El Reino de España celebró elecciones el 23 de julio y la configuración resultante de la Cámara Baja del Congreso presenta varios retos para la gobernabilidad. En España, el poder ejecutivo no se elige directamente, sino que se designa mediante el voto de los representantes electos, de forma comparable al Colegio Electoral americano o al Parlamento británico. Para que un partido o coalición forme gobierno necesita al menos 176 votos de los 350 diputados. Si ninguno alcanza los 176 votos, es posible formar gobierno recibiendo más votos a favor que en contra. Si, transcurridos dos meses desde la primera votación, no se consigue formar gobierno, entonces el Rey debe disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones.
El reto actual se deriva de la composición del gobierno español. La coalición de izquierda obtuvo 171 escaños. La oposición de derecha obtuvo 172 escaños. Los siete escaños restantes están en manos de los secesionistas catalanes, cuyo líder, Carles Puigdemont, ha declarado que solo está dispuesto a apoyar la formación de un gobierno si aceptan una amnistía total para los procesados por los sucesos del fallido intento de secesión de 2017 y un referéndum de independencia vinculante.
Puigdemont también ha declarado que no confía en que el Presidente de izquierda en funciones, Pedro Sánchez, cumpla sus promesas, lo que parece excluir de plano cualquier apoyo del primero a un gobierno del segundo. Por otra parte, un partido constituyente de la coalición de derecha, Vox, caracterizado por ser conservador y unionista, se opone terminantemente a cualquier referéndum independentista.
Existe un escenario posible, aunque poco probable, en el que los dos partidos más grandes de cada coalición, que también resultan ser los más moderados, formen una gran coalición centrista. Esta coalición tendría 258 escaños. En tal caso, es probable que ninguno de los líderes de los partidos se convierta en Presidente, sino que se elija a un tecnócrata al estilo italiano. Los principales factores que hacen improbable este escenario son que los partidos relevantes hicieron claramente campaña unos contra otros, y un mal resultado podría dar lugar a una fuga significativa hacia los extremos para ambos partidos en las próximas elecciones.
El resultado más probable son unas nuevas elecciones, como ocurrió en 2019. No es probable que la parálisis del gobierno tenga un impacto significativo en la vida cotidiana, más allá de la perpetuación de cuestiones que aún no se han abordado. Entre las cuestiones más acuciantes, cabe destacar la situación general de la vivienda, incluidos los asuntos de los altos costes, la baja disponibilidad y la ocupación ilegal. Es interesante observar que hay quienes defienden a los ocupantes ilegales. Tal vez pasen por alto el hecho de que un acuerdo institucional favorable a los ocupantes ilegales también perjudica necesariamente a los inquilinos. El aumento de los costes por el mayor riesgo de ocupación ilegal reduce la rentabilidad de la oferta de vivienda, lo que reduce la oferta de vivienda en sí, dando lugar a una menor disponibilidad y mayores costes para los inquilinos.
