Burocracia y regulación

Para muchos votantes, es cada vez más difícil creer la narrativa de los expertos de los medios de comunicación y los políticos que insisten en que los gobernadores que impusieron duros confinamientos fueron los que hicieron lo correcto.

No esperes que Fauci y sus partidarios renuncien a insistir en que Nueva York y Michigan están haciendo «lo correcto» mientras que Texas y Florida están adoptando el «sacrificio humano» como parte de un «culto a la muerte.»

Desgraciadamente, la prensa corporativa y los funcionarios de salud pública han determinado que para responder al coronavirus es necesario un gobierno de un solo hombre por decreto ejecutivo, sin que lo impida ninguna concepción de la libertad individual.

La impresión de dinero por parte del gobierno puede aumentar el PIB, pero no hará nada para arreglar las pérdidas que millones de personas han sufrido por las restricciones y confinamientos por el Covid.

Los ingresos del gobierno superan el crecimiento de la población, y sin embargo los organismos gubernamentales no parecen poder llevar a cabo ni siquiera las funciones más básicas. ¿La solución? Más ingresos fiscales y mayores presupuestos.

Los defensores de la subida salarial pretenden, en efecto, obligar a los empresarios a aumentar los costes de producción después de que muchos de ellos hayan sobrevivido a duras penas a lo que se convirtió en una catástrofe en 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

El aumento del desempleo es sólo uno de los resultados de los mandatos de salario mínimo. La acumulación de capital y la productividad laboral también se verán afectadas.

Gran parte de los perjuicios se disimulan centrándose en las previsiones de mayores ingresos agregados para los pobres. Los individuos, en cambio, son otra historia.

Los progresistas eugenistas introdujeron el salario mínimo, porque era muy adecuado para realizar el trabajo sucio de los progresistas de discriminar a (lo que ellos consideraban) los menos productivos haciéndolos inempleables.

Dominion Voting Systems es una empresa privada sólo de nombre. Es una agencia gubernamental de facto que obtiene sus ingresos a través de la explotación de los contribuyentes. Como tal, debería considerarse inelegible para demandar a nadie por difamación.