Hace dieciséis meses, en marzo de 2020, defendimos el fin de las paralizaciones impuestas por el gobierno a empresas, escuelas, iglesias, restaurantes y eventos debido al virus covid:
La paralización de la economía americana por decreto del gobierno debe terminar. Los daños duraderos y de gran alcance causados por este precedente autoritario superan con creces los causados por el virus COVID-19. El pueblo americano—individuos, familias, empresas—debe decidir por sí mismo cómo y cuándo reabrir la sociedad y volver a su vida cotidiana.
Nuestra afirmación fue directa: los funcionarios del gobierno no están calificados para considerar las compensaciones, económicas y de otro tipo, detrás de sus acciones contundentes y de mano dura. No pueden evaluar el riesgo de millones de personas, no pueden decidir qué actividades son esenciales o no, y no pueden pagar a los americanos para que se queden en casa y no trabajen.
Desde entonces, la advertencia de Frédéric Bastiat de que consideremos los resultados «invisibles» de la acción del Estado ha demostrado ser excepcionalmente sabía. La devastación económica provocada por la paralización de la economía de EEUU tardará años en comprenderse plenamente, especialmente en términos de coste de oportunidad. El Congreso y la Reserva Federal se confabularon para inyectar billones de dólares nuevos en la economía, dólares que, como es lógico, beneficiaron a los americanos más ricos y a las empresas más grandes. Lo que esto presagia para la inflación y los ahorros de la gente promedio es casi ciertamente negativo. Y el costo humano, en términos de enfermedades físicas y mentales engendradas por las paralizaciones—especialmente con respecto a los niños psicológicamente vulnerables—ya es enorme.
Más allá de América, se estima que 121 millones de personas en África, Haití y Venezuela pueden enfrentarse a la inanición debido a la reducción de la producción de alimentos el año pasado.
Incluso aceptando las estadísticas oficiales del gobierno, los «casos» de covid-19 (a menudo asintomáticos) en EEUU se sitúan en unos 35 millones, es decir, algo más del 10% de la población. La tasa de letalidad de la infección es discutida, pero ciertamente el virus es menos que letal para la gran mayoría de los que lo contraen—probablemente alrededor del 99%. Y ese 1% de muertes se concentra en gran medida en las personas mayores de ochenta años y en aquellas con comorbilidades existentes. Eso sin contar con el hecho de que esta tasa de mortalidad por infección no es uniforme para toda la población—también depende de la edad y de otros datos demográficos. Ambos grupos podrían haber estado más seguros en casa mientras el resto de América simplemente tomaba las precauciones habituales contra la gripe.
Esto significa que los funcionarios del gobierno y los medios de comunicación exageran el riesgo de hospitalización o muerte a causa del covid-19. Pero incluso si 10 millones de personas hubieran muerto, el principio subyacente sería el mismo: el gobierno no tiene ni la autoridad ni la sabiduría para forzar a los americanos a paralizar sus vidas y quedarse en casa.
Pocos imaginaron que América se enfrentaría a nuevas restricciones de covid en otoño de 2021. Sin embargo, el gobierno de Biden contempla ahora nuevas restricciones federales por el covid, mientras que los estados y las ciudades de todo el país estudian la posibilidad de imponer nuevas mascarillas y requisitos de vacunación para acceder a lugares públicos y empresas. El alcalde de la ciudad de Nueva York pretende prohibir a las personas no vacunadas la realización de muchas actividades a partir de septiembre. Los periodistas piden la creación de una lista de exclusión aérea para los no vacunados, mientras que las compañías de medios sociales deplataformizan las fuentes alternativas de información sobre el covid, las vacunas y los tratamientos alternativos.1 Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se atribuyen la extraña autoridad de prorrogar una moratoria de desahucios a nivel nacional, lo que representa una flagrante toma de posesión reglamentaria sin compensación para los propietarios. Viciar los contratos privados de alquiler es un precedente especialmente inquietante, y un desvío irrisorio del «imperio de la ley».
Nos oponemos firmemente a todas estas medidas por ser profundamente iliberales e incompatibles con una sociedad decente y libre. No es tarea ni derecho de los políticos ni de los funcionarios sanitarios ejercer autoridad sobre nuestros cuerpos físicos, obligar a un tratamiento médico o crear una subclase de americanos. Que alguna de estas medidas sea legal, según la legislación federal, estatal o local, es una cuestión distinta, aunque dudosa. Pero es importante subrayar que no hay ninguna excepción de salud pública a los requisitos del debido proceso de la constitución federal.
La «salud pública» es indefinida e indefinible, como cualquier medida agregada. Los individuos valoran cosas diferentes y, en consecuencia, toman decisiones diferentes en cuanto a su dieta, estilo de vida y hábitos personales. Si el gobierno y los funcionarios de salud realmente se preocupan por los riesgos del covid o delta, deberían centrarse en la obesidad, el ejercicio, la dieta y el sol para promover la inmunidad natural. Ahora nos dicen que la variante delta del virus justifica una nueva acción gubernamental. Pero todos los virus evolucionan, y a menudo se presentan otros nuevos durante la temporada de gripe. Si cada nuevo virus o variante justifica la paralización o las nuevas vacunas, nos enfrentaremos a un interminable infierno distópico de intervención estatal en nuestras decisiones médicas.
En última instancia, no podemos externalizar o delegar la responsabilidad de nuestra salud individual a los médicos, los políticos o los funcionarios médicos. No podemos vivir sin riesgos y, desde luego, no podemos obligar a otros a aceptar las vacunas o a inhibir sus exhalaciones naturales con mascarillas. Una y otra vez, los políticos nos engañan, creando alarmismo para justificar su propio deseo de poder y control político. Estados Unidos puede sobrevivir a un virus, pero no podemos sobrevivir a un gobierno sin ley que asume nuevos poderes cada vez que aparece un nuevo virus.
Los buenos americanos pueden y deben resistirse a nuevas paralizaciones, mandatos o restricciones. Las paralizaciones de 2020 no valieron la pena», y no deberíamos volver a cometer los mismos errores en 2021.
- 1No ofrecemos ninguna opinión sobre la eficacia o seguridad de las vacunas, ni de los tratamientos profilácticos sugeridos, como la ivermectina o la hidroxicloroquina. 2.Defendemos el principio de la plena y libre expresión, incluso cuando dicha expresión adopta la forma de información inexacta o controvertida. Y lo que es más importante, ¿quién en el gobierno, en las compañías de medios sociales o en las editoriales es tan sabio como para ser designado como decisor de los hechos? Y sí, las compañías privadas pueden deplataformizar gente por difundir «desinformación». La cuestión es que no deberían, y que son iliberales en sentido amplio cuando lo hacen.
