Si alguien duda de que el contrabando de personas es un problema, los acontecimientos de las últimas dos semanas aquí en el sur de Texas deberían desengañarse de la idea. A estas alturas ya sabemos de los cincuenta y tres inmigrantes que perdieron la vida en un camión de 18 ruedas en plena ebullición aquí en San Antonio. Unos días más tarde, hubo un accidente mortal en una operación de «intento de contrabando de personas» a este lado de Laredo.
Por lo visto, parece que los ciudadanos están más al tanto de este asunto que las autoridades locales.
La semana anterior a las tragedias, asistí a una reunión sobre el «crimen en la zona norte» en una sinagoga local con mi grupo local y no partidista InfuseSA. En ella participaron dos concejales de San Antonio, el jefe de policía y el fiscal del condado de Bexar.
Además del rutinario y equivocado chivo expiatorio del fiscal sobre la «pandemia» por los problemas de los últimos dos años, los más de cien asistentes también refunfuñaron cuando expresó su sorpresa por el hecho de que la preocupación criminal número uno entre ellos fuera el «contrabando de personas».
«No tenemos un número elevado de casos de trata de personas que se hayan presentado en nuestra oficina».
Como si siguieran el mismo guión, los medios de comunicación locales informaron de que «los delitos que preocupaban a los asistentes... parecían ser los allanamientos o robos». Atribuir la reacción de asombro de uno de nuestros entusiastas a una mera «declaración» del fiscal puso de manifiesto la desconexión.
Esperemos que esta actitud cambie. Mientras tanto, hay que superar algunos obstáculos.
Nuestro jefe de policía ofreció una opinión que ya ha expresado antes, que «llevar un estilo de vida de alto riesgo, incluyendo el uso de drogas o la prostitución, pone a la gente en riesgo de crímenes violentos».
Aunque en una llamada telefónica posterior me reafirmó que (sabiamente) trata de mantenerse al margen de la política, ésta entra en juego aquí. Hay que reconciliar los enfoques políticos predominantes.
Después de dar un paso adelante hace unos años, el Partido Republicano de Texas dio marcha atrás en su convención recientemente al incluir la oposición a la despenalización de la marihuana en su plataforma. Hay que elogiar a nuestro fiscal de distrito, un Demócrata, por ir en la otra dirección, quitando prioridad a la persecución de estas actividades que implican a partes voluntarias y/o consentidas.
Sin embargo, estos actos no incluyen el robo, el vandalismo o similares. Las agresiones flagrantes de una parte contra otra merecen una noche o más de cárcel, según la gravedad de la infracción.
Diferenciar adecuadamente los delitos reales de los falsos es el deber de los representantes elegidos. Los segundos distraen a las fuerzas del orden de los primeros, aumentando innecesariamente su carga de trabajo. Por desgracia, los políticos están demasiado ocupados creando imanes para más.
El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, al lamentar la tragedia del contrabando en nuestro lado suroeste, señaló cómo «dependemos de la mano de obra de los inmigrantes en medio de una escasez de mano de obra.»
Sin embargo, si eso es digno de mención aquí, ¿por qué él y el ayuntamiento desaniman a los sanantonienses a llenar el vacío?
Lo llaman «financiación de emergencia» para los «servicios integrales» de los inscritos en su programa «Ready to Work». Pero cuando se aumentan las dádivas a la gente, se reduce su incentivo para buscar trabajo.
Además, cuando se apunta a los «inmigrantes indocumentados» como beneficiarios de un bono de «vivienda asequible» recientemente aprobado, se aumenta el atractivo de su paso por aquí, aunque signifique arriesgar sus propias vidas.
Todo esto da la impresión de que la ciudad prefiere que los extranjeros tapen los agujeros de empleo mientras deja de lado a los sanantonianos mimándolos por el camino. Es contraproducente en el mejor de los casos, y condescendiente en el peor.
Como indicó el alcalde, la inmigración es en gran medida una responsabilidad federal. Pero eso no significa que sus acciones, como convencer a los votantes de que aprueben esas iniciativas, no sean susceptibles de las leyes de la naturaleza y la economía.
Los estados y municipios que llevan a cabo este tipo de actividades no pueden lavarse totalmente las manos de problemas como éste.
