Los estadounidenses llevan mucho tiempo peleándose con respecto a la reforma del seguro sanitario. Por ejemplo, hace 25 años, en 1992 se presentaron más de 200 propuestas sobre atención sanitaria.
Por desgracia, aunque le discusión se ha centrado en el seguro, por ejemplo en cuántos ganaban o perdían supuestamente el seguro si se implantaba un cambio, lo importante no ha sido eso. Ha sido la redistribución de rentas. Como estimaba ese año Henry Aaron, implantar un sistema de seguro sanitario nacional completo redistribuiría más renta que cualquier política nacional entonces existente.
¿Qué es un seguro?
¿Cómo sabemos que lo importante no es el seguro? Porque las llamadas “reformas” violan muchos principios del seguro.
El seguro trata de reducir el riesgo frente a acontecimientos inciertos. Pero asegurar cosas que ocurrirán con seguridad, como los chequeos anuales, no produce ninguna reducción del riesgo (no ofrece ningún beneficio comparado frente a los costes adicionales de administración del seguro que deben soportarse) y aun así esa cobertura es frecuentemente obligatoria.
Igualmente, los pequeños riesgos de atención sanitaria son más baratos de proporcionar a partir de niveles modestos de ahorro, en lugar de asumir costes de administración de seguro. Si afectan a recursos propios, en ausencia intervenciones públicas, no se asegurarían en absoluto. Solo cuando se obliga a otros a asumir buena parte del coste la gente quiere un seguro que cubra esas cosas.
Tampoco se trata solo de costes administrativos. Los beneficios de la reducción de riesgos a través de seguro también tendrían que compensar el coste de la atención sanitaria. Esto se hace especialmente difícil poder por el hecho de que el propio seguro induce al exceso de consumo de servicios de atención sanitaria.
Sin embargo, cuando la mayoría de los costes de la atención sanitaria son asumidos por terceros en lugar de por las propias personas, hay muchos márgenes en los que esas personas querrán mejor atención (por ejemplo, doctores y hospitales mejores y más especializados, medicinas nuevas y más costosas, pruebas y tratamientos utilizando las últimas tecnologías, etc.), así como más atención. Como esa atención adicional solo percibe lo que paga alguna persona, el valor neto de la cobertura de seguro, que vale mucho menos de lo que cuesta a la sociedad, limita aún más lo que la gente cubriría voluntariamente basándose en los principios de seguro.
Estas consideraciones explican por qué no existe un seguro de almuerzo. Es casi seguro que comerás almuerzo, lo que también implica gastos relativamente pequeños, así que habría poca reducción de riesgo. Y si otro pagara la mayoría de tu factura, ordenarías comidas mucho más caras que en otro caso, aumentando las primas que hay que pagar por ellas. Los beneficios no justifican los costes, salvo que de nuevo se obligue a otros a pagar una parte sustancial de la factura.
Asimismo, el seguro se refiere a la reducción del riesgo que la gente valora más que la prima que deben pagar por él. Así, el seguro voluntario en el mercado no ordenaría la cobertura de cosas sobre las que la gente no tiene prácticamente ningún riesgo de experimentar. Los abstemios no pagarían voluntariamente un tratamiento contra el alcoholismo. Los que estén seguros de que nunca usarán drogas no insistirían en el tratamiento de la adicción. Sin embargo, las “reformas” públicas están llenas de órdenes como esas. Y hace un cuarto de siglo, antes de que estuvieran implantadas muchas obligaciones actuales, ya se estimaba que aproximadamente un cuarto de la población no asegurada se correspondía con esas regulaciones de cobertura impuestas por el gobierno y que aumentan los costes.
Las propuestas incorporadas de reforma de controles de precios también se refieren a la redistribución de rentas, más que al seguro sanitario. Supongamos que mi edad hace que mi riesgo actuarial sea seis veces el de mis alumnos. Si, como requería el Obamacare, no se me pudiera cobrar más de tres veces lo que a ellos, no se reflejan los riesgos reales. Las regulaciones del Obamacare sencillamente obligan a los jóvenes a subvencionar a los viejos. Esa estafa a los jóvenes también explica por qué el Obamacare les amenazaba una multa para obligarles a aceptar ese mal trato “asegurador”.
La obligación de que el seguro cubra condiciones preexistentes muestra todavía más claramente que las “reformas” no se referían realmente a un seguro. En lugar de agrupar estas con circunstancias y riesgos similares, permitiendo que la ley de los grandes números reduzca el riesgo de la gente, obliga a otros a subvencionar a los que ya están enfermos, al tiempo que traslada erróneamente su culpa de los requisitos del gobierno a las empresas aseguradoras que deben cobrar más a otros para poder pagar. Este tipo de posibilidades después del hecho no se ofrecen en seguros de incendios, automóviles o vida. Igualmente, los casinos no te permiten apostar una vez que la bola de la ruleta se ha detenido por los dados están parados. Solo las órdenes del gobierno pueden crear ese dinero caído del cielo a través del seguro sanitario.
Además, si la reforma del seguro sanitario tratara de verdad de beneficiar a todos los estadounidenses (en lugar de beneficiar a algunos a través de hurgar intencionadamente en los bolsillos de otros) no se habría “vendido” con tantas mentiras, malditas mentiras y estadísticas (ver mi artículo “Comparing Obamacare scams”). La honradez habría bastado si la reforma hubiera sido como se prometía.
El debate del seguro sanitario ha sido tan polémico en parte porque ha permitido que una redistribución masiva de rentas se presente erróneamente como algo que superaría los fallos del mercado en el seguro sanitario. Ayudó de manera poco honrada a vender el Obamacare y ahora presenta la reducción del robo masivo a objetivos públicos como una imposición de un daño despiadado sobre otros. Esa presentación errónea puede poder producir un apoyo político mal informado, pero no puede generar políticas que mejores el bienestar general de los estadounidenses.
