Por fin se está combatiendo la teoria racial critica que ha infectado a la educación superior y la mayoría de las instituciones. Por desgracia, los conceptos de la TRC están tan arraigados en nuestro cuerpo político que la única forma de combatirlos es a través de la historia revisionista.
Algunos «expertos» jurídicos afirman que la infame decisión Dred Scott de la Corte Suprema de 1857 sigue vigente en la legislación actual. Eso, por supuesto, no tiene sentido. De hecho, poco después de su aprobación, muchos estados del norte esencialmente anularon «Scott» a nivel estatal.
El recién publicado Índice 2025 de Dinero Sano ha identificado a Wyoming, Dakota del Sur y Alaska como los estados con las políticas más favorables hacia el dinero sano constitucional, mientras que Vermont, Maine y California adoptan las posturas más hostiles.
Walter Block ha intentado reconfigurar el pensamiento libertario en lo que respecta a la autodefensa. Desgraciadamente, sus teorías son ilógicas, orwellianas y chocan con el claro pensamiento de Murray Rothbard sobre la cuestión.
Ni una sola persona sobre la faz de la tierra fabrica un lápiz. Este corolario no sólo es cierto, sino que ya es jurisprudencia.
Aunque la Corte Suprema supuestamente prohibió la afirmación positiva en las admisiones universitarias, la ley federal sigue exigiendo ciertos resultados en relación con la raza, el sexo y otras características. Las autoridades federales siguen queriendo que entre por la puerta de atrás.
Haciendo un mal uso de las estadísticas, el gobierno afirma que las disparidades raciales siempre están causadas por la discriminación racial y que estas disparidades sólo pueden rectificarse mediante resultados dirigidos por el Estado.
Como señaló Joseph Schumpeter, los mercados necesitan «destrucción creativa» para sobrevivir y avanzar. Sin embargo, la Ley del Mercado Digital (DMA) europea —aunque está redactada para proteger ostensiblemente la competencia— otorga a la economía digital una destrucción no creativa.
Los progresistas modernos están obsesionados con la culpa colectiva, exigiendo que los americanos paguen reparaciones por la esclavitud a pesar de que ésta terminó en los EEUU hace 160 años.
One sign of a fraying society is that its laws increasingly become political tools. The latest round involves Democrats trying to use criminal law in a very questionable way to try to put Donald Trump in prison, while Trump promises to retaliate if he is elected.
