Además de utilizar la reforma política integral bipartidista como tapadera para la evasión y la extorsión, los numerosos abusos políticos de pose, escaparate y maniobras habilitadas no agotan los problemas implicados. Esos problemas son, por el contrario, mucho más amplios, especialmente cuando se trata de la cantidad de información utilizable que es accesible, incluyendo información precisa sobre los verdaderos costes de los programas gubernamentales.
Como han expuesto claramente Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek y muchos otros, centralizar las decisiones en manos de políticos y burócratas exige descartar del proceso de toma de decisiones muchos detalles valiosos de tiempo, lugar y circunstancias, que sólo pueden conocer los directamente implicados.
Sustituir los acuerdos voluntarios por la determinación política tira por la borda una gran cantidad de riqueza que, de otro modo, podría haberse creado a partir de ese conocimiento de detalles valiosos. No hay más que preguntarse cuántos de sus conocimientos sobre lo que permite un uso más productivo de sus recursos se incorporarían a un plan central del gobierno. Ese problema se agrava cuanto más amplio es el plan gubernamental. Aunque los planes más amplios siempre se redactan con palabras tranquilizadoras, dando a entender que se harán aún más buenas acciones, el hecho es que cuanto más «amplio» sea el plan político, más amplia será la ignorancia que se impondrá en lugar del conocimiento utilizable, y más riqueza se destruirá. Se desactivarán los beneficios mutuos potenciales en aún más márgenes de elección.
La historia está llena de ilustraciones del daño que se puede causar como resultado, como se puede reconocer en los muchos ejemplos de «la ley de las consecuencias imprevistas», mi versión favorita de la cual es «Todo programa gubernamental crea consecuencias adversas imprevistas, y siempre son una sorpresa para los creadores del programa».
Esa es también una de las razones por las que el creciente dominio federal de las decisiones políticas en los EEUU, a pesar del federalismo diseñado en la Constitución, empeora los problemas. Ampliar el poder de los políticos de la Circunvalación garantiza que se dejarán de lado aún más detalles y las amplias variaciones de situaciones y deseos entre los individuos. Al mismo tiempo, los que pagan la cuenta tienen menos posibilidades de escapar de las cargas votando con los pies, porque es más costoso, a veces prohibitivamente más costoso, abandonar una jurisdicción gubernamental abusiva más grande que una más pequeña.
El mejor resumen de esta cuestión que recuerdo es lo que Albert Jay Nock denominó una curiosa anomalía en Nuestro enemigo, el Estado: «El poder del Estado tiene un historial ininterrumpido de incapacidad para hacer algo de manera eficiente, económica, desinteresada u honesta; sin embargo, cuando surge la más mínima insatisfacción... se recurre inmediatamente a la ayuda del agente menos cualificado para prestarla».
Otro aspecto casi ignorado de un gobierno que desplaza a sus ciudadanos de lo que ellos creen que es mejor para su «vida, libertad y búsqueda de la felicidad» es la riqueza destruida por encima de los dólares que acaban en las arcas del gobierno. Un gobierno no tiene recursos propios, por lo que lo que gasta, primero debe requisarlo a los ciudadanos (incluidos los ciudadanos en un futuro lejano, como demuestra la deuda nacional y la infrafinanciación mucho más masiva de las promesas del gobierno y los fondos fiduciarios). Como consecuencia, cada dólar de gasto público cuesta a los americanos mucho más que un dólar, debido a lo que los economistas denominan coste del bienestar o exceso de carga impositiva.
Más allá de los recursos detraídos de los ciudadanos para las arcas públicas, las cuñas fiscales entre lo que pagan los compradores y lo que reciben los vendedores neto de impuestos destruyen los intercambios productivos y las ganancias que habrían creado. Un impuesto del 20% destruiría el comercio que genera hasta 1,20 dólares de valor por dólar gastado. Aumentarlo al 30% también destruiría las operaciones que generen entre 1,20 y 1,30 dólares por dólar gastado, y así sucesivamente. En 2006, Martin Feldstein estimó el exceso de carga en setenta y seis céntimos por dólar de ingresos fiscales añadidos, cuando el gobierno de EEUU era mucho más pequeño que en la actualidad. De ser cierta, esa estimación (que no es la más alta que han hecho los investigadores) significa que un dólar más de gasto público cuesta en realidad 1,76 dólares a la sociedad. Como resultado, cada dólar de gasto público adicional tendría que generar más de 1,76 dólares en beneficios para mejorar el bienestar general de los americanos.
Sin embargo, ¿cuándo se ha oído a algún funcionario o aspirante a un cargo público considerar seriamente si cada dólar de gasto público proporciona más de un dólar de beneficios (o que los que se ven obligados a pagar los costes reciben más beneficios que costes), y mucho menos el coste social real, mucho más elevado, de financiar los programas gubernamentales, en su discurso de ventas para que el gobierno siga creciendo? Si nunca se ha hecho esa pregunta, una buena forma de averiguar la respuesta es comprobar con qué frecuencia se han incluido esos costes en un análisis oficial de coste-beneficio del gobierno, una técnica que se supone que protege contra la tergiversación gubernamental.
