis fueron intercambios voluntarios consagrados en contratos jurídicamente vinculantes que transferían el título de propiedad privada a cambio de una contraprestación monetaria específica. Poco después, en 1808, los dirigentes cheroquis instituyeron un Rstado liberal, fiscal y monetario de buena fe para que el nuevo «gobierno» cheroqui pudiera hacer cumplir estos contratos con los EEUU. Por lo tanto, es posible determinar no sólo cuánto debía los EEUU por estas cesiones de tierras, sino también cuánto pagó realmente los EEUU por esa deuda legal a los cheroquis. A partir de un examen de la ley codificada y de los informes anuales de tesorería de la Nación Cheroqui, generados entre 1872 y 1902, no se puede afirmar que los EEUU robara las tierras cheroquis, ni el actual gobierno cheroqui haría siquiera esa afirmación.
En 1810, los cheroquis podrían haber alegado, con razón, que los EEUU habían robado los cinco millones de acres cedidos en 1805 porque los EEUU, en ese momento, estaba en incumplimiento de contrato, no habiendo pagado ni un centavo de las sumas acordadas. Después de 1820, bajo la persistente presión legal del «gobierno» cheroqui, los EEUU comenzó a pagar regularmente a los cheroquis estas deudas. Sin embargo, estos pagos nunca cubrieron el total de los intereses adeudados cada año, ascendiendo sólo a un tercio o la mitad de las sumas realmente adeudadas. Con la compra del Cherokee Outlet en 1891, los pagos se redujeron a alrededor del diez por ciento de los intereses anuales adeudados y finalmente cesaron tras la aprobación de la Ley Curtis en 1898. En 1902, cuando la Cherokee Allotment Act liquidó todos los bienes de los cheroquis, los EEUU aún debía a los cheroquis aproximadamente 43,5 millones de dólares.
Sin embargo, al tratarse de contratos legalmente vinculantes, la Nación Cheroqui prosiguió con estas reclamaciones decimonónicas hasta bien entrado el siglo XX, obteniendo sustanciosas indemnizaciones en los tribunales de los EEUU: 5 millones de dólares en 1906 y 14 millones en 1961. En los albores de la era neocolonial de la autodeterminación, a principios de la década de 1980, la deuda de los EEUU ascendía a unos 24 millones de dólares. Además, como cualquier otro gobierno estadual o de condado, los cheroquis han recibido desde entonces sumas desconocidas en subvenciones federales que también deben deducirse de esta antigua deuda. Así pues, por lo que respecta a las tierras cedidas después de 1791, la conclusión debe ser que, dentro del ámbito etéreo del gobierno, los EEUU ha compensado en su mayor parte a los cheroquis, según los acuerdos originales y contractuales para la transferencia de la titularidad de esas tierras.
Pero, ¿qué ocurre con las tierras cheroqui confiscadas por la fuerza como botín de guerra entre 1775 y 1784, la mayor cesión de la historia cheroqui? ¿Debe desplegarse la fuerza coercitiva del gobierno contra los actuales propietarios para cumplir alguna ambigua visión de la «justicia de la tierra»?
Según la ley natural, si la tierra sigue existiendo y se puede identificar a los propietarios originales, hay que devolverla. Como puede atestiguar cualquiera que recorra el Sendero de los Apalaches, las tierras siguen existiendo. El problema no es simplemente que no se pueda identificar a los propietarios originales. La verdadera lección consiste en comprender por qué no se puede identificar a esos propietarios. En resumen, según la ley natural, los «gobiernos» no pueden poseer ni conferir títulos de propiedad privada. Como explicó Rothbard en La ética de la libertad, «de hecho natural» la tierra sólo puede ser propiedad si ha sido colonizada y transformada. Por lo tanto, un gobierno no puede, «en ningún sentido propio, ‘poseer’ su área territorial». En consecuencia, «los acuerdos que celebre no confieren títulos de propiedad». Aunque artificiales y ficticios, los gobiernos coercitivos ejercen un poder real en el mundo para imponer sus rutinarias violaciones de la ley natural.
Tanto el «gobierno» cheroqui como el colonial se confabularon para redistribuir las tierras indias, borrando de hecho cualquier recuerdo de la propiedad anterior e imposibilitando cualquier identificación posterior de los propietarios originales. Permitir ahora que esas mismas fuerzas despojen arbitrariamente a los actuales propietarios y redistribuyan esa propiedad una vez más sólo sirve para absolver y recompensar a los ladrones por su mal comportamiento. Los individuos que negocian sus derechos de propiedad en un mercado libre no despojaron a los cheroquis de sus tierras entre 1775 y 1784. Fueron gobiernos ilegítimos, respaldados por el monopolio de la violencia, los que perpetraron estos crímenes. Responsabilizar ahora a individuos al azar que nunca consintieron estas acciones ilegales «no resuelve realmente el problema».
Aunque documentó la culpabilidad del gobierno federal en enfrentar a los indios con los americanos como «el más mortífero», Thomas Biolsi se negó a dejar que «los blancos se libraran» con su «comprensión sin culpa» de la injusticia colonial, arraigada en la ley natural. Biolsi insistió en que «los blancos» perpetuaron una «mala fe colectiva institucionalizada» hacia los nativos americanos y, por tanto, tenían «una obligación nacional positiva para con el bienestar de los demás, independientemente de cualquier culpa demostrable». Aunque permitir al gobierno confiscar arbitrariamente la propiedad privada a su antojo, independientemente de cualquier falta demostrable, sería ciertamente kafkiano, difícilmente sería justo.
