Como nativo de la zona rural de los Apalaches del este de Tennessee, he sido testigo directo del impacto de las leyes de Certificado de Necesidad (CON) en las pequeñas y desfavorecidas comunidades rurales. Estas despreciables normativas, supuestamente diseñadas para controlar los costes sanitarios y mantener la calidad, sólo han conseguido empeorar aún más los problemas sanitarios existentes y obstaculizar el acceso a servicios médicos críticos para los residentes rurales, especialmente los que se encuentran en zonas escasamente pobladas.
Una de las consecuencias más significativas de las leyes CON en las comunidades rurales es la restricción del acceso a la atención médica. Los estudios han demostrado que dichas normativas crean barreras para los nuevos proveedores, dificultándoles la entrada en el mercado y el servicio a las regiones subdesarrolladas, perpetuando un cuasimonopolio de unos pocos proveedores existentes.
Una investigación del Mercatus Center de la Universidad George Mason revela que las leyes CON se asocian a mayores tasas de mortalidad por afecciones tratables en zonas rurales. Al impedir el crecimiento de las instalaciones médicas y la adopción de tecnologías innovadoras, estas normativas privan a las comunidades rurales más pequeñas y a sus residentes del acceso a una atención especializada y a opciones de tratamiento oportunas. En pocas palabras, esto cuesta vidas.
Las leyes CON también provocan un aumento de los costes sanitarios, lo que supone una carga adicional para los residentes de las comunidades rurales que se enfrentan a problemas médicos. El mismo estudio del Mercatus Center reveló que los estados con programas CON tienen un gasto sanitario más elevado en comparación con los estados sin este tipo de restricciones. La falta de competencia resultante de las leyes CON permite a los proveedores existentes mantener precios elevados sin enfrentarse a las presiones normales de la competencia, que a menudo conducen a una mayor asequibilidad y eficiencia en un sector determinado. Según la Kaiser Family Foundation, los Estados con leyes CON tienen unos costes sanitarios un 11% más elevados que los Estados sin leyes CON. Es una estadística significativa.
La situación de los hospitales rurales bajo esta normativa es especialmente preocupante. Las leyes de CON han desempeñado un papel importante en el cierre de numerosas instalaciones sanitarias rurales, dejando a las comunidades con un acceso restringido a la atención de emergencia crítica y a los servicios médicos esenciales. Un estudio publicado en Health Affairs demuestra que la normativa CON está directamente relacionada con una mayor probabilidad de cierre de hospitales rurales, lo que intensifica aún más las disparidades existentes en la atención sanitaria en zonas ya de por sí desatendidas.
En estados como el mío, donde las comunidades rurales se enfrentan a un acceso limitado a servicios sanitarios vitales, el impacto de las leyes CON es especialmente perjudicial. Como defensores del libre mercado, los austriacos deberíamos ser especialmente firmes en nuestra defensa de la abolición total de estas leyes. De este modo, los proveedores de atención sanitaria tendrían más libertad para expandirse e innovar, lo que fomentaría una competencia sana que podría reducir los costes y mejorar la calidad de la atención para todos los residentes, independientemente de su ubicación geográfica.
Como ocurre con casi todos los demás problemas, la solución al elevado coste de la sanidad es eliminar la mano dura del gobierno y dejar que funcione el mercado. Para ello, las leyes CON deben ser las primeras de las muchas normas perjudiciales que aumentan artificialmente el coste de la asistencia sanitaria y hacen que los americanos de clase trabajadora se enfrenten a la guillotina.
