La mayoría de los filósofos políticos contemporáneos ven el capitalismo de libre mercado con recelo, cuando no con abierta aversión, pero una excepción es Gerald Gaus, que enseñó durante muchos años en la Universidad de Arizona. Gaus no era en absoluto un rothbardiano, sino que trabajaba dentro del marco de la «razón pública» propuesto por John Rawls, aunque Gaus lo modificó en gran medida. En la columna de esta semana, me gustaría comentar algunos de los argumentos sobre la propiedad que Gaus expone en Public Reason and Diversity: Reinterpretations of Liberalism (Cambridge University Press, 2022), una recopilación póstuma de sus ensayos editada por su alumno Kevin Vallier.
Los argumentos sobre la propiedad que voy a exponer no dependen del enfoque de la «razón pública» y son de gran valor para quienes adoptan otros puntos de vista. Dos de estos argumentos comparten una característica común. Ilustran la afirmación de Gaus de que gran parte de la filosofía política contemporánea adolece de falta de atención a los hechos empíricos. Por ejemplo, los filósofos asumen que
Con la excusa de hacer una «teoría ideal» según la cual asumimos el cumplimiento perfecto de nuestros principios distributivos preferidos, tenemos licencia para ignorar el hecho de que, digamos, los regímenes socialistas de mercado emplearían casi con toda seguridad una gran cantidad de coerción para impedir que la gente creara y expandiera empresas, o que los gobiernos de tales Estados, controlando todas las fuentes de inversión, tendrían casi con toda seguridad un tremendo poder político que pondría en peligro los derechos básicos de sus ciudadanos.
Gaus sostiene que Rawls tiene toda la razón al dar prioridad a la libertad, pero que no se da cuenta de que los hechos manifiestos del mundo demuestran que un sistema político liberal requiere fuertes derechos de propiedad privada y un mercado libre. En resumen, si te preocupan las libertades civiles, debes apoyar el libre mercado:
Existen pruebas fehacientes de que la propiedad privada extensiva —incluida la propiedad privada de los bienes de capital y de los instrumentos e instituciones financieros— es a todos los efectos prácticos un requisito para un orden social funcional y libre que proteja las libertades civiles. Es, creo, asombroso que Rawls nunca aprecie esto, y simplemente asuma... que el buen funcionamiento de los mercados puede divorciarse de la «propiedad privada en los medios de producción». Nunca ha existido un orden político caracterizado por un profundo respeto a la libertad personal que no se basara en un orden de mercado con una amplia propiedad privada de los medios de producción.
En apoyo de esta afirmación, Gaus se basa en el informe Economic Freedom of the World: 2008 Annual Survey de James Gwartney, Robert Lawson y Seth Norton, que incluye tablas que muestran una fuerte correlación entre la protección de la libertad económica y la protección de los derechos civiles.
Gaus considera y rechaza una réplica a este argumento que podrían ofrecer los detractores del libre mercado. Se trata de que el libre mercado permite, y de hecho hace probable, la existencia de grandes desigualdades de riqueza e ingresos. Incluso si no se comparte la opinión igualitaria de que estas desigualdades son intrínsecamente malas, hay buenas razones para restringir el alcance de la desigualdad. Esto se debe a que las personas muy ricas tienen una influencia indebida sobre el sistema político. Utilizan el gobierno para conseguir dinero y poder para sí mismos y, al hacerlo, reducen el valor de las libertades civiles de los menos pudientes.
En respuesta, Gaus apela de nuevo a la evidencia empírica:
Pero aunque a algunos les parezca obvio que las grandes desigualdades de renta y riqueza socavan el valor de las libertades políticas de los ciudadanos «menos favorecidos», esta afirmación es en realidad una conjetura. La cuestión de si los ciudadanos tienen una participación real —si sus derechos políticos tienen realmente un «valor justo»— es un asunto de sociología compleja.
Gaus procede a citar un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que «ofrece pocas bases para aceptar una fuerte relación entre la desigualdad de ingresos y un menor valor de los derechos políticos».
Gaus concluye que
es realmente dudoso que existan pruebas empíricas contundentes de una fuerte correlación en los países ricos entre las desigualdades económicas y un valor inferior al justo de la libertad política. . . . Hay buenas razones para pensar que, en los países de la OCDE, la variable más importante que explica las altas puntuaciones en derechos políticos son simplemente los altos niveles de riqueza e ingresos, y que el grado de igualdad es un factor relativamente menor.
Sería un error aducir aquí contra Gaus los males manifiestos del «capitalismo de amiguetes». Éstos dependen de las alianzas entre determinadas empresas y políticos corruptos. Las grandes desigualdades no bastan para generar capitalismo de amiguetes.
Algunos filósofos podrían inclinarse a responder a Gaus: «Aunque lo que dices sea cierto, no forma parte de la filosofía utilizar los datos de esta manera. Si quieres ser economista o politólogo, bien; pero la filosofía es una disciplina a priori y las consideraciones empíricas que planteas no tienen cabida en ella». Pero esto es precisamente lo que impugna Gaus, y su punto de vista tiene esto que decir a su favor. Si uno no estudia las pruebas, sino que se basa en lo que considera creencias de sentido común sobre lo que es plausible, sus argumentos pueden depender de premisas objetivamente falsas.
Gaus vuelve a utilizar material empírico de forma interesante para responder a una cuestión planteada por Will Wilkinson, que plantea una dificultad para la afirmación de que los tipos impositivos marginales altos son coercitivos. Wilkinson no cuestiona la afirmación de que los impuestos son coercitivos, sino que se pregunta por qué los impuestos altos son más coercitivos que los bajos. Argumenta que no hay grados de coerción: un impuesto es coercitivo o no lo es. Este argumento parece a primera vista contraintuitivo, pero Wilkinson ofrece una analogía en su apoyo. Un ladrón que atraca a cinco personas, obligándolas a darle su dinero, no es culpable de un mayor grado de coacción si las personas a las que atraca tienen mucho dinero en sus carteras que si no lo tienen.
La respuesta que da Gaus muestra de nuevo su inclinación por lo empírico. No ofrece un argumento a priori de que existan grados de coerción. En lugar de ello, apela a razones empíricas según las cuales es probable que los impuestos altos den lugar a una mayor coerción que los impuestos bajos:
A medida que aumenten los tipos impositivos, también aumentará el incumplimiento; es irremediablemente utópico no esperar un aumento del incumplimiento a medida que aumenten los tipos impositivos. . . . A medida que aumente el incumplimiento, el Estado centrará cada vez más su atención en identificar y coaccionar a los incumplidores. La cantidad de dinero implicada será enorme, y podemos esperar que los Estados recurran cada vez más al derecho penal.
Además, los tipos impositivos elevados reducen el número de opciones elegibles que tiene una persona y son, en ese sentido, coercitivos. Si el tipo impositivo es del 80%,
el estado esencialmente exige que uno pague el 80 por ciento para acogerse a una opción y amenaza a su persona si no lo hace. . . . Si adoptamos una metáfora de [Joel] Feinberg y pensamos en las opciones de uno como una serie de vías de ferrocarril que uno podría seguir, los elevados tipos impositivos hacen muy difícil seguir muchas rutas; dados los costes que implica tomar esas rutas, están efectivamente cerradas. Por supuesto, uno puede seguir dedicándose a estas actividades si está dispuesto a pagar el 80%, pero es igualmente cierto que uno puede seguir dedicándose a actividades delictivas si está dispuesto a pagar las sanciones.
Gerald Gaus es un importante pensador liberal clásico que merece un estudio detenido.
