En las democracias, se supone que los partidos surgen y desaparecen en las urnas. Sin embargo, en Alemania una disposición de la Constitución de posguerra permite prohibir los partidos políticos si se consideran una «amenaza para la democracia». Este singular mecanismo constitucional sólo se ha utilizado en dos ocasiones, primero contra el Partido Socialista del Reich (SRP) en 1952 y después contra el Partido Comunista de Alemania (KPD) en 1956. Hoy, esta herramienta legal vuelve a estar en el centro del debate político, con crecientes llamamientos a prohibir la «derechista» Alternativa para Alemania (AfD).
Este esfuerzo plantea profundos interrogantes sobre la naturaleza de la democracia, en Alemania y en todas partes. ¿Puede un partido que gana millones de votos en unas elecciones libres ser realmente una amenaza para la democracia? ¿O está la clase dirigente alemana utilizando las disposiciones constitucionales para reprimir a la oposición política con el pretexto de proteger el orden democrático?
La historia de las prohibiciones de partidos en Alemania
La Constitución alemana, llamada Ley Fundamental (Grundgesetz), aprobada en 1949, incluye el artículo 21, que permite a la Corte Constitucional Federal prohibir partidos que se considere que «pretenden socavar o abolir el orden básico democrático libre».
El primer caso de aplicación del artículo 21 se produjo en 1952 con la prohibición del Partido Socialista del Reich (SRP), sucesor del Partido Nazi. El SRP se oponía abiertamente a la legitimidad de la República Federal, por lo que la corte dictaminó que el partido suponía una amenaza directa para el orden constitucional y ordenó su disolución.
Unos años más tarde, en 1956, el Partido Comunista de Alemania (KPD) corrió la misma suerte. Aunque no propugnaba el derrocamiento violento, se le consideraba fundamentalmente opuesto a los principios de la democracia liberal y demasiado afín al comunismo soviético. La corte volvió a fallar a favor de la prohibición, consolidando la idea de que el extremismo político de cualquier tipo no tenía cabida en la Alemania de posguerra.
Desde entonces, solo ha habido dos intentos serios de prohibir partidos, ambos contra el Partido Nacional Democrático (NPD), en 2003 y 2017. El primer intento fracasó debido a errores de procedimiento, y el segundo fue desestimado alegando que el partido era demasiado pequeño e insignificante para suponer una amenaza real.
La AfD y el nuevo debate sobre las prohibiciones de partidos
Ahora, en 2024, los llamamientos a utilizar esta medida legal extraordinaria contra Alternativa para Alemania (AfD) han cobrado impulso. La AfD, fundada en 2013 como partido euroescéptico, ha cambiado desde entonces a una plataforma más nacionalista y populista. Ha ganado un importante apoyo electoral, sobre todo en el este de Alemania, y supera regularmente el 20% en las encuestas nacionales. Su ascenso ha inquietado profundamente a la clase política alemana, que lo considera una amenaza no solo para la política nacional, sino también para la Unión Europea.
La presión para prohibir la AfD se ha hecho esperar. En 2021, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) clasificó a la AfD como «amenaza extremista potencial» y la sometió a vigilancia. En mayo de 2024, un corte suprema alemán confirmó esta clasificación y concedió a los servicios de seguridad el derecho a seguir vigilando las actividades del partido.
En enero de 2024, el Bundestag debatió la posibilidad de solicitar formalmente al Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre la prohibición de la AfD. Esta moción, iniciada por el político de la CDU Marco Wanderwitz y respaldada por 124 diputados de varios partidos, pretendía examinar si la plataforma y la retórica de la AfD violan la Ley Fundamental. El momento fue sorprendente, ya que se produjo justo un día después de que la CDU, bajo el mandato de Friedrich Merz, cooperara polémicamente con la AfD en una votación sobre inmigración. Este momento puso de manifiesto las profundas fracturas de la derecha política alemana, así como la creciente disposición de la clase dirigente a considerar medidas extremas contra su contrincante nacionalista.
La AfD no es un grupo marginal; ha ganado millones de votos en elecciones libres y justas. En una democracia que funciona, los partidos impopulares o incluso radicales deben ser combatidos en las urnas, no por decreto judicial.
Los partidarios de la prohibición argumentan que la retórica y las políticas de la AfD, en particular su postura de línea dura sobre la inmigración, su oposición a la integración en la UE y sus supuestos vínculos con grupos extremistas, la convierten en una amenaza existencial para el orden democrático de Alemania. Los críticos, sin embargo, señalan que existen partidos nacionalistas similares en otros lugares de Europa, como la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia o los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni (actualmente en el poder en Roma), y sin embargo operan dentro del marco democrático sin ser ilegalizados.
Además, prohibir la AfD no eliminaría los sentimientos que alimentaron su ascenso. En todo caso, podría radicalizar aún más a sus partidarios, reforzando una narrativa de supresión por parte de las élites y profundizando las divisiones dentro de la sociedad alemana.
La UE y el panorama general
El movimiento para prohibir la AfD no puede separarse del contexto europeo más amplio. El partido se ha posicionado como un feroz crítico de la Unión Europea, abogando por que Alemania reclame su soberanía nacional e incluso abandone el euro. Esto lo sitúa en oposición directa al consenso pro-UE que domina a las élites políticas alemanas.
Desde la perspectiva de Bruselas, el ascenso de la AfD representa un serio desafío. Alemania es la columna vertebral económica y política de la UE, y un giro nacionalista en Berlín podría amenazar la cohesión del bloque. La UE ya se ha enfrentado a gobiernos nacionalistas en Hungría y Polonia; una fuerte presencia de la AfD en Alemania llevaría estas tensiones a un nuevo nivel.
Por esta razón, muchos en el establishment alemán, así como en las instituciones europeas, probablemente ven la prohibición de la AfD como un ataque preventivo contra un creciente movimiento anti-UE. Sin embargo, recurrir a mecanismos legales para reprimir la disidencia no hace sino aumentar la preocupación por la salud de la democracia en Europa.
Todos seguiremos con gran interés las elecciones que se celebrarán en Alemania a finales de este mes para ver si la AfD continúa su ascenso.
