Donar tiempo y/o recursos es una actividad virtuosa. Los feligreses son voluntarios en la iglesia. Los padres ayudan en las funciones escolares de sus hijos. Los ciudadanos limpian los parques.
Algunos gobiernos estatales y/o locales lo han monetizado ofreciendo a los ancianos voluntarios una rebaja en sus impuestos sobre la propiedad. Si bien la eliminación total de este odioso impuesto es el objetivo final, cualquier reducción del mismo en el ínterin será suficiente.
Sin embargo, hay algunos problemas con estos recortes.
Una cosa que nos permite ser voluntarios es nuestra prosperidad. A pesar de las declaraciones de algunos políticos, la situación actual es inestable. Además del precio de la gasolina, el hundimiento de los mercados bursátiles y otros efectos residuales de los cierres del gobierno, estamos experimentando una continua escasez de mano de obra.
Estos descuentos agravan ese problema.
En una entrevista reciente, una concejala de San Antonio afirmó que su plan está dirigido a quienes «ya» son voluntarios. «También pueden obtener crédito», dijo. La propuesta política oficial implica lo contrario.
Citando estudios sobre «aislamiento y soledad», señala los beneficios de sacar a los mayores de casa, cómo puede frenar el deterioro cognitivo, entre otros efectos negativos asociados al envejecimiento.
Como consecuencia, se ven atraídos por el sector privado, donde los ancianos como mi padre sienten que «aún tienen más que dar».
Independientemente de la cuantía de los créditos del impuesto sobre la propiedad, las personas mayores podrían perder su casa, al igual que el resto de nosotros, si no pueden pagar el saldo. Miles de personas llevan ya más de dos años de retraso en el pago del impuesto.
Es muy posible que los municipios que pretenden ser un «empleador de elección» no vean este vínculo. Señala una preocupación subyacente: la desconexión que existe entre los gobiernos y los ciudadanos.
Cuando la gran mayoría del personal y de los representantes elegidos está a favor de un gobierno más activo, no es de extrañar que los documentos oficiales pregonen que los «ingresos fiscales han sido buenos», aunque no se hayan obtenido. El respeto a los individuos y a los creadores de riqueza independientes pasa a un segundo plano.
Pueden dictar «el número máximo de participantes y... la reducción (que pueden recibir)», protegiendo a los suyos «para no afectar negativamente a... las operaciones».
Los medios de comunicación se suman a este coro caracterizando el ahorro de exenciones a los contribuyentes como lo que «pierde la ciudad».
Los sistemas de impuestos sobre la propiedad no son más que herramientas de ingeniería social. Si programas como estos «funcionan bien», los gobiernos se reservan el poder de determinar «otras poblaciones que puedan ser vulnerables».
Como señalan los propios tasadores públicos, los impuestos sobre la propiedad son también un instrumento para el amiguismo, dado el desigual favoritismo mostrado hacia la propiedad comercial.
La única vez que los políticos conceden este favor a los propietarios de viviendas es cuando sus respectivos estados les obligan a ello. Irónicamente, a veces es el propio Estado el que permite imponer este impuesto en primer lugar.
Romper esa nuez es una tarea totalmente distinta.
De momento, parafraseando a Chris Rock, sólo porque un municipio pueda hacerlo, no significa que deba hacerlo. Por desgracia, seguimos recibiendo la paliza de Will Smith. Sin embargo, de vez en cuando se presentan oportunidades políticas.
A los políticos les gusta decir que su «voto se basa en las necesidades de (sus) electores». Con demasiada frecuencia eso se utiliza para justificar que se quite a unos para dar a otros. Me vienen a la mente las leyes de baja por enfermedad pagada.
Cuando extiendan esta «creencia en el gobierno representativo» a las súplicas que están escuchando para «aliviar el impuesto sobre la propiedad», los votantes deberían abalanzarse.
Estos principios flexibles, y cualquier nueva religión (desde el ahorro «sin sentido» de una exención del 5%, hasta el deseo de «(ir) a lo grande»), deberían ser aprovechados para abolir definitivamente este anticuado esquema fiscal.
La gente es más generosa cuando es más próspera. Los sobornos del gobierno no necesitan aplicarse.
