El 4 de febrero de 2021, los Demócratas de la Cámara de representantes y del senado presentaron la Ley de Protección del Derecho de Organización (PRO). Al igual que muchos nombres en Washington, éste es un nombre erróneo orwelliano que hace exactamente lo contrario de lo que dice hacer. Si se aprueba, el proyecto de ley, que es básicamente una lista de deseos de los sindicatos, transformaría radicalmente la naturaleza del mercado laboral en EEUU con numerosos cambios radicales y de mano dura. Andy Levin (MI-09), uno de los patrocinadores del proyecto de ley, no se molesta en ocultar sus objetivos prounión impulsados por la envidia; en su comunicado de prensa, se quejó de la desigualdad de ingresos y declaró que «La Ley PRO revertiría años de ataques a los sindicatos y restauraría la equidad en la economía mediante el fortalecimiento de las leyes federales que protegen el derecho de los trabajadores a afiliarse a un sindicato y negociar para obtener salarios más altos y mejores beneficios».
Los defensores del proyecto de ley pueden hablar de cómo dará a los trabajadores la capacidad de elegir el ejercicio de sus derechos para organizarse en el trabajo, pero al igual que la mafia, este proyecto de ley se asegurará de que la elección de sindicalizar es una que los trabajadores no pueden rechazar. En un asalto arrollador al federalismo, anularía las leyes de derecho al trabajo en veintisiete estados que permiten a los trabajadores de los centros de trabajo sindicalizados optar por no estar en el sindicato y pagar las cuotas. Si tu centro de trabajo forma un sindicato, tendrás que estar en él.
Y, no hay que preocuparse, la Ley PRO asegurará que casi todas las votaciones para organizarse saldrán a favor del sindicato, de una manera u otra. El bufete de abogados laboralistas SmithAmundesen informa de que el proyecto de ley ampliará los tipos de trabajadores que pueden sindicarse y dará al sindicato el poder de determinar cómo se llevarán a cabo las votaciones. En caso de que el sindicato pierda y se queje de la empresa, podrá utilizar un método llamado «card check», en el que en lugar de tener una votación secreta, los sindicalistas pueden intimidar y acosar a los empleados para que firmen una tarjeta diciendo que quieren que el sindicato les represente. Según las normas laborales actuales, si la mayoría de los empleados ha firmado una tarjeta de este tipo, el centro de trabajo puede aceptar el sindicato o hacer que el gobierno federal organice una elección con voto secreto. Con las nuevas normas, una vez que el sindicato afirma tener la mayoría de las firmas, la sindicalización es automática, sin necesidad de votar.
SmithAmundesen también informa de que la ley impediría que un empleador retirara el reconocimiento del sindicato, incluso si el empleador tiene pruebas de que los empleados ya no desean la representación del sindicato, y también permite a los sindicatos exigir que las empresas se comprometan a no hacer negocios con empresas no sindicadas.
Lo que se presenta como una oportunidad de elección es, en realidad, un método para obligar al mayor número posible de trabajadores a pagar las cuotas sindicales (que luego se pueden canalizar hacia las campañas políticas) de una forma u otra.
Aunque estas maniobras de los grandes sindicatos son ciertamente molestas y atroces (ya he escrito anteriormente sobre el tiempo que pasé en un lugar de trabajo sindicalizado) no son nada sorprendentes. Lo que es realmente el aspecto más indignante de esta propuesta es que instituye la «prueba ABC» de California, que obliga a las empresas a reclasificar a los contratistas independientes como empleados si no cumplen tres criterios. Según el gobierno de California
Según el test ABC, un trabajador se considera empleado y no contratista independiente, a menos que la entidad contratante cumpla las tres condiciones siguientes:
- El trabajador está libre del control y la dirección de la entidad contratante en relación con la ejecución del trabajo, tanto en virtud del contrato de ejecución del trabajo como de hecho;
- El trabajador realiza un trabajo que está fuera del curso habitual de la actividad de la entidad contratante; y
- El trabajador se dedica habitualmente a un oficio, ocupación o negocio establecido de forma independiente y de la misma naturaleza que el trabajo realizado.
