El capitalismo de Estado suele considerarse un anatema para la tradición voluntarista. Sin embargo, esta idea puede ser útil para nuestra tradición. En particular, me preocupa nuestra incapacidad para contrarrestar ciertas críticas procedentes de la izquierda «libertaria». En este artículo propongo un nuevo sistema de gobierno que responda a estas críticas.
Empecemos por las críticas que hay que descartar. Entre las que hay que descartar, la de los padres que venden a sus hijos para que trabajen y la de que les paguen mal o hagan horas extras. No deberíamos dignificar estas cuestiones; desvían la atención de una crítica principal: que nuestra sociedad faculte a una entidad empresarial para actuar y servir como gobierno de facto.
Ahora bien, si no hay Estado, no hay búsqueda de rentas, y con mucha frecuencia se lo señalamos a nuestros detractores. Sin embargo, los ecosistemas políticos son orgánicos y eso hace que en la anarquía también se doblegue el interés propio. Entonces, ¿cuál es la alternativa?
En primer lugar, imaginemos que existe una carta constitucional en la sociedad propuesta. Un estatuto es un documento que concede derechos al público, a los constituyentes individuales de esa sociedad. Es esencialmente una constitución a todos los efectos. Ahora bien, esta carta constitutiva crea una compañía. Así, una compañía constituida no define ninguna limitación o mínimo en cuanto a su tamaño, pero sí establece una estructura inmutable con su consejo de administración.
Esta compañía constituida se clasificaría como «el gobierno». Aquí es donde se acaba la semántica, ya que «el gobierno» tendría prohibido obtener y ejercer poderes policiales, impuestos o cualquier otra cosa que implique infracción. Se trata, en esencia, de un gobierno nominal y provisional. Es un marcador de posición, para impedir que otra compañía actúe como autoridad sustituta y nada más.
Esto es importante, sobre todo en lo que se refiere a la falta de poder tributario. ¿Por qué? Los impuestos no sólo son un robo, sino que también significan una falta de responsabilidad fiscal o de mérito general. Si el Estado puede extorsionar para cubrir sus deficiencias, no tiene incentivos para controlarse. Así, se evita este problema. Esto se evita, lo que importa es que aquí «el gobierno» funcionará como un negocio.
¿Por qué entonces definir «el gobierno» en mi sistema propuesto como una compañía constituida? Si se trata simplemente de un Estado sin contrato social, probablemente esa pregunta se le pase por la cabeza. Fácil, opera como lo hace un negocio en la forma de vender sus servicios. Piensa en la beneficencia como un bien privado que compite con sus competidores en el mercado. Si no tiene poder de extorsión para cubrir sus pérdidas, debe apelar al consumidor.
Eso no es irrelevante en el sistema que propongo, porque hay negocios privados alrededor de «el gobierno». «El gobierno» no tiene un monopolio, como otras formas de capitalismo de Estado. Por lo tanto, ciertamente está compitiendo dentro del mercado, ahora espera obtener lucros. Estos lucros son un sustituto de los impuestos. Por ejemplo, uno de los productos que «el gobierno» quiere vender es la sanidad. Debe hacerlo mejor que Aetna o Blue Cross, es decir, obtener mayores beneficios atendiendo a su público y controlando por partida doble cualquier gasto suelto.
Bastante sencillo, ¿verdad? Además de establecer «el gobierno», este documento de la Carta establece un protocolo para su propia nacionalización. Aquí, la nacionalización del «gobierno» significa la asunción del control democrático directo sobre sí mismo. El público común supervisaría y operaría para cada transacción o decisión de gestión en «el gobierno» por referéndum, en otras palabras. El protocolo es el siguiente: cualquier ciudadano puede convocar un referéndum popular en caso de que «el gobierno» no consiga evitar la quiebra de sus finanzas.
Esta nacionalización sólo podría producirse en ese momento. Además, cualquier control democrático directo tendría prohibido cambiar los términos del documento constitutivo. Simplemente, les da el control sobre sus operaciones y empleos, pero nada más. Es aquí donde comienza la diversión, ya que no se pretende un control contra el poder. Más bien, se espera que la nacionalización sólo pueda reforzar una quiebra cíclica que permita un crecimiento de los competidores privados para superar a «el gobierno».
Lo más importante de todo esto podría ser que proporciona al izquierdista «libertario» una sensación de control con la que mantenerse cómodo. Además, su protocolo de «nacionalización» garantiza que cualquier exigencia de que se invente un Estado funcione totalmente dentro de un paradigma controlado. Dado que cualquier escándalo o fracaso es fácilmente explotable con ese fin, es hora de que esto se planifique.
