El sábado 23 de marzo Bolivia celebró su censo nacional, un ejercicio que constituye una rutina en la recopilación de datos en la mayoría de los países del mundo. Y el reciente censo en la nación andina es sólo un recordatorio de lo que acecha bajo la superficie de esta encuesta autocrática. Aunque supuestamente su objetivo es recopilar datos demográficos y socioeconómicos, el censo plantea profundas cuestiones sobre las libertades individuales, el derecho a la intimidad, la eficiencia económica y el despilfarro absoluto de recursos.
El censo de Bolivia, como muchos otros en todo el mundo, consiste en una amplia recopilación de datos llevada a cabo por el gobierno. En el caso de Bolivia, se realiza cada 10 años, y es competencia del gobierno central hacerlo. Se hacen preguntas desde los nombres de todos los miembros del hogar, su estatus de ciudadanía, a dónde van si tienen una emergencia médica, cuántas personas viven en su casa, cuántas habitaciones tiene y muchas más preguntas que bordean lo demográfico estadístico hasta lo abiertamente invasivo.
El mero alcance de la información recopilada supone una grave amenaza para la autonomía personal. El principio de gobierno limitado se convierte en una víctima en nombre de la precisión estadística, ya que los ciudadanos se ven obligados a divulgar detalles íntimos bajo el pretexto del interés nacional. Y el gobierno boliviano va aún más lejos imponiendo su poder sobre los ciudadanos, ya que durante el censo activó un «Auto de Buen Gobierno», una serie de restricciones durante el día del censo para «garantizar» su ejecución.
Los pormenores de esta orden equivalen a un toque de queda estricto, la suspensión de todas las actividades privadas y públicas de viernes a domingo (con excepción de los servicios de emergencia), la prohibición del consumo de alcohol en público o en privado, la prohibición de circular por las calles y un toque de queda en el que todos los ciudadanos deben permanecer en sus domicilios durante toda la jornada censal. De hecho, 1.994 personas fueron detenidas, 154 aprehendidas y 270 vehículos retenidos por infringir esta normativa. Revelando hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno para obtener la información que su sistema burocrático desea.
La historia sirve de advertencia sobre los gobiernos que utilizan los datos del censo como herramienta política. Los resultados del censo de Bolivia pueden ser manipulados para servir a los intereses de quienes ostentan el poder, ya sea mediante la manipulación de los distritos electorales o la asignación de recursos a grupos de electores favorecidos. La inviolabilidad de los principios democráticos se ve socavada cuando los datos del censo se utilizan como arma para perpetuar el poder o reprimir la disidencia.
Desde la antigua Mesopotamia, donde las tablillas de arcilla detallan los recuentos de población con fines fiscales, hasta la antigua Roma, donde el censo servía como medio de estratificación social y reclutamiento militar. Los ciudadanos se clasificaban en función de su riqueza y estatus, y el censo constituía la base para la tributación y la asignación de los recursos del Estado. En el siglo XX, el censo adquirió nuevas dimensiones en la era de la vigilancia masiva y los regímenes totalitarios. En la Alemania nazi, el censo de 1939 facilitó la identificación y persecución de grupos minoritarios, allanando el camino al Holocausto. Del mismo modo, las operaciones censales de la Unión Soviética se utilizaron para vigilar y controlar a la población, sofocar la disidencia y perpetuar el dominio del Estado.
Incluso en las sociedades democráticas, los datos censales han sido susceptibles de manipulación con fines políticos. Una herramienta que en la Constitución de 1880 era una simple atribución de los municipios para conocer datos demográficos es ahora, en el artículo 146 de la constitución actual, un factor que determina el número de escaños que cada departamento (el equivalente a un estado en las divisiones políticas bolivianas) tiene en las cámaras legislativas. Información que potencialmente podría cambiar o fortalecer la posición de determinados partidos en el poder legislativo. Y no sólo están en juego los escaños parlamentarios, sino que el censo también determinará la distribución de recursos e ingresos fiscales que se asignan en función de la población declarada de cada municipio.
Además, la realización de un censo a escala nacional supone una carga económica. No sólo el censo que tuvo un coste de entre 68 y 84 millones de dólares. Sino que también paralizó todas las actividades a nivel nacional durante 24 horas. Se pierden muchos recursos y costes de oportunidad por un censo cuyos resultados son cuestionables.
Un fenómeno que fue evidente para cualquier persona que estuvo en Bolivia durante el día del censo fue el traslado masivo de personas a otros municipios, provincias o incluso a diferentes departamentos. Las razones son múltiples, una es el miedo, miedo a perder la propiedad, la Ley 1715 (quizás una de las leyes más polémicas y abominables de Bolivia) crea una situación en la que procede la expropiación de la propiedad agraria por falta de utilidad pública o cuando no cumple una función económico-social. En otras palabras, el famoso axioma revolucionario socialista «La tierra es de quien la trabaja» está lamentablemente presente en el contexto boliviano. Por ello, muchas personas viajan a sus propiedades, aunque no vivan en ellas, para hacer presencia y asegurarse de que el gobierno no tenga sus tierras como habitadas en los registros escritos.
La segunda razón principal por la que cientos de personas se trasladan sólo para el censo es para asegurarse de que sus ciudades de origen tienen registrados más habitantes de los que realmente tienen en el día a día, para asegurarse de que esos municipios reciben más recursos, ya sea mediante sobornos o amenazas de sus autoridades locales. «Tengo que ir al censo allí porque las autoridades nos han dicho que, si no vamos, nos quitarán nuestras tierras durante cinco años. O sea, no vamos a poder sembrar ni nada», dijo el testimonio de un comerciante que vive en la ciudad de El Alto y viajaba a su pueblo natal.
Otra gran polémica fue creada por el hecho de que el censo iba a ser realizado a lápiz. Una idea que podría pasar como irrelevante en otros países pero que en Bolivia refleja la desconfianza en la burocracia, al fin y al cabo, si las encuestas se hacen a lápiz qué impide que el censista borre las respuestas y las cambie a su gusto o al gusto de los políticos de turno. Un temor que al parecer existía, pues ya ha habido denuncias de censistas que han borrado datos de las papeletas del censo.
La verdad que la mayoría de los ciudadanos comprenden es que los datos que se obtengan del censo no serán fiables. Sin embargo, será un conjunto oficial de información utilizado por el gobierno para intervenir en el mercado de cualquier manera que pueda. En el ensayo «Estadísticas: Talón de Aquiles del Gobierno» Murray N. Rothbard dice:
Ciertamente, sólo mediante las estadísticas puede el gobierno federal hacer siquiera un intento vacilante de planificar, regular, controlar o reformar diversas industrias —o imponer la planificación central y la socialización de todo el sistema económico... Las estadísticas, para repetirlo, son los ojos y los oídos de los intervencionistas: del reformador intelectual, del político y del burócrata gubernamental. Si se cortan esos ojos y esos oídos, si se destruyen esas guías cruciales para el conocimiento, toda la amenaza de la intervención gubernamental desaparece casi por completo.
A medida que el reciente censo de Bolivia desaparece de los titulares, sus implicaciones perduran como un duro recordatorio de los peligros del poder gubernamental sin control. Más allá del barniz de exactitud estadística se encuentra una cuestión fundamental de libertad, que exige nuestra atención inquebrantable. Al criticar el censo de Bolivia, arrojamos luz sobre los costes ocultos y los peligros de la extralimitación gubernamental. Es una advertencia para quienes valoran la libertad individual y la prosperidad económica, y reafirma nuestro compromiso con los principios intemporales de libertad y autodeterminación.
