El fact-checking se ha convertido en una auténtica industria en los medios de comunicación. Sin embargo, las conclusiones de los «verificadores de hechos» parecen alinearse misteriosamente con las opiniones de las élites. Esa es su historia, y las élites políticas, educativas y sociales se aferran a ella.
Las élites políticas y económicas americanas insisten en que deben tener autoridad sobre todos los demás. Mientras la gente se rebela, las élites no hacen sino redoblar sus exigencias originales.
La poco ceremoniosa salida de Claudine Gay de la presidencia de la Universidad de Harvard no se debió finalmente a sus problemas de plagio, sino más bien a su desastrosa comparecencia en una audiencia del Congreso sobre Israel y Hamás.
Continuando con su reseña de The New Deal's War on the Bill of Rights, de David Beito, David Gordon muestra cómo Franklin D. Roosevelt y su administración destriparon repetidamente los derechos constitucionales americanos.
Muchas ciudades y estados de este país han derribado o destruido monumentos porque representan parte de un pasado que los progresistas y los izquierdistas creen que no debería haber existido. Sin embargo, cada vez que derribamos algo, perdemos potencialmente parte de una herencia importante.
En un artículo de la Columbia Journalism Review, el editor del NYT, A.G. Sulzberger, afirmaba que su periódico encarna la «independencia periodística». Pero un reciente artículo de James Bennet, antiguo editor del NYT, revela que el periódico hace poco más que proporcionar propaganda progresista.
Aunque parte de la reciente arremetida de Tucker Carlson contra la economía de libre mercado es errónea, demasiados de los así llamados libertarios Beltway han respaldado políticas intervencionistas que han tenido graves consecuencias.
Como cualquier otro programa gubernamental diseñado para hacer algo «más asequible», el programa de préstamos a estudiantes ha conseguido llevar las matrículas universitarias a niveles atmosféricos y cargar a los estudiantes con niveles masivos de deuda.
Los estatistas revelan su creencia en el Estado todopoderoso de muchas maneras diferentes, pero todos quieren el mismo resultado: más control gubernamental sobre nuestras vidas.
Los progresistas creen que la intervención del gobierno en la economía es necesaria para promover tanto la eficiencia como la equidad. En realidad, la intervención no logra ni lo uno ni lo otro.
