No es sorprendente que los derechistas estén celebrando la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucionales las políticas de discriminación positiva en las universidades americanas. En el proceso, los conservadores no reconocen que, al mismo tiempo, están celebrando una mayor destrucción de la libertad americana y de los derechos de propiedad privada.
Después de todo, ¿por qué no debería una universidad privada, como Harvard, ser libre de establecer la política que quiera para admitir estudiantes? Es su universidad, ¿no? ¿Por qué debería la Cote Suprema ejercer el poder de dictar a una institución de propiedad privada lo que puede y no puede hacer?
[LEER MÁS: «La sentencia sobre discriminación positiva refuerza los amplios poderes federales «antidiscriminatorios»», por Ryan McMaken].
Todos estamos de acuerdo en que no queremos que una entidad estatal discrimine por motivos de raza, color, credo, origen nacional o inclinación sexual. Pero en una sociedad verdaderamente libre, los particulares deben ser libres de ejercer el derecho fundamental, dado por Dios, de la libertad de asociación y de dirigir sus negocios como quieran.
Por tanto, si una universidad privada quiere dar preferencia a determinados grupos raciales, debe ser libre de hacerlo. Claro que la gente puede estar en desacuerdo con esa decisión, pero eso no significa que el gobierno deba ejercer la autoridad para interferir. Si la gente no está de acuerdo con una determinada política establecida por una universidad, puede irse a otra. También pueden protestar, condenar al ostracismo o condenar públicamente a una universidad con cuyas políticas no están de acuerdo. La universidad es libre de modificar su política en respuesta a los sentimientos de los consumidores o, por el contrario, seguir manteniéndola. Así es como funcionan las cosas en una sociedad auténticamente libre.
Entonces, ¿por qué la Corte Suprema tiene autoridad para dictar a una universidad privada cuál va a ser o no su política de admisión?
La respuesta es que la mayoría de las universidades privadas aceptan fondos del gobierno y sus estudiantes reciben becas del gobierno. Ese simple hecho de recibir ayudas del Estado otorga al gobierno federal, incluida la Corte Suprema, la capacidad de ejercer un poder dictatorial sobre la gestión de una universidad privada.
Los americanos se han acostumbrado tanto a las universidades e institutos de enseñanza superior de propiedad estatal y a las universidades e institutos de enseñanza superior subvencionados por el Estado que casi nadie lo cuestiona. Ahora se aceptan como parte permanente de la sociedad americana. Así, ni conservadores ni progresistas cuestionan el statu quo de la enseñanza superior.
Sin embargo, debe ser cuestionada, no sólo porque es una política inmoral, sino también porque otorga al gobierno el poder de dictar la forma en que funcionan los colegios y universidades.
Supongamos que la Universidad John Doe necesita 100 millones de dólares para funcionar. Depende de 40 millones en matrículas y 60 millones en donaciones. Recauda los 40 millones en matrículas, pero tras una amplia campaña de captación de fondos sólo consigue 20 millones en donaciones.
Así que corre al Estado y exclama: «Los ciudadanos son unos egoístas. Sólo quieren darnos 20 millones. Por favor, graven con 40 millones y dennos el dinero a nosotros». El Estado cumple.
¿Dónde está la justicia en un proceso así? ¿Por qué no puede la gente decidir por sí misma qué hacer con su dinero? Si no quieren hacer donaciones a una determinada universidad, ¿por qué se les obliga a hacerlo? ¿Cómo se puede conciliar la obligación con los principios de libertad?
¿Y si la universidad tiene que cerrar? Pues que así sea. Si un negocio no puede satisfacer a los consumidores o a los donantes, tiene que cerrar. En eso consiste en parte el libre mercado.
El Hillsdale College de Michigan tiene desde hace tiempo la política de no aceptar fondos estatales. Como tal, ni el gobierno estadual ni el federal, incluida la Corte Suprema, tienen poder para controlar o regular a Hillsdale en ningún aspecto.
Hace muchos años, los federales, incapaces de tolerar este oasis de independencia educativa del control estatal, declararon que el gobierno federal iba a controlar y regular en adelante las políticas de admisión de Hillsdale. ¿Su justificación? Los federales dijeron que como los estudiantes de Hillsdale aceptaban becas del gobierno, eso les daba el poder de regular la oficina de admisiones de Hillsdale.
Las cortes federales estuvieron de acuerdo con la postura del gobierno. Entonces, ¿qué hizo Hillsdale? Prohibió a sus estudiantes aceptar becas del gobierno. Y luego recaudó suficiente dinero a través de donaciones voluntarias para reemplazar todas las subvenciones del gobierno. Hoy, para disgusto de los federales, Hillsdale funciona de forma totalmente independiente, es decir, sin ningún tipo de control, supervisión, regulación o vigilancia gubernamental.
En otras palabras, Hillsdale no está sujeta a la reciente sentencia de la Corte Suprema sobre discriminación positiva. La escuela es libre de adoptar cualquier política de admisión que desee, incluida la discriminación positiva.
El modelo de Hillsdale es lo que tenemos que hacer con la educación superior por completo. No tenemos por qué aceptar el modelo estatista de educación superior establecido desde hace tiempo. Podemos elevar nuestra visión a un nivel superior: uno que separe por completo la educación y el Estado. Libremos a nuestra nación de las universidades públicas y de las subvencionadas por el Estado. Dejemos que la gente decida libremente qué hacer con su propio dinero. Y hagamos que todos los colegios y universidades sean independientes del control gubernamental, incluido el control de la Corte Suprema.
Publicado originalmente por la Fundación Futuro de la Libertad.
