Las elecciones primarias argentinas se celebraron el 13 de agosto y sólo un candidato a la presidencia había presentado un plan de gobierno detallado. Se trata de Javier Milei, economista y actual diputado. Se autodenomina anarcocapitalista y obtuvo el 30% cuando se esperaba que obtuviera en torno al 20% del total de votos. Había razones para creer que es más competitivo de lo que mostraban las encuestas, ya que no tienen en cuenta el nivel de energía de cada grupo de votantes y su disposición a acudir a las urnas cuando llegue el día. Con todo, una victoria de Milei en las elecciones generales es ahora el escenario más probable.
Aunque ya había descrito los principales elementos de su plan, fue el 2 de agosto cuando Milei presentó un plan detallado. Los principales temas que aborda el plan son la economía y la delincuencia. Argentina sufre una abrumadora carga estatal y una criminalidad rampante. Cerca de la mitad de su población se encuentra actualmente por debajo del umbral de la pobreza. Desde el punto de vista anarquista, el plan es pragmático.
La primera medida consiste en una reforma organizativa del gobierno, pasando de 18 a 8 ministerios. Los ministerios que se incluirán son los de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad, Infraestructuras y Capital Humano. En principio no se despedirá a ningún burócrata de carrera, pero se le reasignará. Los nombramientos políticos no se renovarán y se reducirán al mínimo. Se eliminarán todos los privilegios de los empleados públicos, como guardaespaldas y chóferes, salvo en los casos en que sean absolutamente necesarios por razones de seguridad. Esta medida también incluye iniciar el proceso de privatización o cierre de todas las empresas estatales.
La segunda medida consiste en una reducción significativa del gasto público. Para el primer presupuesto, pretenden eliminar partidas de gasto que ascienden al 15 por ciento del PIB, llevándolo de un déficit a un superávit. Por el lado de los ingresos, se pretende eliminar el 90 por ciento de los impuestos, que sólo recaudan una cantidad equivalente al 2 por ciento del PIB pero tienen un efecto distorsionador. También se pretende bajar los impuestos que quedan.
La tercera medida consiste en una flexibilización de la normativa laboral. Despedir a un empleado es actualmente muy costoso en Argentina entre litigios e indemnizaciones. Esta medida está orientada a reducir esos costes facilitando a las empresas el despido de nuevos empleados. La contrapartida de esta medida es la implementación de un seguro de desempleo privado. Con esta medida buscan llevar el empleo formal en el sector privado de 6 millones de puestos a 14 millones de puestos.
La cuarta medida consiste en una liberalización del comercio. El objetivo de esta medida es el libre comercio unilateral al estilo de Chile. Esto incluye la eliminación de todos los aranceles de importación y exportación y la reducción de las restricciones reglamentarias.
La quinta medida consiste en una reforma monetaria. Esta medida incluye permitir el uso de cualquier mercancía o moneda extranjera como moneda de curso legal y la liquidación del banco central, lo que supondría la eliminación del peso argentino. Existen planes alternativos para la aplicación de esta medida, pero el principal es el desarrollado por Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky. En cuanto a los plazos, tardaría entre nueve y 24 meses. La conversión se haría al tipo de cambio de mercado. Una vez convertidos dos tercios de la base monetaria, se activaría una cuenta atrás para la última fecha de conversión.
Un reto adicional para esta medida es que el banco central ha remunerado pasivos tres veces superiores al tamaño de la base monetaria. Son como el programa de la Reserva Federal de pagar intereses sobre las reservas para esterilizar los aumentos de la cantidad de dinero. El banco central tiene algunas materias primas y divisas en reservas, pero la mayoría de los activos consisten en bonos del Estado que actualmente cotizan a un tercio de su valor nominal. Para acceder a la liquidez necesaria para liquidar el banco central, los bonos se transferirían a un fondo que adquiriría la línea de crédito necesaria utilizando los bonos como garantía. La línea de crédito ya se ha acordado confidencialmente. Se garantiza que los bonos aumentarán de precio si se elimina el déficit presupuestario, tal como se especifica en la segunda medida.
La sexta medida consiste en una reforma energética. Esta medida pretende eliminar todos los subsidios a los proveedores de energía a través de una recalibración del equilibrio financiero para bajar los costes con el fin de mantener la rentabilidad de las empresas y minimizar el impacto en el coste para los consumidores. Esta medida abre una puerta a las subvenciones por el lado de la demanda para los hogares vulnerables. También pretenden mejorar las infraestructuras energéticas mediante un sistema de declaraciones de interés público para proyectos que serían financiados y ejecutados por el sector privado, pero para los que el gobierno podría ofrecer una garantía mínima de ingresos.
La séptima medida consiste en fomentar la inversión. Esto se hará mediante un régimen jurídico especial para las inversiones a largo plazo, con especial atención a la minería, los combustibles fósiles, las energías renovables, la silvicultura y otros sectores. Para fomentar la inversión, también se intentará eliminar las restricciones cambiarias y las tasas a la exportación.
La octava medida consiste en una reforma agraria. Incluye la eliminación del diferencial de divisas entre el tipo de cambio oficial y el de mercado mediante la liquidación del banco central, la eliminación de todas las tasas y retenciones a la exportación, la eliminación del impuesto sobre los ingresos brutos, la eliminación de todas las restricciones al comercio exterior, incluidas las cuotas y la necesidad de autorización, la promulgación de una nueva ley de semillas y la mejora de la infraestructura viaria a través de la empresa privada.
La novena medida consiste en una reforma judicial. Esta medida incluye la designación de un Ministro de Justicia con el consenso del Poder Judicial, así como el nombramiento de un Magistrado de la Corte Suprema sin filiación política para cubrir la vacante actual, la prohibición a los miembros del Poder Judicial de hacer política partidista y la promoción de la independencia presupuestaria del Poder Judicial. Además, buscarán implementar los juicios con jurado y los juicios orales en todo el país.
La décima medida consiste en una reforma de la asistencia social. Inicialmente se mantendrán las prestaciones sociales actuales. A largo plazo pretenden avanzar hacia un sistema privado en el que los usuarios paguen por los servicios de salud y educación que consumen. En el corto plazo se busca proveer programas de protección de ingresos para mitigar la pobreza extrema, programas nutricionales, programas educativos para padres sobre estimulación cognitiva, mayor cobertura para preescolar, incentivos para la graduación, programas para la integración de personas con discapacidad, la promoción del acceso al crédito privado, y la eliminación de todos los intermediarios en la provisión de bienestar.
La undécima medida consiste en una reforma educativa. Su objetivo es avanzar hacia un mayor grado de libertad para elegir los planes de estudio, los métodos y los educadores. La medida también incluye la puesta en marcha de un programa piloto de vales escolares. También establecerán un criterio de evaluación de las escuelas para que puedan competir por incentivos.
La duodécima medida consiste en una reforma sanitaria. Su objetivo es transferir la subvención de la asistencia sanitaria de la oferta a la demanda para permitir una mayor libertad de elección y competencia. Esta medida incluye ofrecer las prestaciones sanitarias existentes en forma de bonos, de modo que no haya restricciones a un proveedor concreto.
La decimotercera medida consiste en una reforma en materia de seguridad. Esta medida incluye reformas a las leyes de seguridad interior, defensa nacional e inteligencia, así como una reforma al sistema penitenciario para incorporar híbridos público-privados e intensificar la persecución del narcotráfico.