Ya se han publicado montañas de información sobre los desastrosos resultados de esta política. Onge ha escrito sobre la probabilidad de que el plan dé lugar a una reducción de los salarios de los contratistas convertidos en empleados. Pero eso sólo se aplica a los que tienen la suerte de seguir trabajando. Escribiendo en Reason, Billy Binion ha documentado numerosos casos de autónomos en California que están básicamente en la lista negra de numerosas empresas situadas fuera del estado debido a los nuevos obstáculos burocráticos que les acompañan. Uber y Lyft simplemente desafiaron la ley y dijeron que la ignorarían, lo que hicieron hasta que un referéndum popular añadió a los conductores basados en la aplicación a la lista de excepciones a la regla.
A primera vista, el test ABC no es más que otra forma de acorralar a los empleados en los sindicatos que pagan cuotas. Sin embargo, sus efectos invisibles son aún más insidiosos y conducirán a un mayor poder estatal y a la centralización. El gobierno federal pretende borrar y subsumir todas las fuentes de poder fuera de él, como ya ha hecho con los niveles inferiores de la autoridad estatal en nuestro sistema federalista, y con las instituciones mediadoras no estatales del poder social, como la familia y la comunidad. La libertad de asociación, ya sea en la vida privada, pública o económica, es una libertad esencial sobre la que descansan muchas otras libertades; por lo tanto, su mayor degradación es extremadamente alarmante.
Como alguien que se ha ganado la vida escribiendo como contratista independiente durante los últimos años, puedo dar fe de que no siempre es la forma más segura y fácil de trabajar del mundo, pero encuentro que esta inseguridad merece la pena, porque a cambio tengo una gran independencia y libertad. No tengo jefes a los que responder, no tengo departamentos de recursos humanos a los que escuchar, y puedo trabajar cuando quiera. Soy muy libre para organizar mi vida como quiera.
Los gobernantes tienen buenas razones para detestar esta libertad. A medida que la burocracia gubernamental sigue haciendo metástasis en toda la economía, como un cáncer maligno, cada vez más empleados caen bajo su autoridad y control. A diferencia de los empleados regulares, los contratistas independientes no tienen que sentarse en los seminarios de RRHH para ser alimentados a la fuerza con basura de justicia social ni participar en sesiones de lucha para limpiarse de sus privilegios de género y étnicos. Al forzar a los trabajadores que antes eran independientes a unirse, se vuelven más fáciles de controlar y manipular.
La centralización no sólo beneficia a los que están en el poder, sino que ofrece numerosas oportunidades para proporcionar patrocinio a los que buscan un indulto de la ley (y, por tanto, les permite obtener aún más poder). La ley de California está repleta de excepciones y de exenciones para diferentes profesiones e industrias. Uber y Lyft fueron capaces de orquestar una exitosa campaña de referéndum para que su modelo de negocio se añadiera a la lista. Pero mala suerte para los autónomos de sectores que no cuentan con el respaldo de múltiples gigantes tecnológicos multimillonarios o con un ejército de lobistas.
La parte relevante del actual proyecto de ley federal (sección 101) ni siquiera menciona ninguna excepción. No cabe duda de que si el proyecto de ley parece tener posibilidades de ser aprobado, los grupos de presión acudirán a los despachos de los políticos para agachar la cabeza y proteger sus industrias y conseguir excepciones y exenciones. No se puede culpar a las empresas por intentar defenderse de esta manera, pero una situación así contradice la idea de que la ley es para todos y alimenta aún más la cultura de la corrupción y el amiguismo.
La Ley PRO puede afirmar que todo gira en torno a la libertad y la elección, pero al final, sólo dará lugar a menos elección, menos libertad y más control gubernamental.
